El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha sido protagonista en las últimas semanas por poner pie en pared contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por los más de 15.000 pisos turísticos que mantiene en la capital de forma irregular. El responsable del departamento envió un listado al regidor y éste respondió que era una “chapuza” a las advertencias del ministro de que esas viviendas eran ilegales.
Quedándose en la administración madrileña, aunque evidentemente las intenciones del Ministerio nada tienen que ver con confrontar con otros líderes políticos a la hora de poner en marcha estas medidas, ha dado luz verde en las últimas horas a una serie de puntos que tienen que ver con comedores escolares y otras cuestiones muy criticadas en la capital por la gestión de Isabel Díaz Ayuso.
Comedores escolares
Poniendo el foco en uno de los ámbitos más cuestionados hacia el PP madrileño, por ejemplo por las conocidas becas comedor que en la práctica dejaban fuera a muchas familias que las necesitaban o, cabe recordar, los menús Telepizza; el ministerio de Pablo Bustinduy ha limitado por decreto los platos precocinados en estos centros e intentado promover menús más saludables.
Así las cosas, los comedores escolares estarán obligados a limitar los procesados y ultraprocesados y retirará los productos de bollería industrial, así como las bebidas azucaradas de las máquinas expendedoras, aunque estos alimentos tampoco se podrán servir en cafeterías. Por el contrario, los centros estarán obligados a favorecer una dieta lo más variada y equilibrada posible, dentro de la cual el Gobierno obliga a los colegios a disponer de alternativas para las personas veganas, vegetarianas o con limitaciones alimentarias por motivos religiosos.
El real decreto entrará en vigor el curso que viene, previsiblemente de cara al segundo o tercer trimestra. La normativa garantizará que se sirvan cinco comidas saludables a la semana en todos los centros escolares y fijará que cerca de la mitad de las raciones de frutas y hortalizas que se sirvan en colegios e institutos sean de temporada; así como al menos el 5% del gasto mensual que cada comedor destine a la compra de productos se dirija a adquirir alimentos de producción ecológica.
Para cumplir los objetivos marcados, la norma establece entre una y tres raciones de pescado a la semana, lo que trae aparejado un incremento notable del consumo de pescado a nivel nacional, dado que actualmente hay, según los datos aportados por Consumo, 1.200 comedores en los que nunca se sirve pescado. Lo mismo pasa con legumbres, el arroz o la pasta, ahora garantizadas en mayor medida.
El texto obliga asimismo a que no se puedan vender productos por superar un contenido máximo de 5 gramos de azúcares por porción envasada y que incumplan los criterios recomendados por organismos como la OMS sobre los límites para la ingesta de grasas, azúcares y sal.
200 millones para personas en riesgo de pobreza
Saliendo de los centros educativos, el equipo de Ayuso también ha sido muy criticado por sus políticas en materia de igualdad de oportunidades en lo referido, por ejemplo, a las familias monoparentales. Cabe destacar que estas familias se han quedado históricamente fuera de ayudas planteadas por la región debido al baremo de renta per cápita, un cálculo que no es el correcto para llegar a los hogares que más requieren de esas subvenciones, tal y como le recuerdan al Gobierno autonómico constantemente los partidos de la oposición, sin éxito.
En la línea totalmente contraria, Moncloa destinará 200 millones de euros a reforzar servicios sociales, financiar programas de protección a las familias y de atención a la pobreza infantil. Es ahí donde entra, de hecho, las familias monoparentales, a las que el responsable del departamento se dirigió dedicándoles un apartado exclusivo.
Para estar cada vez más cerca de esa igualdad real, la partida incluye una de 65 millones de euros destinados específicamente a proyectos de intervención social y a prestaciones para familias en riesgo de pobreza que también podrán ir dirigidos a cubrir otras necesidades básicas como la higiene o la compra de ropa y alimentos o pagar el alquiler, además de más necesidades dentro del ámbito educativo.
Conciliación familiar
El ministerio no se queda ahí, sino que incide también en la importancia de la conciliación familiar, un término que, a juicio de la oposición madrileña, también se le escapa a la presidenta de la Comunidad.
Los objetivos de la inversión pasan, asegura el ministro, precisamente por conciliar la vida familiar y laboral de las familias más vulnerables, financiando proyectos que cubran gastos relacionados con las escuelas infantiles y el apoyo a necesidades puntuales de atención que requieran niños, niñas y adolescentes de estas familias. Ejemplo de ello es el Programa VECA, que les permite participar en actividades educativas, culturales y de ocio durante los periodos de vacaciones escolares.
