La imposibilidad de acceso a la vivienda es el principal problema de la ciudadanía española, que contempla como los precio no paran de subir en todo el territorio, con especial afectación en las principales ciudades y en los enclaves turísticos. Sin embargo, esta cuestión parece haberse asumido con resignación, pues los que tienen competencias para acometer un cambio no actúan, y es utilizada como arma arrojadiza entre los partidos sistémicos, denotando que una parte del espectro podría incluso estar interesada en que se enquiste la cuestión hasta, por lo menos, hacerse con el poder.
Las competencias del Gobierno central en esta materia son escasas y la ambición por avanzar hacia una vivienda pública, asequible (ni que decir gratuita) y de calidad un tanto impostada. Del lado de las Comunidades Autónomas, en su mayoría gobernadas por el Partido Popular (PP), el dogma es dejar al mercado que haga, aunque esto signifique machacar más aún a las clases trabajadoras, y tan solo intervenir si es para poder favorecer a algunos de los principales actores privados, en cuyo caso las cabriolas para justificar meter mano siempre aluden al interés general.
En los últimos meses, desde el Ejecutivo de coalición se han lanzado varias propuestas a las autonomías, no excesivamente ambiciosas en lo que a intervencionismo público y combate de la especulación inmobiliaria se refiere, en busca de un pacto de Estado. Sin embargo, desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana no bajan los brazos e insisten en reclamar altura de mirar a los presidentes regionales, a los que también advierte que dejará atrás en el reparto de fondos estatales y el levantamiento de viviendas si no colaboran para solucionar el problema.
“Si el PP de verdad quiere contribuir a resolver el problema de acceso a la vivienda, común en todos los países de nuestro entorno, tiene que abandonar la retórica vacía”, trasladan fuentes de la cartera pilotada por Isabel Rodríguez. Para alejarse de la dinámica de grandilocuencias vacías, lanzan una lista de nueve puntos acotados y básicos y pide a los de Alberto Núñez Feijóo “aclarar si está de acuerdo” con estos mínimos, de cara a poder comenzar una negociación entre las diferentes administraciones.
Los 10 puntos de vivienda
Desde el Ministerio capitaneado por los socialistas presentan como primer punto la necesidad de un Acuerdo Estatal de Vivienda como el planteado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la conferencia de presidentes. Este texto llama a triplicar la inversión en vivienda pública, pensando en la construcción de inmuebles destinado al alquiler asequible y cuya protección pública sea de carácter vitalicio. Además, ahonda en el despliegue de las zonas tensionadas para acometer una reducción de los arrendamientos.
El segundo de los puntos hace alusión a “continuar construyendo un gran parque de vivienda protegida que garantice el derecho constitucional a una vivienda digna desde lo público”, que unido al tercero (“hay que triplicar los fondos destinados a políticas de vivienda”) y cuarto (“blindar la protección permanente de las viviendas pagadas con los impuestos de todos para que no se malvendan a fondos buitre”), componen parte del plan expuesto por Sánchez.
“Hay que ofrecer a la ciudadanía los datos sobre el mercado inmobiliario de forma transparente”, sugiere el quinto de los puntos que lanza el Ministerio de Vivienda. Asimismo, pone el foco en la proliferación de los pisos turísticos, que elevan los precios y expulsan a los vecinos de sus barrios, en el secto: “hay que actuar con contundencia, como hace el Gobierno, para clausurar las viviendas turísticas ilegales que expulsan a las familias de sus barrios”.
“Hay que aplicar la Ley de Vivienda para limitar la especulación y las subidas abusivas en los alquileres, sobre todo en las zonas de mercado tensionado” y “activar planes especiales para las zonas donde la gente tiene más problemas para acceder a una vivienda”, añaden el séptimo y octavo planteamientos que deslizan los socialistas al Partido Popular. “Hay que movilizar viviendas vacías y fomentar su puesta a disposición en forma de alquiler asequible”, prosiguen desde la cartera de Rodríguez, aunque sin concretar cómo se hará.
Si se optará una vez más a los incentivos a los propietarios o si se elegirá una medida de coacción, como en capitales europeas del calado de Bruselas o Lisboa, es una duda sin despejar, aunque todo apunta a la primera de las opciones. “Hay que modernizar el sector de la construcción para que sea más seguro y atractivo, sobre todo para los jóvenes”, zanjan, apostando por una nueva forma de construcción adaptada a las necesidades y el medio.
