El ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha convertido en uno de los archienemigos de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como consecuencia de algunas de las medidas emprendidas desde su cartera ministerial. Entre ellas, las más destacadas son las relacionadas con los pisos turísticos y, más recientemente, con el control sobre los menús de los centros escolares para evitar una elevada presencia de procesados y ultraprocesados en la alimentación infantil.
Bustinduy, que según el barómetro del CIS correspondiente a julio es el ministro mejor valorado por la ciudadanía y el único junto a Carlos Cuerpo (Economía) que logra el aprobado, ha emprendido desde su cartera ministerial diferentes medidas contra los abusos empresariales y en pos de la protección ciudadana. Los pisos turísticos se han convertido en una plaga que se extiende por toda España, destrozando el ecosistema de los barrios y causando problemas a los que las instituciones llegan tarde a poner coto. En su gran mayoría ilegales, estos inmuebles elevan los precios de las viviendas del lugar donde se establecen y desahucian a familias para acoger maletas que entran y salen semanalmente. Una realidad triste y despersonalizada que encuentra su apogeo en Madrid y en los políticos municipales y autonómicos a sus responsables.
Los más de 15.000 pisos turísticos ilegales de Madrid
Hace apenas dos semanas, el departamento que dirige Bustinduy entregó al Consistorio de Cibeles los datos de otras 3.500 viviendas turísticas ilegales para su inspección y cierre si fuera necesario, volviendo a demostrar con ello que capar estos inmuebles es uno de los objetivos primordiales de su cartera.
Desde el mes de marzo, Bustinduy ha advertido en varias ocasiones de que solo en Madrid se anuncian en las diferentes plataformas más de 15.000 alojamientos turísticos de carácter ilegal. En aquel momento, su ministerio ya trasladó que en la ciudad existían 15.204 alojamientos que se encuentran operando sin licencia, mientras que los datos de Consumo reflejaron que en la capital se anunciaban un total de 16.335, una cifra que contrasta con los datos oficiales ofrecidos por Cibeles, que señalan que solamente están concedidas 1.131 licencias para este tipo de negocio.
Si aquella vez el Ministerio de Consumo también facilitó al Ayuntamiento las direcciones postales de un total de 1.218 pisos turísticos ilegales, en su último contacto el departamento que dirige Bustinduy ha ido un paso más allá aportando los datos postales de otras 2.347 edificaciones de este tipo, con el objetivo de que el Ayuntamiento pueda actuar de forma inmediata, clausurar los alojamientos y, de ser necesario, poder abrir expedientes sancionadores en base a las competencias de las que dispone.
Bustinduy es muy claro y evidencia que los alojamientos señalados se encuentran incumpliendo la normativa urbanística de la ciudad y, en consecuencia, debería ser el equipo municipal el que proceda en aras de su inspección y cierre. Almeida, considera el ministro, no puede mirar para otro lado en tanto en cuanto a cada uno de estos pisos turísticos ilegales lo acompaña un anuncio de las distintas plataformas dedicadas a su alquiler, por lo que se demuestra que actualmente se encuentran operativos. En el mismo sentido, Consumo también ordenó a Airbnb, plataforma de pisos turísticos por excelencia en nuestro país, bloquear más de 60.000 anuncios ilegales.
La situación de los comedores escolares
Por otro lado, otro de los ámbitos más cuestionados de la gestión del PP madrileño es la gestión de los comedores escolares. Uno de los problemas más conocidos a este respecto fueron las conocidas becas comedor que, en la práctica, dejaban fuera a muchas familias que las necesitaban o, los 'menús Telepizza' durante la pandemia del Covid-19, cuando esta empresa de comida rápida fue contratada para alimentar a los menores de la Comunidad de Madrid sin tener capacidad para aportar un menú variado y saludable. Aprendiendo de estas experiencias, el ministerio de Pablo Bustinduy ha limitado por decreto los platos precocinados en estos centros e intentado promover menús más saludables.
Así las cosas, los comedores escolares estarán obligados a limitar los procesados y ultraprocesados y retirarán los productos de bollería industrial, así como las bebidas azucaradas de las máquinas expendedoras, aunque estos alimentos tampoco se podrán servir en cafeterías. Por el contrario, los centros estarán obligados a favorecer una dieta lo más variada y equilibrada posible, dentro de la cual el Gobierno obliga a los colegios a disponer de alternativas para las personas veganas, vegetarianas o con limitaciones alimentarias por motivos religiosos.
El Real Decreto entrará en vigor el curso que viene, previsiblemente de cara al segundo o tercer trimestre. La normativa garantizará que se sirvan cinco comidas saludables a la semana en todos los centros escolares y fijará que cerca de la mitad de las raciones de frutas y hortalizas que se sirvan en colegios e institutos sean de temporada; así como al menos el 5% del gasto mensual que cada comedor destine a la compra de productos se dirija a adquirir alimentos de producción ecológica.
Para cumplir los objetivos marcados, la norma establece entre una y tres raciones de pescado a la semana, lo que trae aparejado un incremento notable del consumo de pescado a nivel nacional, dado que actualmente hay, según los datos aportados por Consumo, 1.200 comedores en los que nunca se sirve pescado. Lo mismo pasa con legumbres, el arroz o la pasta, ahora garantizadas en mayor medida.
