Pablo Bustinduy, al frente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se ha convertido en una de las figuras más sólidas del Ejecutivo. Según el último barómetro del CIS correspondiente a julio, Bustinduy es el ministro mejor valorado por la ciudadanía. Además, junto a Carlos Cuerpo, titular de Economía, es uno de los dos únicos miembros del Gobierno que logra el aprobado de los encuestados.
Aunque su grado de conocimiento público aún está por detrás del de otros compañeros del Consejo de Ministros —ocupa el antepenúltimo lugar con un 28,8%—, la proyección del dirigente de Sumar no deja de crecer. Por delante solo tiene a Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, y a Elma Saiz, responsable de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.
El ascenso de Bustinduy no es casual. Su perfil técnico, combinado con una firme voluntad política, ha comenzado a dejar huella en algunos de los debates clave sobre el modelo de país. En particular, el ministro ha centrado sus esfuerzos en la defensa de los consumidores frente a las prácticas abusivas en sectores tan cotidianos como la vivienda o el transporte aéreo.
En las últimas semanas, Bustinduy ha intensificado su ofensiva contra la proliferación de pisos turísticos ilegales en ciudades como Madrid. Su departamento ha remitido recientemente un nuevo listado al Ayuntamiento encabezado por José Luis Martínez-Almeida, que incluye 3.565 viviendas turísticas sin licencia. Esta comunicación se suma a la ya realizada en marzo, cuando el ministerio alertó de la existencia de al menos 1.218 alojamientos irregulares. La iniciativa ha generado malestar en el consistorio, pero el ministro ha defendido que su actuación busca garantizar el acceso a la vivienda frente a la especulación descontrolada.
Otro frente abierto ha sido el de las inmobiliarias. A mediados de junio, el Ministerio abrió un nuevo expediente sancionador a una agencia con actividad en todo el territorio nacional por presuntas prácticas abusivas: cobros indebidos, comisiones ilegales y servicios impuestos a los inquilinos. Esta es la segunda acción de este tipo, tras la investigación iniciada en marzo contra Alquiler Seguro por hechos similares.
En el ámbito del transporte aéreo, el compromiso de Bustinduy con los derechos del pasajero también ha sido claro. A finales de 2024, su departamento sancionó con 179 millones de euros a cinco aerolíneas de bajo coste —Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea— por prácticas abusivas como el cobro por el equipaje de mano o por asignar asientos a menores o personas dependientes junto a sus acompañantes. El caso más mediático fue el de Ryanair, cuyo presidente arremetió contra el ministro con descalificaciones personales.
Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido cautelarmente las sanciones tras el recurso de algunas compañías, Bustinduy ha reiterado su determinación: “No es una cruzada contra las aerolíneas, sino contra las prácticas ilegales que exprimen al pasajero para ganar un euro más como sea”.
