Nada más y nada menos que seis meses. Ese es el tiempo que deberá transcurrir para que se celebre la vista relativa a las cuestiones incidentales planteadas para determinar qué bienes forman parte del pazo de Meirás. Así lo ha determinado el juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que fija para los días 30 de junio y 1 de julio para dicha apertura, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En la diligencia dictaminada y contra la que se permite interponer recurso se determina que será a las 09,30 horas, en el antiguo edificio de la Audiencia Provincial de la capital herculina, lugar donde se fija la celebración de la vista donde la letrada ha ordenado que, tal y como fue solicitado, se cite al testigo y peritos propuestos por la familia Franco.

Asimismo, también está llamado el perito del Ayuntamiento de Sada, al tiempo que las demás partes quedan encargadas de la citación de los testigos y peritos de los que intenten valerse.

No es la primera vez que se fija una fecha para este trámite. De hecho, en un primer momento se fijó para el 22 de octubre, pero se pospuso para celebrarla en noviembre, quedando de nuevo retrasada para la fijada para enero. Se hizo en esta última ocasión a solicitud de la Administración General del Estado y de la Xunta, quienes pidieron la suspensión porque el informe pericial elaborado por la familia Franco tuvo entrada en el juzgado el pasado 4 de enero.

De los bienes existentes, el Estado ha reclamado 133 y son 55 los que están en discusión con la familia Franco. Con posterioridad, la Xunta comunicó a la administración estatal que hay otros 49 bienes, unos de la época de Emilia Pardo Bazán y otros de la Jefatura del Estado, que deberían tener también la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) y planteó al Estado que los reclamase judicialmente.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sada defiende, en su incidente de ejecución, la titularidad pública de todos los bienes desde la época de Emilia Pardo Bazán hasta la muerte de Franco y que fueron incorporados durante la dictadura por el Estado.