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Su nombre ha regresado a la primera línea judicial en el marco del juicio del ‘caso Lezo’ por los presuntos amaños del campo de golf del Canal de Isabel II. Ignacio González, quien ahora se sienta en el banquillo para investigar si benefició a sus familiares en las adjudicaciones de la empresa pública de aguas de Madrid, fue quien ascendió a la presidencia del Gobierno autonómico en 2013, en un momento en el que España estaba sumida en la profunda crisis económica tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.
Sin embargo, fue su predecesora en el cargo, Esperanza Aguirre quien maniobró para tratar de ensanchar las arcas del Ejecutivo regional en aquel momento. Uno de los movimientos en esta línea fue la subasta de los mejores edificios que poseía el Gobierno autonómico en la capital, dirigida en aquel momento por Alberto Ruiz Gallardón. Ya con González en la presidencia, la Comunidad de Madrid obtuvo hasta 128.469.345,72 euros por la venta de ocho edificios emblemáticos de la ciudad.
No obstante, lo que inicialmente parecía un mero trámite para ampliar la liquidez del Ejecutivo regional, acabó poniéndose en contra y generándole un problema, que incluso, en uno de los edificios, el Gobierno acabó perdiendo dinero. Esto sucedió porque, tras la venta de estos inmuebles, la Administración se quedó dentro de estos como inquilina. Según datos consultados por El País, el Ejecutivo regional acabó pagando 101.539.935 euros en el alquiler de aquello que antes fue suyo. Mientras que en tres casos sigue pagando el alquiler, uno de los edificios, el de Vía Lusitana, 21, cobra especial relevancia.
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En este caso, la Comunidad de Madrid, con González al frente, vendió este inmueble del distrito de Carabanchel en 2014 por 16.697.835,73 euros. No obstante, la Administración autonómica seguiría anclada a este, ya que se quedó como inquilina para albergar las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, que dedicaba la infraestructura a labores de archivo, formación o atención a los ciudadanos. En julio de 2026, fecha en la que expiró el contrato de alquiler, la Comunidad de Madrid se había gastado 26.825.490 euros en el alquiler, según los datos obtenidos por El País en respuesta a una petición de información de acuerdo con la Ley de Transparencia. Esto es, el Ejecutivo madrileño se había gastado 10 millones más de lo que había ingresado originalmente.
Pese a que este caso es el más llamativo en cuanto al fracaso de la jugada por la que apostó el Gobierno entonces de González, no es el único. En el caso del edificio de Madrazo, 34, la diferencia entre lo ingresado por su venta y lo abonado en alquileres apenas es de 12.241 euros. Este contrato estará vigente hasta finales de 2027. Lo mismo pasa con el edificio de Embajadores, 181; y el de la Carrera de San Jerónimo, 13, este hasta 2032. De hecho, en este caso se prevé que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso acabe perdiendo dinero, ya que tan solo tiene de margen 145.000 euros entre lo ingresado y lo gastado.
Al hilo de todos estos datos, todos estos alquileres ya han consumido el 79% de lo que se embolsó la Comunidad de Madrid con una operación que vació parte de su patrimonio público.
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