Cuando la tragedia se convierte en munición política: la fábrica de bulos de la derecha y la extrema derecha

Hay algo profundamente inquietante en lo que está ocurriendo después del accidente ferroviario de Urda: las publicaciones en redes sociales inmediatamente después. Mientras 69 familias intentaban asimilar que habían perdido a uno de los suyos, mientras se identificaba a las víctimas y los investigadores trataban de reconstruir qué había sucedido, otra maquinaria se había puesto en marcha. Una maquinaria que no necesitaba esperar a conocer las causas del accidente para señalar culpables, fabricar pruebas y construir una explicación política de lo ocurrido.

La tragedia apenas acababa de producirse y ya había quien había decidido qué debíamos pensar sobre ella.

Fotografías de otros accidentes presentadas como actuales, imágenes generadas mediante inteligencia artificial, vídeos descontextualizados, supuestas conversaciones privadas, acusaciones sin pruebas y teorías conspirativas comenzaron a circular a una velocidad extraordinaria. No se trataba de informar sobre lo ocurrido, sino de imponer una interpretación antes de que existieran conclusiones.

La pregunta es inevitable: ¿por qué sucede esto? ¿Qué se consigue inundando las redes de falsedades cuando un país necesita precisamente información rigurosa?

La respuesta tiene mucho que ver con la política que se está imponiendo en los últimos años: una política en la que importa más controlar el relato que esclarecer los hechos, más desacreditar al adversario que conocer la verdad y más provocar indignación que ofrecer explicaciones.

Cuando la mentira también viaja en alta velocidad

La recopilación de verificaciones realizada por RTVE, Newtral, EFE Verifica y Maldita.es permite reconstruir la dimensión de la desinformación que ha acompañado al accidente.

Han circulado fotografías del accidente de Adamuz, ocurrido en enero, presentadas como si fueran imágenes del siniestro de Toledo. También fotografías de otros accidentes ferroviarios, vídeos antiguos y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial que se difundían como imágenes reales de Urda.

Pero la operación no se ha limitado a manipular imágenes. Se han difundido cifras falsas sobre accidentes ferroviarios, supuestos fallos informáticos de varios ministerios y teorías sobre sabotajes sin ninguna prueba.

La desinformación llegó incluso a las familias. Circularon mensajes SMS fraudulentos que simulaban ser comunicaciones de la Guardia Civil para informar de la identificación de los cuerpos de sus allegados. El Centro de Integración de Datos tuvo que advertir de que eran falsos: las notificaciones de identificación se realizan presencialmente, nunca mediante mensajes de texto.

Hay que detenerse un instante en esto. No hablamos únicamente de una mentira política o de una fotografía manipulada para conseguir miles de interacciones. Hablamos de jugar con la angustia de personas que están buscando a sus familiares desaparecidos. No son simples errores de internet. Son falsedades que pueden provocar miedo, desconfianza y sufrimiento adicional.

Otra de las falsedades que se ha extendido en redes y replicado en ciertos medios de comunicación afines a la derecha y extrema derecha sostiene que el Gobierno habría regalado más de 1.500 millones de euros para modernizar infraestructuras ferroviarias en Marruecos, Egipto y Uzbekistán mientras desatiende las españolas. La realidad es que esas partidas incluyen créditos reembolsables, no donaciones a fondo perdido.

En este contexto han adquirido protagonismo perfiles de agitación digital como Vito Quiles, Javier Negre y otras cuentas vinculadas al ecosistema de la derecha y la extrema derecha, que han amplificado mensajes y relatos contra el Gobierno. Tras el accidente de Adamuz, distintos medios documentaron cómo Vito Quiles y Javier Negre difundieron una afirmación engañosa sobre los fondos destinados a Marruecos, presentando como dinero regalado lo que eran préstamos vinculados a contratos con empresas españolas.

La pregunta no es si se puede criticar al Gobierno. Por supuesto que se puede y se debe. La pregunta es por qué algunos necesitan deformar la realidad para hacerlo.

Bonaire: cuando el bulo sobrevive a la verdad

No es la primera vez que ocurre. Durante la DANA de Valencia, en octubre de 2024, asistimos a uno de los episodios de desinformación más graves y crueles de los últimos años: el supuesto cementerio en el que, según decenas de publicaciones, se había convertido el aparcamiento subterráneo del centro comercial Bonaire, en Aldaia.

En redes se llegaron a difundir cifras de 86, 258, 700 e incluso 800 fallecidos. Se hablaba de cientos de cadáveres, de camiones frigoríficos que supuestamente los trasladaban de madrugada y de una operación de ocultación organizada por el Gobierno.

El 5 de noviembre, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, fue tajante: “Se difundió un bulo afirmando que en el interior había muchos cadáveres: no era cierto”. La Policía y los equipos de rescate inspeccionaron el aparcamiento y no encontraron una sola víctima mortal. Había vehículos, no el supuesto escenario de cientos de fallecidos que algunos llevaban días anunciando.

Pero ni siquiera el desmentido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consiguió detener la maquinaria. Vito Quiles publicó que era “muy extraño todo” y difundió que las autoridades podían estar ocultando información. Javier Negre alimentó también la sospecha de que el Gobierno escondía la verdadera dimensión de la tragedia. Iker Jiménez quedó igualmente envuelto en la polémica por la difusión de contenidos relacionados con el supuesto hallazgo de víctimas en el parking de Bonaire, hasta el punto de que tuvo que salir posteriormente al paso de las críticas.

Cuando la realidad desmintió el relato, algunos no rectificaron: cambiaron la teoría. Ya no se trataba de que hubiera cientos de muertos, sino de que las autoridades los estaban ocultando.

Es quizá el ejemplo más revelador de la lógica de estas campañas: cuando los hechos contradicen el bulo, se convierte el propio desmentido en una nueva prueba de la conspiración. Y así la mentira consigue sobrevivir a la verdad.

¿Para qué se fabrican los bulos?

La desinformación tiene una utilidad política evidente. Cuando se difunden decenas de versiones contradictorias, cuando se fabrican imágenes y cuando se atribuyen responsabilidades sin pruebas, el debate público se desplaza.

En lugar de hablar de los sistemas de seguridad ferroviaria, del mantenimiento, de las inversiones, de los protocolos, de las decisiones técnicas y de las posibles responsabilidades administrativas o políticas, terminamos discutiendo sobre conspiraciones, supuestos sabotajes, fotografías falsas y vídeos manipulados. Es una forma de secuestrar la conversación pública.

Y no hace falta que todo el mundo crea un mismo bulo. Basta con que una parte de la ciudadanía termine desconfiando de todas las fuentes, considere que todas las versiones son igualmente sospechosas y deje de distinguir entre información contrastada y propaganda.

La periodista Clara Jiménez Cruz, cofundadora de Maldita.es, ha advertido de la profesionalización de estas campañas de desinformación y de cómo determinadas redes aprovechan las tragedias para erosionar la confianza en las instituciones. En algunos casos se han detectado indicios de coordinación y difusión internacional.

A eso se suma un incentivo económico: los perfiles que viven de la provocación consiguen visualizaciones, seguidores y notoriedad cada vez que publican un mensaje incendiario. La indignación se monetiza. El escándalo se convierte en contenido. Y el dolor ajeno, en una oportunidad para crecer en las redes.

Pero hay algo todavía más peligroso: la desinformación no se limita a atacar a un Gobierno. Termina atacando la propia posibilidad de que una sociedad pueda ponerse de acuerdo sobre los hechos.

Angrois: cuando Feijóo pedía prudencia y ahora reclama lo contrario

Hay otro antecedente ferroviario que resulta especialmente incómodo para Alberto Núñez Feijóo.

El 24 de julio de 2013, el descarrilamiento de un tren Alvia en Angrois, a las puertas de Santiago de Compostela, provocó la muerte de 80 personas. Gobernaba Mariano Rajoy y Feijóo presidía la Xunta de Galicia.

La respuesta de la oposición socialista en las primeras horas y días fue muy diferente de la que estamos viendo ahora. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acudió al lugar del accidente el 25 de julio acompañado del propio Feijóo y de la ministra de Fomento, Ana Pastor. Allí trasladó las condolencias de todos los socialistas a las familias, expresó su tristeza por la tragedia y reconoció el trabajo de los equipos de rescate, sanitarios y ciudadanos que habían ayudado a las víctimas.

No aprovechó aquella primera comparecencia para llamar asesino al presidente del Gobierno, exigir la dimisión inmediata de la ministra o señalar culpables antes de que se conocieran las causas. Eso no significó que el PSOE renunciara a exigir explicaciones. Posteriormente, transcurridos 3 años, reclamó responsabilidades e impulsó una investigación parlamentaria.

Sin embargo, esta vez, dirigentes de Vox señalaron a Sánchez y Puente como responsables directos de la tragedia, los llamaron criminales y se escucharon consignas como “Puente, asesino” en una protesta que hicieron en la calle, mientras todavía se desarrollaban las tareas de rescate.

Pero la comparación verdaderamente reveladora está en Feijóo.

El 23 de enero de 2014, seis meses después del accidente de Angrois, el entonces presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, rechazó abrir una comisión de investigación en el Parlamento autonómico. La reclamaban BNG y AGE para esclarecer las causas del siniestro y depurar posibles responsabilidades políticas. Feijóo defendió que fueran los jueces quienes investigaran las nuevas informaciones y presentó la apertura de una investigación parlamentaria como un intento de utilizar la tragedia para atacar a un partido político.

Y añadió: “Si cada vez que hay una novedad, hay que intentar llevar al Parlamento para echar el dolor de las víctimas sobre un partido, conmigo que no cuenten”.

Qué diferente es el discurso del mismo dirigente cuando el accidente afecta a un Gobierno del que no forma parte. Ahora Feijóo reclama responsabilidades políticas inmediatas, señala al Ejecutivo y anuncia investigaciones parlamentarias. El mismo que pedía prudencia, que rechazaba convertir el dolor en confrontación y que vetó investigaciones sobre Angrois **considera ahora imprescindible exigir responsabilidades antes de que concluya la investigación. **La hemeroteca no tiene memoria selectiva. Los políticos sí.

Lorca: cuando la política supo detenerse

También hay ejemplos de que otra manera de actuar es posible.

El 11 de mayo de 2011, un terremoto devastó Lorca y dejó nueve muertos, cientos de heridos y miles de personas afectadas. España estaba en plena campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo.

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy acordaron telefónicamente suspender durante 24 horas los actos electorales. Rubalcaba canceló el mitin que tenía previsto en Ourense y los principales partidos aparcaron sus mítines para acudir a Lorca y mostrar su solidaridad con las víctimas.

No era el momento de pedir el voto ni de convertir el sufrimiento de los vecinos en un enfrentamiento entre candidatos. Fue una decisión compartida, no una iniciativa exclusiva del PSOE. Y precisamente por eso resulta un buen ejemplo de lo que debería ser la responsabilidad institucional: entender que hay circunstancias en las que la disputa partidista debe esperar.

La diferencia entre exigir responsabilidades y utilizar una tragedia es precisamente esa: saber cuándo hablar, cómo hacerlo y, sobre todo, qué no se debe hacer o decir.

El 11-M: cuando la mentira se convierte en estrategia política

España ya conoce las consecuencias de convertir una tragedia en una batalla por controlar el relato.

El 11 de marzo de 2004, diez bombas explotaron en varios trenes de Madrid. Murieron 193 personas y miles resultaron heridas. Durante las primeras horas, el Gobierno de José María Aznar sostuvo que la autoría correspondía a ETA, pese a que la investigación policial iba aportando indicios que apuntaban al terrorismo yihadista.

José María Aznar telefoneó personalmente a directores de medios de comunicación para trasladarles la autoría de ETA. El entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, mantuvo públicamente esa línea mientras aparecían pruebas que apuntaban en otra dirección.

El 13 de marzo, víspera de las elecciones generales, Mariano Rajoy declaró en una entrevista que tenía la “convicción moral” de que ETA había sido la responsable de los atentados.

Pero la historia no terminó con las elecciones. La teoría de la conspiración sobrevivió durante años. En julio de 2004, Acebes todavía hablaba de la “sombra de ETA”. En 2006, el diputado popular Vicente Martínez-Pujalte seguía sugiriendo posibles vínculos entre los terroristas islamistas y la banda terrorista. La sentencia judicial no acreditó esa conexión.

Maldita.es reconstruyó en su investigación sobre los veinte años del 11-M cómo una versión que no se sostenía con las pruebas siguió alimentándose desde determinados ámbitos políticos y mediáticos.

El daño fue enorme. La tragedia que había golpeado a cientos de familias terminó convertida durante años en una batalla sobre la legitimidad del Gobierno surgido de las urnas. La pregunta dejó de ser exclusivamente quién había cometido los atentados y pasó a ser quién había mentido, quién había ocultado información y quién había llegado o no al poder por aquella tragedia.

El 11-M debería haber dejado una lección democrática: cuando los responsables políticos utilizan la incertidumbre de una tragedia para alimentar sospechas sin pruebas, el daño no termina con la publicación de una sentencia. Puede prolongarse durante décadas.

El insulto como estrategia y la polarización como resultado

No podemos hablar de bulos sin hablar del clima político en el que se reproducen.

La polarización no ha aparecido espontáneamente ni es responsabilidad exclusiva de quienes se encuentran en los extremos. Se alimenta desde los discursos políticos, desde determinados medios y desde las redes sociales. Pero sería un error no señalar a quienes han convertido el insulto, la sospecha permanente y la deslegitimación del adversario en una estrategia cotidiana.

En esta tragedia hemos visto cómo dirigentes de Vox han llamado “Óscar Muerte” al ministro de Transportes, cómo se le ha calificado de “criminal” y cómo se han difundido acusaciones de asesinato antes de que se conozcan las conclusiones de la investigación.

Hemos escuchado al PP reclamar responsabilidades mientras sus dirigentes y portavoces recurren a descalificaciones personales como “incompetente” o “matón”. Y para rematar faena, también hemos visto a personajes como Miguel Bosé desear que las víctimas “fulminen” al ministro y llamarle “escoria” y “malnacido”.

El derecho a criticar al Gobierno no ampara la mentira. La exigencia de responsabilidades no justifica el insulto. Y la libertad de expresión no convierte en información una acusación que no está respaldada por pruebas.

Cuando el adversario deja de ser alguien con quien se discrepa y pasa a ser alguien a quien hay que destruir y deshumanizar, cualquier herramienta parece válida. La mentira deja de ser un problema moral y se convierte en un recurso táctico.

¿Quién ha contribuido a normalizar esa forma de hacer política? ¿Quién ha convertido las redes en un espacio de linchamiento? ¿Quién ha presentado durante años a los adversarios como enemigos de España, traidores, asesinos o criminales?

No basta con lamentar la polarización. Hay que examinar qué discursos la alimentan, quién los amplifica y qué rentabilidad obtiene de ellos.

Las víctimas no pueden ser el combustible de una campaña

Las 69 personas fallecidas en Urda no son una cifra para utilizar en una discusión parlamentaria, ni sus familias son un instrumento para atacar al Gobierno. Son personas con nombres, historias, familias y amigos que necesitan respuestas.

El Gobierno tiene la obligación de esclarecer lo sucedido. Óscar Puente debe dar todas las explicaciones que se le exijan. La investigación debe llegar hasta el final y, si se demuestra que hubo negligencias o responsabilidades, deberán asumirse. Nadie está por encima de esa obligación.

Pero también hay una responsabilidad de quienes aspiran a gobernar: no fabricar culpables, no alimentar teorías sin pruebas, conspiraciones y no convertir una tragedia en una campaña de desinformación.

La oposición debe fiscalizar al poder, no sustituir a los investigadores. Los periodistas deben preguntar, contrastar y denunciar, no replicar rumores. Y quienes tienen miles de seguidores deberían entender que cada palabra y cada imagen que difunden pueden tener consecuencias reales.

Quizá el problema más grave no sea que existan bulos. Siempre los ha habido. El problema es que estamos entrando en una etapa en la que hay quien necesita que existan, quien los fabrica, quien los amplifica y quien obtiene rédito de que una parte de la sociedad los crea.

La democracia no se deteriora solamente cuando se oculta la verdad. También cuando se inunda el espacio público de tantas mentiras que la verdad termina siendo irreconocible. Y mientras todos discuten sobre el último bulo, las preguntas verdaderamente importantes siguen esperando respuesta.

Porque una tragedia no puede convertirse en una oportunidad para ganar una batalla política. Y mucho menos cuando se exige hoy a los adversarios lo que ayer se rechazó para uno mismo.