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Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y de la oposición, ha encontrado en la gestión ferroviaria uno de los principales argumentos para reorientar su campaña electoral tras el accidente de Urda, que ha dejado 69 víctimas mortales y más de dos centenas de heridos. El líder del PP ha convertido las palabras "gestión, rigor y experiencia" en el eje de su discurso, reclamando que los puestos de responsabilidad con contenido técnico estén ocupados por personas con conocimientos y trayectoria acreditada en las materias que deben dirigir. Sin embargo, el historial de algunos de los responsables autonómicos de Transportes nombrados por los gobiernos populares invita a examinar hasta qué punto ese criterio se aplica también dentro de sus propias administraciones.
El presidente del PP ha insistido en que la política no consiste únicamente en hablar, sino en hacer, y que para ejercer determinados cargos públicos resulta imprescindible contar con experiencia. "La gestión y el rigor no se improvisan. O sabes o no sabes. O te rodeas de gente que sabe, u ocurren cosas como esta", afirmó el pasado jueves, en referencia a la tragedia ferroviaria. "Gestión, gestión y gestión", replicaba.
El dirigente popular cuestionaba el nombramiento de Óscar Puente como ministro de Transportes y también otros nombramientos realizados por el Gobierno central, al considerar que las responsabilidades técnicas deben recaer en personas con una trayectoria relacionada con las funciones que desempeñan. Un planteamiento que abre otra cuestión: ¿qué perfiles han elegido los gobiernos autonómicos del PP para gestionar sus propias competencias en materia de movilidad y transportes?
De la política a la gestión de Transportes
Si el PP exige al Ejecutivo central que justifique la preparación de sus responsables de Transportes, también resulta pertinente examinar los perfiles que ha elegido para dirigir esas mismas competencias en las comunidades autónomas donde gobierna. Uno de los ejemplos que permite incidir esta cuestión con más detalle es la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso. La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha experimentado varios cambios de responsables durante la legislatura, con perfiles procedentes principalmente de la política y de la gestión administrativa.
Jorge Rodrigo fue nombrado consejero en junio de 2023. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y con un máster en Asesoría Jurídica de Empresas, su trayectoria ha estado vinculada fundamentalmente a la Administración pública y a responsabilidades políticas. Fue diputado de la Asamblea de Madrid, coordinador del Gabinete de Presidencia de la Comunidad y gerente de la Junta Municipal de Hortaleza. No obstante, su currículo también incluye experiencia en el ámbito de la movilidad: entre 2007 y 2012 ocupó la dirección de Madrid Movilidad y posteriormente fue coordinador general de Circulación del Ayuntamiento de Madrid, por lo que no sería correcto afirmar que carecía absolutamente de experiencia en transportes, aunque su formación académica no fuese la propia de un perfil técnico especializado en ingeniería ferroviaria o infraestructuras.
El relevo de Rodrigo al frente de la Consejería, producido a finales de octubre de 2026 tras su traslado a otra responsabilidad del Gobierno regional, situó a José María García Gómez como nuevo titular del departamento, un perfil que sí da lugar a más debate sobre la especialización de quienes dirigen estas áreas. García Gómez es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Sociología, además de contar con un MBA. Ha desarrollado buena parte de su carrera en la Administración autonómica madrileña, pero su trayectoria anterior estuvo centrada fundamentalmente en vivienda, rehabilitación y ordenación del territorio, no en transportes. Fue director general de Vivienda y Rehabilitación entre 2015 y 2021, viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio entre 2021 y 2023 y, posteriormente, viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras hasta su nombramiento como consejero en octubre de 2026. Su experiencia en el departamento, no está vinculada a la dirección técnica del transporte ferroviario. Paralelamente, la directora general de Carreteras de la Comunidad de Madrid, Natalia Quintana Serrano, tampoco tenía ninguna experiencia previa en el sector antes de ser nombrada. Obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología y formación técnica en administración y dirección de empresas.
Fuera de la Comunidad de Madrid, el Secretario Autonómico de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana, Francisco Javier Sendra Mengual, tampoco contaba con experiencia en Transportes antes de ser nombrado. Fue Secretario Autonómico de Medio Ambiente y Territorio, diputado provincial en Alicante y presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana, y anteriormente a ello, se formó como auxiliar administrativo y trabajó como autónomo. Y en Galicia, la directora general de Transportes de la Xunta, Judit Fontela, es licenciada en Derecho y funcionaria de carrera desde el año 2008, perteneciente al cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado. Tiene experiencia en la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, pero tampoco tenía experiencia previa en Transportes o alguna cartera similar antes de su nombramiento.
Una dirección política para una competencia técnica
La estructura de la Consejería madrileña también permite observar cómo se distribuyen las responsabilidades entre los distintos niveles de dirección. El departamento cuenta con cargos políticos y administrativos que no necesariamente han procedido del ámbito de la ingeniería, la explotación ferroviaria o la planificación del transporte. El caso de José María García Gómez resulta especialmente significativo por la naturaleza de su trayectoria: su experiencia administrativa se ha desarrollado fundamentalmente en vivienda y gestión territorial. Haber ocupado una viceconsejería que engloba Transportes le ha permitido conocer el funcionamiento del departamento, pero no equivale a acreditar una carrera profesional especializada en movilidad o infraestructuras ferroviarias.
También conviene examinar los puestos de dirección general. En Madrid, Luis Miguel Torres fue nombrado director general de Transportes en 2023. Su trayectoria anterior incluye responsabilidades en el Ayuntamiento de Alcobendas, donde ejerció como concejal de Seguridad, Movilidad y Transportes, además de haber sido director general de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Comunidad de Madrid. Ocurre lo mismo: un departamento que engloba Transportes y que permite familiarizarse con su funcionamiento, pero ello no es sinómino de una carrera profesional relacionada con el ámbito.
El asunto de la experiencia ha adquirido relevancia porque el PP ha empezado a intentar convertir la gestión de los servicios públicos en uno de los principales elementos de diferenciación frente al Gobierno de Pedro Sánchez. Tras el accidente de Urda, Feijóo ha elevado el listón de las exigencias sobre los nombramientos y ha defendido que los cargos con responsabilidades técnicas deben estar ocupados por personas que conozcan las materias que gestionan. El líder popular reclama que los responsables de las áreas técnicas tengan experiencia demostrable en ellas, pero ese estándar debería exigir distinguir entre haber dirigido una consejería que incluya varias competencias y haber desarrollado una carrera profesional específicamente vinculada a alguna de ellas. La exigencia de experiencia, en definitiva, es correcta, pero no debería ser únicamente un argumento para utilizar políticamente contra el adversario en momentos de dificultad o de zozobra y autoreafirmarse, sino por velar por el bien de las personas que quedan bajo esa gestión.
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