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La Justicia estadounidense ha frenado las presiones de la Administración de Donald Trump sobre los funcionarios electorales a cuatro días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Una jueza federal ha dictado una orden temporal que prohíbe al Gobierno amenazar, intimidar o coaccionar a los responsables de organizar las votaciones, después de que el Ejecutivo reclamara medidas contra electores cuya ciudadanía estadounidense pone en duda.
La resolución, emitida este viernes por la jueza Trina Thompson, afecta al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional. Ambos organismos tienen prohibido exigir a las autoridades electorales estatales que eliminen votantes de los censos, separen determinadas papeletas o paralicen su procesamiento a partir de las listas de presuntos electores irregulares elaboradas por el Gobierno. La orden permanecerá vigente, en principio, hasta el 16 de noviembre, casi dos semanas después de los comicios.
En su dictamen, la magistrada cuestiona las consecuencias que pueden tener estas actuaciones sobre el derecho al voto. Aunque la Administración sostiene que su objetivo es impedir que participen personas sin ciudadanía estadounidense, Thompson advierte de que sus medidas podrían interferir en la organización electoral y privar de su derecho al voto a ciudadanos que sí cumplen los requisitos legales.
Presiones a funcionarios
La decisión llega después de que el Gobierno federal intensificara sus exigencias sobre los responsables electorales de los distintos estados. El Departamento de Justicia ha reclamado información sobre los registros de votantes y ha advertido de posibles consecuencias penales para los funcionarios que, a su juicio, no adopten suficientes medidas para impedir el voto irregular.
La jueza considera que estas actuaciones pueden comprometer el desarrollo de los comicios y prohíbe utilizar amenazas de procesos penales para forzar cambios en la gestión de las papeletas. La restricción alcanza también a otras medidas destinadas a intimidar o coaccionar a los funcionarios electorales.
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La resolución obliga además a la Administración a informar al tribunal de cualquier solicitud de orden de registro, citación de un gran jurado u otra exigencia de acceso a documentación electoral relacionada con los listados elaborados por el Gobierno para identificar a posibles votantes sin derecho a participar.
La intervención judicial responde a una demanda presentada por una coalición de sindicatos y organizaciones de defensa de los derechos civiles, entre ellas la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC). Los demandantes sostienen que la conducta del Ejecutivo vulnera la legislación federal sobre derechos electorales y supone una injerencia inconstitucional en las competencias de los estados, responsables de organizar las elecciones. La magistrada ha atendido provisionalmente sus argumentos al considerar que las actuaciones denunciadas pueden interferir en la administración electoral y perjudicar a votantes legítimos.
Las listas de supuestos votantes irregulares, bajo sospecha
El conflicto tiene su origen en una operación impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional para cruzar los censos electorales estatales con registros federales e identificar a personas que podrían carecer de ciudadanía estadounidense.
La Administración de Trump defiende este procedimiento como una herramienta para combatir el voto ilegal. Sin embargo, funcionarios electorales han cuestionado la fiabilidad de los listados y advierten de que podrían incluir a ciudadanos estadounidenses con pleno derecho a participar en los comicios.
La controversia también ha llegado a California, donde el Departamento de Justicia pretendía que se separaran las papeletas correspondientes a unas 20.000 personas cuya ciudadanía ponía en duda. Un tribunal federal de apelaciones rechazó este viernes la petición ante el riesgo de alterar el desarrollo de las elecciones y perjudicar la contabilización de votos válidos.
Las autoridades electorales californianas habían advertido de que los registros utilizados por el Ejecutivo no ofrecían garantías suficientes y de que localizar y apartar las papeletas señaladas podía ocasionar problemas en el proceso electoral. Por su parte, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ha impuesto límites a determinadas actuaciones federales relacionadas con la comprobación de la ciudadanía de los votantes y la intervención del Gobierno en los procedimientos electorales estatales.
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