La Justicia ha acordado la titularidad pública de los bienes que residen en el Pazo de Meirás, estimando así íntegramente la demanda interpuesta por la Administración General del Estado, con el apoyo de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Sada (A Coruña).
En el fallo emitido se señala que "en ningún momento se acredita que el Estado realizara una declaración de reconocimiento de la propiedad de estos bienes concrectos en favor de los demandados". Y prosigue: "La posición que se mantuvo por el Estado en la ejecución provisional seguida ante el Juzgado de Primera Instancia de A Coruña no conllevó la realización de actos de los que pudiera deducirse el referido reconocimiento dominical en relación con los bienes objeto de este proceso. Por todo ello, y en base a los razonamientos jurídicos efectuados a lo largo de la presente resolución, procede estimar íntegramente la demanda interpuesta, debiendo en consecuencia efectuar las declaraciones de dominio que en ella se pretenden".
Una vez se ha hecho público el fallo del Juzgado número 70 de Madrid, el Ayuntamiento de Sada, donde se encuentra el pazo, ha mostrado su satisfacción "al comprobar que la Justicia sigue a darnos la razón en el trabajo que llevamos haciendo para garantizar la titularidad pública del Pazo de Meirás". "Desde Sada siempre defendimos que el Pazo es un bien público y todo lo que guarda es patrimonio de la ciudadanía, no de los herederos del dictador".
Bienes en depósito
Ahora ya hay un fallo sobre la mesa, pero hasta que este ha llegado, el mismo Juzgado acordó que los bienes que se encontraban en el Pazo de Meirás, un total de 564, permanecieran en depósito, algo que ya había solicitado con anterioridad la Administración General del Estado y el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
Precisamente esta medida fue solicitada después de que los Franco solicitasen al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña retirar todos los bienes depositados en el inmueble que no fueron reclamados por el Estado en su momento. Ante esto, la Abogacía del Estado respondió presentando una demanda ante los juzgados de Madrid contra los herederos del dictador reclamando la propiedad de la mayoría de los bienes que allí se encuentran.
En concreto, se trata de 564 bienes muebles o documentos que pueden agruparse en tres categorías: bienes de Patrimonio Nacional, bienes de Patrimonio Documental Español y bienes que son de dominio público por su afectación al uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del jefe del Estado.
Al margen de esto, el Estado, en la demanda interpuesta, alegaba también que "además, forman parte del patrimonio histórico español por su interés histórico y también artístico, vinculado, por una parte, a la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán, y por otra, a la actividad oficial desarrollada durante la dictadura franquista".
