La vista en la que el polémico juez Juan Carlos Peinado ha obligado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a volver a hacer un paseíllo en los juzgados de Plaza de Castilla para la audiencia preliminar para notificarle que va a ser juzgada por un jurado popular, ha terminado con una lista de medidas cauterales solicitadas por las acusaciones populares, encabezadas por el pseudosindicato de extrema derecha Hazte Oír, con las que se han solicitado tres cuestiones: lo primero, la retirada del pasaporte por riesgo de fuga; lo segundo, comparecencias quincenales de Gómez en el juzgado; y lo tercero, que no pueda utilizar la marca de su empresa hasta que llegue al juicio.
Según ha podido saber ElPlural.com de fuentes presenciales en la vista, el magistrado Juan Carlos Peinado no resolverá en el momento, por lo tanto, el auto notificando las medidas cautelares se prevé para este martes o los próximos días. Por otro lado, la defensa de Begoña Gómez, el letrado Antonio Camacho, ha vuelto a solicitar el archivo del procedimiento ante lo que considera "ausencia de delito", en la que ha sido la quinta comparecencia judicial de la esposa de Sánchez. Por el momento, no se sabe cuándo resolverá Peinado, pero según las fuentes será entre mañana y pasado.
Las mismas medidas cautelares que la acusación popular ha pedido para Gómez han sido reclamadas para su asesora Cristina Álvarez. No obstante, para el empresario Juan Carlos Barrabés no se ha solicitado la adopción de ninguna medida cautelar, por lo que salió anteriormente del juzgado.
La defensa y la Fiscalía piden la absolución de Begoña Gómez
Tanto su propia defensa como la Fiscalía han solicitado la absolución de Begoña Gómez. Su defensa, en un escrito lo socilitó al entender que los hechos investigados "no son constitutivos de delito alguno" y, además, considerar que las acusaciones actúan con "mala fe". Por su parte, el Ministerio Público pidió el sobreseimiento de la causa. Además, señaló que pediría la absolución de los tres investigados si la Audiencia de Madrid determinaba que debía celebrarse juicio oral.
Mientras tanto, las acusaciones populares reclaman penas que alcanzan los 24 años de prisión para la esposa del presidente, 22 años de cárcel para Álvarez por una "presunta malversación" y por su supuesta condición de "cooperadora necesaria" en los delitos que atribuyen a Gómez, y para Juan Carlos Barrabés piden una condena de seis años por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
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