El PP, en el banquillo · II ·

Los 31 casos con sus 835 imputados que acorralan al PP

Nueva entrega de la Wikipedia judicial genovesa más completa

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Lun, 30 Mayo 2016

Otra vez aquí con todos vosotros para haceros entrega de la segunda parte de los 31 casos en los que los genoveses originales y genuinos están citados por los tribunales por su presunta participación en todo tipo  de delitos contemplados en el Código Penal.

Ayer recordábamos las grandes cifras que se dan cita en esta wikipedia judicial genovesa que se describen a través de estos 31 casos. Por razones de espacio solo se pudieron incluir los relativos a Gürtel y Púnica. Hoy tienen entrada los otros 29 restantes. Confiemos que sean de vuestro interés. Aquí os van sin más rodeos :

03. CASO IMELSA. Las siglas se corresponde con la empresa de la Diputación Provincial de Valencia, “Impulso Económico Local Sociedad Anónima” que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia cuyo titular es el juez Víctor Gómez. Según el TSJCV hay 130 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. Según el juez la actividad de esta presunta organización criminal vinculada al PP valenciano habría cobrado mordidas a cambio de la adjudicación de cientos de contratos públicos en la Generalitat —especialmente en su sociedad dedicada a construir colegios—, la Diputación de Valencia y Ayuntamientos, como el de Valencia. Parte del dinero así obtenido habría servido para financiar al partido.

04. PS OPERACIÓN TAULA. En esta PS del Caso Imelsa, según los datos facilitados por el TSJCV, el titular del Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia está investigando por blanqueo de capitales a un total de 50 personas entre los que se encuentra la practica totalidad del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Su cabeza de lista y senadora, Rita Barberá, está pendiente de la decisión que tome el Tribunal Supremo tras recibir escrito motivado del juez instructor solicitando que sea investigada. Asimismo el juez Víctor Gómez ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que impute por blanqueo al diputado autonómico Miguel Domínguez que fue concejal de Seguridad de la exalcaldesa Rita Barberá, y dejó el Consistorio para presentarse a las elecciones autonómicas de 2015.

05. CASO EMARSA. Este caso está siendo juzgado por la Audiencia Provincial de Valencia. La fiscalía mantiene que sus gestores vaciaron los fondos de la sociedad pública, liquidada en 2010 debido a su situación patrimonial. El fraude alcanzó según el juez instructor 23,7 millones de euros. En el banquillo de los acusados se sientan 24 personas.

06. CASO BRUGAL. Esta operación se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el empresario Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela, en las que se ponían de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur. El sumario está dividido en una veintena de piezas separadas de las que las más importantes se refieren al Plan Zonal de Residuos, la contrata de basuras de Orihuela y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante. En la PS Orihuela hay procesados 14 personas, incluido el ex Presidente de la Diputación Provincial de Alicante y ex Presidente del PP en esa provincia. En la PS PGOU Alicante, están investigados 21 personas, incluida la ex alcaldesa Sonia Castedo.

07. CASO ALVIASA. Está siendo instruido por el  Juzgado de Instrucción nº 1 de Sagunto cuyo titular es el juez Héctor Ignacio Santamaría. Se investigan los “indicios racionales” de que Serafín Castellano, ex Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y ex Consejero de los Gobiernos de Francisco Camps, formó parte de una “organización criminal” dedicada al amaño de contratos de extinción de incendios con medios aéreos en varias autonomías. Castellano fue detenido en mayo de 2015 en su casa de Benissanó (Valencia). En esta causa hay una treintena de personas investigadas.

08. CASO FÓRMULA 1. Está siendo instruido por el TSJCV al haber aforados entre los investigados. Tiene su origen en una querella de la Fiscalía Anticorrupción por  presuntos delitos societarios, malversación de caudales públicos prevaricación y falsedad documental en torno al Gran Premio que se celebró en Valencia entre 2008 y 2012. Están imputados 5 personas, entre ellos, el ex Presidente de la Generalidad, Francisco Camps. La querella se dirige igualmente contra la exconsejera Lola Johnson, a la que se acusa además de delito societario, y contra el empresario y expiloto de motociclismo Jorge Martínez Aspar. La Fiscalía considera que existen "sólidos indicios delictivos contra Francisco Camps". Y que éste utilizó a la empresa Valmor Sports como fachada para acordar con el patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, la celebración del premio. El fiscal mantiene que el expresidente decidió "interponer una sociedad privada cuando la organización del evento iba a correr a cargo de la sociedad pública Circuito del Motor, dando apariencia de contrato entre particulares, cuando era una empresa pública la que iba a organizar el evento.

09. CASO PALMA ARENA. Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca cuyo titular es el juez José Castro. El sumario está formado 28 PS. Este caso se inicia en el 2007 por un desvío de 48 millones en la construcción del velódromo “Palma Arena”. En estos momentos hay 42 investigados.

En la PS 27, conocida como “Caso Over”, se investigan presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Over Marketing por parte de diversos departamentos del Ejecutivo autonómico y una supuesta financiación ilegal del PP balear. Estos hechos habrían tenido lugar en la legislatura 2003-2007, que fue la segunda y última en que Jaume Matas presidió la Comunidad. Los delitos que se podrían haber cometido en este caso serían los de prevaricación, malversación, fraude y falsedad.

En la Pieza 28 se investiga una presunta financiación ilegal del Partido Popular de Baleares así como la compra y reforma de su sede, cuyos pagos habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007).

10. CASO NOVO CARTHAGO. Está siendo investigado por el  Juzgado Nº 2 de Murcia cuyo titular es la juez Miriam Marín. Se investigan varios delitos de corrupción urbanística relacionados con la recalificación de terrenos cercanos al Mar Menor en el municipio de Cartagena. En estos momentos están siendo investigadas 18 personas. Entre estos se encuentran varios ex Consejeros y Altos Cargos del Gobierno de Murcia y Rafael Galea Expósito, presidente de Hansa Urbana, empresa promotora del complejo turístico. Por parte del Ayuntamiento de Cartagena se está pendiente que el Tribunal Supremo decida si archiva o continua la investigación a la ex alcaldesa y ex senadora Pilar Barreiro que no pudo ser imputada en un primer momento por estar aforada por su cargo entonces de diputada nacional.

11. CASO PUERTO LUMBRERAS. Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca, cuyo titular es la juez Consuelo Andreo. Su origen está en una querella de la Fiscalía por falsedad, prevaricación, malversación de caudales y fraude contra Pedro Antonio Sánchez, ex alcalde y actual Presidente de la Comunidad  y otras 20 personas. El motivo son  las obras de construcción del Teatro Auditorio, adjudicadas en 2008 y que fueron recepcionadas en 2011 sin que, supuestamente, hubieran sido terminadas.

12. CASO UMBRA. Está siendo investigado por el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia. Se indaga la recalificación de los terrenos afectados por los convenios de la zona norte del municipio de Murcia. Hay 16 investigados. Se les acusa de los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, malversación de caudales públicos y cohecho.

13. CASO NUEVA CONDOMINA. Se trata de una PS del Caso Umbra. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos ha dictado ya el auto por el que abre juicio oral contra Miguel Ángel Cámara Botía, exalcalde de Murcia durante dos décadas, y contra dos ex altos responsables de la Gerencia de Urbanismo, quien fue su director, Pedro Morillas, y el antiguo jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver. La Fiscalía en su escrito de acusación atribuye a los tres procesados la comisión de sendos delitos de prevaricación continuada. Se han investigado las presuntas irregularidades urbanísticas en torno al estadio de fútbol "Nueva Condomina" que favorecieron al promotor y presidente del Real Murcia, Jesús Samper.

14. CASO ESCOMBRERAS. Esta causa está siendo investigada por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar. Se intenta esclarecer una supuesta trama de corrupción montada en torno a esa planta desaladora, por cuya explotación la Comunidad Autónoma se comprometió a realizar pagos por importe de 600 millones de euros en el plazo de 25 años. La desalinizadora está gestionada por empresas del grupo ACS, y según fuentes oficiales de la Comunidad Autónoma, el gobierno autonómico habría pagado hasta el momento hasta 94 millones de euros por el alquiler, debiendo por el momento otros 35 millones. La investigación judicial tiene su origen en una denuncia presentada a finales del pasado año por la Fiscalía Superior de la Región. En su denuncia figura como cabeza de la trama Antonio Cerdá, exconsejero de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel. Además de Cerdá, la acusación se dirige contra una quincena de funcionarios públicos y de integrantes de los consejos de administración de varias de las sociedades, públicas y privadas, que habrían participado en el supuesto fraude.

15. CASO SERRALLO. Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que instruye las dos querellas presentadas, como origen del caso, por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Granada. Están siendo investigadas 16 personas. Se les acusa de irregularidades urbanísticas junto al centro comercial Serrallo Plaza, en el extremo sureste de la ciudad, donde el Plan de Urbanismo preveía un parque y en su lugar se levantaron varias edificaciones sin solicitar licencia hasta terminar con la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje, a cargo de la constructora García Arrabal. Entre los investigados están José Hurtado, ex alcalde de Granada y la ex concejal de urbanismo, Isabel Nieto.

16. CASO ÁTICO ESTEPONA. Está siendo instruido por el  Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona cuyo titular es la juez Isabel Conejo. Se investigan las circunstancias que concurren en la venta de un ático de lujo de más de 500 metros cuadrados en 2008 por la empresa offshore Coast Investors que fue comprado por Ignacio González, el ex Presidente de la CAM y ex Secretario General del PP madrileño. Además del propio González están investigados, entre otros,  su mujer Lourdes Cavero y el Presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

17. CASO AMAT. Está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas del Mar. Se investigan las relaciones entre Gabriel Amat Ayllón, Alcalde de Roquetas del Mar, Presidente de la Diputación Provincial y Presidente del PP en Almería con una trama de empresas beneficiadas por sus decisiones. La mayoría de estas empresas están controladas por familiares y amigos del propio Amat.

18. CASO EÓLICAS.  El origen de la investigación está en un informe realizado por un inspector de la Agencia Tributaria, fechado el pasado 30 de diciembre de 2014, en el que se afirma que Altos Cargos de la Junta de Castilla y León en connivencia con algunas empresas de la comunidad cobraron 110 millones de euros para favorecer la concesión de autorizaciones para medio centenar de los 241 parques eólicos distribuidos por la comunidad en los diez últimos años.

Entre los beneficiarios estarían :

"Autoridades públicas de Castilla y León"

“Las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques”

“Los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas”

“Las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones”

Este informe dio pie a una investigación de la Fiscalía de Valladolid. Entre los citados en el informe se encuentra el entonces Viceconsejero de Economía, Rafael Delgado Núñez, el que firmaba las autorizaciones administrativas y Alberto Esgueva, que fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa pública de la Junta dedicada a fomentar exportaciones. Su grupo empresarial es uno de los más beneficiados por las operaciones. El responsable de la Consejería de Economía era y es Tomás Villanueva, que lleva en el cargo desde 2003.

19. CASO PUJALTE. Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid a raíz de la denuncia de la Fiscalía por delitos de falsedad en documento mercantil y cohecho contra, entre otros, el exdiputado Vicente Martínez Pujalte, la exsenadora Ana Torme y el empresario Alejandro Llorente Muñoz. El Juzgado ha acordado al mismo tiempo la inhibición de dichas diligencias al juzgado decano de Madrid al entender que los hechos ocurrieron allí. Pujalte y Torme están acusados de cobrar de Collosa, una constructora vallisoletana especializada en obra pública y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León. En la investigación sobre la trama eólica de Castilla y León, la Agencia Tributaria encontró contratos y facturas de una de las empresas beneficiadas con dos despachos: Sirga XXI Consultores y Estudio Jurídico Labor. El primero es propiedad de Vicente Martínez-Pujalte y la entonces diputada por Valladolid y exsenadora Ana Torme, y en el segundo participa, con el 70 por ciento de las acciones, Federico Trillo, entonces diputado y ahora embajador de España en Londres.

20. CASO PERLA NEGRA. Está siendo investigado por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, por supuesta malversación de fondos públicos en relación con las operaciones urbanísticas del edificio sede de ADE y la Consejería de Economía y Hacienda en Arroyo de la Encomienda y el parque industrial de Portillo. Hay 27 investigados. Una decena de ellos son o fueron altos cargos de la Consejería de Economía. Entre estos están el que fuera número dos de la Consejería de Economía Rafael Delgado, el ex consejero delegado de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, el ex gerente de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán o Pablo Trillo, actual delegado de la Junta en Valladolid y en su día alto cargo de la Consejería de Economía. La investigación ahonda no sólo en presuntas irregularidades en torno a la «Perla Negra», sino también en la compra de los terrenos del Parque Empresarial del Portillo (Valladolid), donde se estudia si hubo pelotazo urbanístico tras trascender que las empresas a las que Gesturcal se los compró por 35 millones los habrían adquirido por diez, según un informe policial.

Por su parte, la Fiscalía de Valladolid, en el marco de esta investigación, tras analizar todas las facturas relacionadas con la construcción y dotación del inmueble ha descubierto que Unifica, cuyo responsable, Gonzalo de Urquijo Fernández de Córdoba, está acusado de falsedad documental y fraude fiscal por haber aceptado pagos en negro por la reforma que se llevó a cabo en la sede del PP en la calle Génova 13 entre 2005 y 2011, empezó a trabajar en el edificio Perla Negra en 2007 y acabó en 2010 para la división interior y el mobiliario del edificio que finalmente costaron 4,4 millones de euros. Es decir, llegó a simultanear los proyectos para el PP madrileño, como partido, y para el PP de Castilla y León, como Administración. Por el momento, no aparece el expediente de adjudicación que, al parecer, se realizó sin concurso.

21. CASO SORIA. Tras la publicación de los denominados “Papeles de Panamá”, José Manuel Soria dimitió el 24 de abril como Ministro de Industria, Energía y Turismo, Diputado por Gran Canaria y Presidente del PP en la C.A de Canarias. El motivo ha sido su relación en el pasado con empresas en paraísos fiscales que le vinculaban con una sociedad radicada en las islas Jersey.

22. CASO GÓNDOLA. Está siendo instruido por el Juzgado Número 1 de San Bartolomé de Tirajana.  La investigación se inició en el año 2006 y están siendo investigadas 14 personas,  entre ellos el exalcalde, Francisco González. Además de numerosas irregularidades urbanísticas, se investigan empadronamientos clandestinos, compra de votos, gestiones para quitar multas de tráfico a los amigos , etc.

23. CASO FAYCAN. Tras decretar la apertura de juicio oral Francisco Javier García García-Sotoca, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Telde, está siendo juzgado por Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. La investigación tiene su origen en numerosas irregularidades en el Ayuntamiento de Telde durante el mandato del pacto entre el Partido Popular y AFV-Ciuca tras la denuncia de una empresaria a la que se pidió dinero a cambio de agilizarle los pagos de los servicios prestados por su empresa al ayuntamiento. Las investigaciones condujeron a la detención de media docena de concejales del PP al detectarse el presunto cobro y reparto de sobornos tanto en beneficio de los concejales como para reformas en la sede de ese partido en la ciudad. En total hay 37 personas acusadas entre concejales, funcionarios, asesores del grupo de gobierno y empresarios que presuntamente colaboraban en la trama.

24. CASO EOLO. Tras decretar la apertura de juicio oral el Juzgado de Instrucción nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria está siendo juzgado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Se juzga la adjudicación hace ya diez años de un concurso de la Consejería de Industria dirigida por el hermano de José Manuel Soria, Luis Soria López, y al que se presentó el empresario José Ignacio Esquivel, hermano del propietario de un chalet donde vivió gratis total durante 19 meses el ex ministro y entonces presidente del Cabido de Gran Canaria, mientras terminaba su nueva mansión en el barrio capitalino de Tafira. El Cabildo grancanario desistió de presentarse, a su vez, al concurso eólico con la empresa pública Megaturbinas de Arinaga. Hay 6 procesados a los que la fiscalía pide siete años de cárcel contra Celso Perdomo, exdirector general de Industria del Gobierno canario (2003-2005) por delitos de violación de secretos, cohecho y malversación; tres años y medio de cárcel para su novia, Mónica Quintana, por malversación y cohecho; dos años de cárcel para el funcionario Honorato López; y un año y medio de cárcel para los empresarios Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel por cohecho.

25. OPERACIÓN TOSCA . La investigación se inició en el año 2012 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de la Administración de la Ciudad Autónoma. Están siendo investigados Altos Cargos del Gobierno que preside Juan José Imbroda así como empresarios adjudicatarios. Se les acusa de presuntos delitos de prevaricación y cohecho. La investigación se centra en cinco consejerías del ejecutivo y otros organismos públicos, así como en varias empresas privadas. Las primeras son las de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Cultura y Fomento, además de la viceconsejería de Festejos. Entre las empresas, Eulen e Hinosa.

26. OPERACIÓN OPERA. La investigación se inició en el año 2009 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de la Administración de la Ciudad Autónoma. Están siendo investigados Altos Cargos del Gobierno que preside Juan José Imbroda así como empresarios adjudicatarios. En el marco de las actuaciones fueron detenidos altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y el interventor accidental de la Ciudad y llamados a declarar como testigos un ex Consejero de Medio Ambiente, un ex  Portavoz del Gobierno, Daniel Conesa, y un ex consejero de Fomento.

27. CASO SAN ANTONIO. El Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, por causar un perjuicio económico de 393.000 euros a las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato público con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado. Los hechos se produjeron en 2007, cuando Alonso era el alcalde de Vitoria y Maroto el delegado de Hacienda.

28. CASO BALTAR BLANCO. Esta investigación por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y acoso sexual está siendo instruida por la titular del juzgado número 3 de Ourense, Eva Armesto. El principal investigado es José Manuel Baltar Blanco, Presidente del PP y de la Diputación de Ourense, por supuestamente ofrecer a una mujer un empleo en la institución pública que preside a cambio de sexo.

29. CASO RATO. El ex Vicepresidente del Gobierno, ex Ministro de Economía y ex Gerente del FMI tiene abiertas las siguientes causas:

- Bankia. La instrucción la dirige el juez Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la AN. Tras presidir Caja Madrid gracias al apoyo de Rajoy, pasó a dirigir Bankia, la nueva entidad resultado de la fusión de varias Cajas de Ahorro. Su gestión dio como resultado la presentación de 3 querellas ante la Audiencia Nacional por las que está imputado junto a la cúpula directiva de Bankia. En estas querellas de UPyD y 15MpaRato e IU están acusados de presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, en conexión con delitos societarios, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas. Entre los imputados se encuentra el ex Ministro de Aznar y Secretario general del PP, Ángel Acebes.

- Tarjetas opacas. Esta PS del Caso Bankia se abrió en el 2014. El juez Andreu ha decretado la apertura de juicio oral que se celebrará en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional en una fecha aún por determinar. Hay 66 procesados, entre los que se encuentran los expresidentes de Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa. Todos ellos cargaron a Bankia 15,5 millones de euros en gastos personales entre los años 1999 y 2012. La fiscalía pide cuatro años y medio de prisión para Rato y seis años para Blesa por apropiación indebida. El ministerio público reclama que el exvicepresidente del Gobierno reintegre a la entidad los 2,69 millones de euros que los responsables de Caja Madrid y Bankia cargaron a las tarjetas opacas durante su mandato.

- Patrimonio y negocios privados. La instrucción la dirige el juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal. Tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía, al hilo de una investigación realizada por la AEAT. Está imputado por cuatro delitos:  fraude fiscal, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho entre particulares.

30. CASO ACUAMED. Está siendo investigado por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional cuyo titular es el juez Eloy Velasco. Se investiga la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014. El número de investigados suman 48, entre ellos varios Altos Cargos de la Administración General del Estado, incluido Federico Ramos de Armas, ex Secretario de Estado de Medio Ambiente, ex Presidente de Acuamed y ex Subsecretario del Ministerio de la Presidencia. En el sumario aparece citado reiteradamente el entonces Ministro de Agricultura y hoy Comisario Europeo, Miguel Arias Cañete.

31. CASO PEDRO GÓMEZ DE LA SERNA & GUSTAVO DE ARISTEGUI.  El origen está en una querella de la Fiscalía Anticorrupción admitida a tramite por  el juez De la Mata, titular del JCI nº 5 de la Audiencia nacional, contra el entonces diputado Pedro Gómez de la Serna, el embajador y es diputado del PP Gustavo de Arístegui y otras seis personas por presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. La querella se dirige también contra seis empresas vinculadas con los denunciados. Se trata de Scardovi SL, Karistia SL, Arroyo de Lagasca, SL Dial Trading SL, Internacional de Desarrollo Energético SA, Electrificaciones del Norte (Elecnor) y Karistia Maroc o Kamaroc RL. La fiscalía sospecha que cobraron comisiones a cambio de mediar para que empresas españolas consiguieran contratos en el extranjero.

 

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