La pandemia sigue haciendo estragos en todo el planeta. En España, en la segunda ola de esta crisis sanitaria, de nuevo las residencias de mayores se han convertido en punto dramático de la expansión de la enfermedad.
Cada día se conocen varios casos de centros que presentan brotes de contagios más que alarmantes. En Galicia, en contra de lo que advirtieron hace meses a ELPLURAL.COM distintos colectivos y entidades, se vendió desde el Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo una gestión avalada por unas cifras menos malas que en el resto del país. No obstante, esta segunda ola, ha echado por tierra aquellos elogios interesados. Ahora solo hay silencio total debido a la incidencia del coronavirus entre el colectivo de ancianos.
En muchos supuestos, un episodio masivo de contagios ha revelado condiciones lamentables en algunas instalaciones. En este apartado, mención especial requiere la residencia de Salvaterra do Miño, municipio del sur de la provincia de Pontevedra, a tenor de la denuncia presentada por TREGA (Traballadores de Residencias de Galicia).
En un escrito elevado a la Consellería de Política Social, este colectivo describe lo que sería propio de una película de terror. El problema es que lo que cuentan en dicho documento es real y, lo que es más grave, sucede en una residencia que fue intervenida por la Xunta de Galicia el 27 de octubre y, desde entonces, no se han adoptado medidas para corregir las condiciones en las que se encuentran instalaciones, usuarios y plantilla.
TREGA habla de “total abandono” de esta residencia en materia de “instalaciones, equipamiento y material”, además de “laboral”. La situación, por sí, ya sería grave, pero lo es más teniendo en cuenta que este es uno de los centros que sufrió un grave episodio de contagios tanto entre residentes, como en la plantilla.
La intervención de la Xunta se produjo por la detección de 110 casos y con la intención, según explicó la Consellería de Sanidade en un comunicado hecho público al llevarse a cabo la medida, de “garantizar la calidad asistencial y la correcta protección de la salud tanto de las personas usuarias, como de las trabajadoras y trabajadores del centro”.
Estas afirmaciones son relevantes porque 15 días después nada de lo dicho por la Xunta parece haberse cumplido, a tenor de la denuncia del colectivo TREGA y de las imágenes que la acompañan.
Usuarios encerrados con llave
Entre otras cosas, ponen de manifiesto que las instalaciones no reúnen “las mínimas condiciones de mantenimiento y salubridad”. En la actualidad, el gimnasio, además de utilizarse como una especie de vestuario, también hace de “almacén para todo”, concepto en el que se incluyen “alimentos, bebidas, lencería” o “bolsas de basura”.
En lo que a la atención a los mayores se refiere, subrayan que, si bien las camas no son clínicas que sería fundamental para “los usuarios que padecen patologías respiratorias, como es el caso de los pacientes de Covid”, lo peor es que los colchones son de muelles y “están totalmente rotos y sucios” lo que convierte en un descanso adecuado en toda una quimera.
Otro de los aspectos denunciados es que los residentes permanecen “encerrados con llave en sus habitaciones”, algo que iría contra la normativa actual de Servicios Sociales. “Una residencia no es una cárcel”, señalan en su escrito y, aunque reconocen que se debe cumplir un aislamiento, los residentes “deben tener la posibilidad de pedir ayuda aunque sea saliendo al corredor, puesto que los timbres no funcionan”.
Por lo que respecta al material, además de no haber ropa suficiente para cambiar las camas cuando es necesario, para la limpieza se se utilizan productos “de supermercado e destinados a consumo doméstico”. En cuanto al gel hidroalcohólico, también es muy escaso, a lo que se suma que solo hay “una palangana para cada 30 usuarios, obligando a las trabajadoras a usar la misma aunque sin la desinfección correspondiente”.
Otra de las denuncias es que el “90% de los usuarios tienen úlceras” a causa de la inmovilidad y por estar hasta 10 horas sin cambiar los pañales. Además, “los residentes permanecen sentados durante todo el día en sillas no adaptadas” y no hay en las instalaciones “sillones geriátricos”.
Según explican en la denuncia, lo descrito es solo una pequeña muestra, puesto que podrían continuar “a lo largo de 10 páginas más relatando las irregularidades, negligencias, falta de personal, abandono e, incluso, maltrato institucional hacia los usuarios”.
La Federación Rede que agrupa a las asociaciones de usuarios y familiares, a través de su presidente, Paulino Campos, ha recordado que “los dedos acusadores de los familiares y de las trabajadoras vienen señalando desde hace años a los servicios de inspección de Política Social”. A este departamento es al que apunta de manera directa la denuncia de TREGA.
"Impunidad"
Para Campos, se trata de “uno de los órganos claramente responsables de la impunidad con la que han venido actuando y alardeando una buena parte de las residencias y sus empresas gestoras en Galicia en los últimos once años, los que coinciden con la llegada de Núñez Feijóo a la presidencia de la Xunta de Galicia”. Ahora, ha vuelto a insistir en la necesidad de “una limpieza profesional y ética” en este departamento fundamental para “la llegada de la dignidad a los centros”.
La residencia geriátrica de Salvaterra, desde el 27 de octubre bajo gestión de la Xunta de Galicia, es de un propietario privado que también tiene un centro comercial, un hotel y una empresa dedicada a la inversión inmobiliaria. El centro de mayores cuenta con casi 110 plazas de las cuales, según los datos hechos públicos por TREGA, 72 están subvencionadas (60 son beneficiarias de cheque asistencial y 12 concertadas con la Administración Pública).
