Una vez más, la gestión que la Xunta de Galicia hace en las residencias de mayores vuelve a ser puesta en entredicho. En esta ocasión, si cabe, es mayor la gravedad de lo que denuncian familiares porque tienen que ver con el centro más grande de la región de gestión 100% pública.
Se trata del CRAPD Vigo (residencia asistida de Bembrive-Vigo). Este establecimiento acumula decenas de denuncias por parte de familiares de usuarios que han sido ignoradas por la administración autonómica.
Ayer se concentraron ante el propio centro para hacer pública esta situación, y lo hicieron bajo el paraguas de la Federación Galega REDE. En el punto de mira de sus quejas se encuentran dos altos cargos de la administración autonómica por “dejar paralizadas desde hace un año en un cajón” de la Consellería de Política Social dichas denuncias. Este lunes, en un comunicado, REDE asegura que, en conversaciones de algunos funcionarios con familiares de usuarios de la residencia, estos les han reconocido que “no se les está dando curso en tiempo y forma a muchas denuncias, sobre todo las que están fundamentadas en hechos graves” o en “incidentes cotidianos” por los que se daría la razón a los denunciantes.
Los dos directores generales sobre los que se dirigen las crítica son Fernando González Abeijón (de Maiores e Persoas con Discapacidade) y Antonio Acevedo (de Atención Integral Sociosanitaria). A ambos los califican desde la Federación Galega como “inductores de la paralización” de los mecanismos que han de conducir a “la investigación de las reclamaciones”.
González y Acevedo llevan en sus cargos poco más de un año y su llegada se produjo tras el cese del que ha sido director xeral de Maiores, Ildefonso de la Campa, “de uno de los políticos más irresponsables de los últimos tiempos”, tal y como han enfatizado familiares y personal del sector.
Se da la circunstancia de que, justo antes de la llegada de los nuevos altos cargos -el 2 de septiembre de 2020-, la asociación de familiares creada en la residencia de Vigo envío una carta a De la Campa mostrando su preocupación por determinados comportamientos que, desde el punto de vista “humano, asistencial y sanitario, no se pueden aceptar en el marco de una sociedad moderna y avanzada”. En la misiva, por tal motivo, le solicitaban al entonces director xeral de Maiores una “reunión por vía de urgencia”.
El mismo escrito se trasladó también al director del centro, Óscar Arroyo, adviertiéndole de que “las personas mayores y dependientes no estaban siendo tratadas con el respeto y con la calidad que debería ser norma común en los servicios sociales financiados por todos”. En asunto no es menor porque este centro, conocido popularmente como ‘a asistida’ es el más grande de toda la región con 306 plazas y una plantilla de 280 personas.
Ha transcurrido un año desde aquella petición por carta sin que De la Campa y quienes le han sustituido haya dado la reunión o aportado soluciones. Antes al contrario, desde el mes de agosto del año pasado hasta ahora “se han tramitado más de 200 denuncias que, en su mayoría, han ido a parar a un cajón misterioso, desde el que se quiere evitar su visibilidad”, en palabras de Paulino Campos, presidente de REDE.
A su juicio, la ocultación de estas denuncias es “un hecho muy grave que choca con el deseo expresado ahora oficiosamente por la Xunta de Galicia de abrir canales de comunicación entre Administración y familiares y usuarias de residencias”. Cabe recordar que, desde hace algunas semanas, el Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo trata de ‘vender’ la preparación de un nuevo modelo para las residencias gallegas, algo que, para Campos, a la vista de lo sucede con ‘a asistida’, “es un farsa” y demuestra que, en realidad, la Xunta “no tiene intención de hacer” un nuevo modelo para estos centros.
Por todo ello, para combatir este “cordón de oscurantismo y ocultación” de la administración gallega, los familiares llevaron su protesta ante las propias puertas del CRAPD donde corearon consignas como “200 denuncias ¡ocultas en el cajón!”, “En la residencia ‘asistida’ gente abatida” o “Cuidados dignos, no bajo mínimos”, entre otras.
Campos es contundente al indicar que “lo que hace la Xunta con el CRAPD es de una gravedad insultante, de hecho pretendemos que la fiscalía investigue este ocultamiento de decenas y decenas de denuncias tramitadas oficialmente por las familias, queremos saber quienes son los reponsables”. A la espera de que se pronuncie la administración de Justicia, los familiares han anunciado que el de ayer ha sido solo el primer acto de protesta de toda una serie de acciones similares que llevarán a cabo también en otros centros de la región.
