Todavía generan rechazo y sorpresa las condiciones en las que se encuentran los mayores de la residencia privada de Salvaterra do Miño, en la provincia de Pontevedra. A pesar de estar gestionado el centro desde hace 15 días por Política Social de la Xunta de Galicia, los usuarios seguían esta semana en una situación lamentable, tal y como informó ELPLURAL.COM el martes.
Entre otras cosas, los ancianos permanecían “encerrados con llave” en sus habitaciones, sin el material adecuado a sus circunstancias, con colchones rotos y antiguos, con los muelles a la vista y careciendo de los mínimos parámetros de salubridad. Como resumió la Fundación REDE que engloba a las asociaciones gallegas de familiares y usuarios de residencias haciéndose eco de lo dicho por las trabajadoras de la misma, “malvivían en unas condiciones dantescas”.
Precisamente, el motivo de hacer pública esta situación era denunciar que la Consellería de Sanidade y, sobre todo, Política Social, a pesar de anunciar la intervención de la residencia el 27 de octubre por un brote de coronavirus, no adoptó las medidas oportunas.
Hoy, sin embargo, todo este asunto vuelve a aportar más datos a la llamada ya “residencia de los horrores” que inciden en un hecho delictivo que, por desgracia, ha acompañado a Galicia en las últimas décadas: el narcotráfico.
Este jueves, la Federación de asociaciones gallegas de familiares y usuarios de residencias apunta a que algún miembro de la familia que gestiona esta residencia, y de cuyo “conglomerado de sociedades” también forman parte un “centro comercial y una inmobiliaria en Vigo; un hotel y una sociedad de frigoríficos congeladores en Ponteareas; una empresa de comercio al por mayor de pescados y mariscos en Mondariz, además de un concesionario de coches de lujo en Carmona (Sevilla)”, tiene vínculos evidentes con el tráfico de drogas.
En concreto, según señala REDE, al frente de dicho conjunto de empresas se encuentra Juan Jesús Ibáñez Carrera y buena parte de ellas, dice esta entidad, las fundó el “padre de los hermanos Ibáñez Carrera, jefe natural de la saga, en la que participaba también su mujer Concha”. Ambos, padre y madre, son de la parroquia de Santa Mariña de Xinzo (Ponteareas) y “conocidos con el mote de Os Carroña’.
Tras un primer negocio de pescado en sus orígenes, continúa señalando este colectivo que “Manuel, el patriarca, aliado con su hermano 'Nito' Ibáñez, según vecinos que conocen bien sus trayectorias, hicieron su primera fortuna con el contrabando de tabaco fronterizo, entre Galicia y Portugal”. Como fruto proceden las inversiones más destacadas que ahora forman parte del patrimonio empresarial de los descendientes Ibáñez Carrera.
Buscado por la DEA
La muerte del patriarca hace aproximadamente 10 años propició la salida de las sociedades de su hijo Manuel quien, hasta ese 2010, según REDE, figuraba como administrador solidario de la residencia de Salvaterra. Su hermano Juan Jesús, el mismo día que el anterior deja de ser administrador solidario, según se recoge en el registro, es decir, el 17 de junio de 2010, se convierte en administrador único, cargo en el que continúa en la actualidad.
En Galicia, con una familia que se ha podido dedicar al contrabando de tabaco, lo habitual es que, si no todos, sí alguno de sus miembros dé el salto a mayores hazañas delictivas. Y esto parece que es lo que ocurrió con Manuel hijo.
Siempre según el relato de la Federación, se pasó “al tráfico internacional de cocaína, hasta que en 2013, tras una investigación de 18 meses, una operación coordinada de policías de seis países lo ‘cazó’ como jefe europeo de una organización poderosa liderada por un conocido capo colombiano”.
Para que no falte de nada en el relato, ”la organización criminal, también ducha en asesinatos y fugas, introducía cocaína por el aeropuerto de Lisboa”. Esa droga llegaba después a Galicia por carretera “oculta entre partidas de pescado congelado”. Curiosamente, una de las empresas de la familia se dedica a los frigoríficos y otra al comercio de pescados y mariscos, aunque no se menciona vinculación alguna con el traslado de droga desde la capital portuguesa mencionado.
Desde 2014, el que fuera administrador de la “residencia de los horrores” permanece encarcelado en una prisión de Río de Janeiro, Brasil, después de que la DEA estadounidense lo hubiese considerado uno de los cabecillas del tráfico de cocaína en Europa.
16 mayores fallecidos
Sin embargo, en una situación de pandemia como la actual, lo anterior no debe tapar lo importante que pasa por reclamar responsabilidades a quienes tienen la competencia en materia de residencias, es decir, a la administración autonómica.
El motivo es que, desde que se produjo la supuesta intervención de esta residencia hace 15 días, las condiciones no han mejorado. Lo grave es el resultado de todo esto: hasta el momento 16 ancianos han fallecido a causa del coronavirus. Curiosamente, según los responsables de REDE, incluso “varias trabajadoras contratadas por la Xunta de Galicia”, se supone que como refuerzo temporal para hacer frente a las deficiencias del centro, “se han dado de baja afectadas por las condiciones deprimentes y degradantes con las que tenían que convivir cada día”.
TREGA lo denunció esta semana; la federación de asociaciones de familiares y usuarios insisten en la petición de soluciones. Esto no viene de ahora sino que se remonta a 2017.
Ahora que el escándalo cada vez adquiere mayor relevancia, parece que hay una reacción por parte de la Xunta: “No temblará la mano” ante la opción de cerrar el centro, aseguran desde la Federación.
