En Galicia, en lo que va de pandemia han fallecido 2.395 personas. De ellas, 355 lo hicieron en residencias y otras 435 tenían alguna vinculación con estos centros. Las cifras son dramáticas. El Covid 19 se ha cebado con el colectivo más vulnerable: el de los mayores. Aunque en otras regiones los datos son aún más elevados, en la gallega, desde que tras los primeros meses de coronavirus se empezase a reclamar transparencia a la Xunta en relación con los casos en residencias, esa claridad no ha existido, a tenor de lo que han denunciado las familias de usuarios, bien de forma individual, bien como integrantes de asociaciones.
Un ejemplo de lo que, desde algunos ámbitos, se ha calificado como ‘halo de misterio’ que rodea a todo lo sucedido en estos centros, se vio el pasado mes de agosto con la negativa del PP a apoyar una comisión de investigación en el Parlamento gallego. Lo curioso es que ese ‘no’ llegó después de una reunión con representantes de la Federación REDE en la que el representante ‘popular’ dio a entender que su partido respaldaría esa iniciativa.
De nuevo ayer el PP volvió a utilizar su mayoría absoluta para echar por tierra una iniciativa del PSdeG con el objetivo de investigar lo ocurrido en las residencias de mayores de Galicia. La encargada de presentar fue la portavoz socialista de Política Social, Marina Ortega, que aseguró durante su intervención que la petición no es un “capricho”, es una necesidad para “esclarecer” que sucedió en estos centros. “Tenemos 790 razones”, señaló en referencia a las personas que directa o indirectamente fallecieron en residencias de la región.
Ortega, que este martes habló de la necesidad de transparencia a la hora de abordar este asunto, ha dicho hoy a ELPLURAL.COM, hasta el momento el proceso, por parte del Gobierno gallego no ha sido del todo claro. “Solicitamos por todas las vías reglamentarias posibles los datos desglosados de cada centro”, sin obtener respuesta alguna.
Esa información está a disposición de la Consellería de Política Social que, cada día, “recibía los datos” de todos estos centros, “con independencia de su titularidad o gestión”. Por eso, para los socialistas gallegos aún es más incomprensible este oscurantismo, algo que, por otra parte, ya denunciaron en otros momentos de la pandemia diversos colectivos, teniendo en cuenta, además, que el Ejecutivo está obligado a facilitarlos al ser requerido reglamentariamente.
Por eso, ante la pregunta de por qué ha sido imposible acceder a esa información, la portavoz socialista ha asegurado que, sin entrar en sospechas -“queremos pensar que todo se hizo de forma correcta y con la mejor voluntad”-, sí es preciso determinar cuántas muertes por Covid 19 se produjeron en cada uno de los centros, así como el número de esos fallecimientos “con síntomas relacionados, pero sin prueba diagnóstica”.
¿Por qué se han dado estas cifras?
Del mismo modo, según dice Marina Ortega, pensando en las familias, su formación reclama saber “el tipo de restricciones aplicadas, los efectos de las mismas en los residentes y qué personas fueron derivadas o no a residencias intermedias o centros hospitalarios”.
Uno de los aspectos sobre los que más han llamado la atención tanto la oposición, como las entidades y colectivos de usuarios de residencias es el de las causas por las que la pandemia ha hecho estragos en este tipo de centros.
Al margen de las cuestiones sanitarias, sobre la mesa ha estado, por una parte, la privatización constante del servicio, con cada vez más instalaciones pertenecientes a empresas o congregaciones religiosas que se han visto beneficiados a través de conciertos con la Xunta; por otra, la ausencia de protocolos concretos que permitiesen estar preparados ante una situación de estas características. La clave, para muchos, está en el modelo a elegir y que, según han denunciado desde REDE en más de una ocasión, es el privado desde que en 2009 Alberto Núñez Feijóo está al frente de la administración autonómica.
En palabras de Marina Ortega, existe actualmente una “descompensación entre plazas públicas y privadas”, una circunstancia que ya constató en 2018 el Consello de Contas a través de un informe contundente. Esa apuesta por lo privado también la ha ratificado “la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales”. La conclusión es significativa y pasa por convertir “Galicia en la Comunidad Autónoma con menos porcentaje de plazas públicas de España”.
Ortega mencionó en su intervención de ayer en relación con lo anterior otro hecho que “agrava” todavía más el problema: el descenso de las inspecciones dependientes de la Xunta. Esto unido al incremento de las plazas privadas da lugar a una “ecuación peligrosa” que aplica el Gobierno de Feijóo y que, para la diputada del PSdeG, se resume en “más privatización y menos Inspección lo cual equivale a un descontrol en cuanto al cumplimiento de la normativa”.
A la hora de analizar si el Ejecutivo gallego ha tomado nota o no de lo ocurrido y ha empezado a cambiar el modelo, Marina Ortega ha sido muy clara al señalar que “lo primero que debería hacer es aceptar el error”. Esto, no solo no se ha producido, sino que “la Consellería de Política Social y el propio presidente Feijóo son negacionistas en este aspecto. Se niegan a reconocer que las cosas no estaban bien en las residencias ya antes de la pandemia”, un hecho que le invita a ser “pesimista” en cuanto al cambio de modelo.
Coincide con la Federación Galega de Familiares y Usuarios, REDE, en que las medidas que se ha adoptado hasta ahora responden “a un escaparate vacío de contenido, que genera titulares pero no resuelven”.
A modo de conclusión, la portavoz de Política Social de los socialistas en el Parlamento gallego ha aseverado a ELPLURAL.COM que la instar a un cambio “no es buscar culpables, sólo conocer la verdad y con ello aprender, rectificar, prevenir y blindar el bienestar de las personas mayores”, para quienes, además, ha reclamado que “tengan voz en todo esto”, porque se trata de “su futuro inmediato”.
Por ahora, esa voz tendrá que esperar porque el Parlamento regional ha dicho no a la investigación de los datos y cifras que arrojan las residencias.
