Las elecciones en la Comunidad de Madrid del próximo martes, 4 de mayo, continúan llevándose buena parte de los titulares de los medios de comunicación. La pelea dialéctica, recrudecida tras el intento de debate del pasado viernes en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, se centra, sobre todo, en dos de los actores principales de la contienda preelectoral: Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias.

La primera, además de tratar de trasladar al ámbito nacional los comicios regionales con alusiones a Pedro Sánchez, lanza de forma permanente mensaje contra el candidato de Unidas Podemos. En buena parte de las ocasiones, tal y como también lo hizo en el único debate celebrado hasta el momento, una y otro se echan en cara las cifras que arrojan las residencias de mayores, no en vano, Madrid es la comunidad que presenta los número más dramáticos en este campo. Las discusiones giran en torno a quién ostentaba la competencia en la primera ola, es decir, qué administración adoptaba las medidas.

En Galicia, parece evidente que estas corresponden a la que, por ley, tiene esas competencias, es decir, la Xunta. En realidad, más allá de disputas electoralistas, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo ha tenido en estos centros uno de los quebraderos de cabeza más importantes de la pandemia.

A lo largo de meses, desde diferentes ámbitos se ha reclamado más transparencia, siendo las familias de los residentes las más reivindicativas en este sentido, en particular, la Federación de asociaciones de este tipo, REDE.

El cambio de modelo de gestión es uno de los caballos de batalla de esta entidad que, incluso, allá por el mes de agosto promovió la creación en el Parlamenteo gallego de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en estos centros, algo que finalmente no salió adelante por el voto en contra del Partido Popular.

Privatización al 80%

Hoy de nuevo ha vuelto a hablarse de la necesidad de modificar la gestión, en una comunidad, como la gallega, en la que desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia ha visto como el sector ha ido privatizándose hasta alcanzar un porcentaje que supera el 80% del total de centros de este tipo que se reparten por toda la región.

Lo ocurrido en el último año ha servido para poner de manifiesto la situación de muchas de estas residencias, que en el caso gallego ha puesto en el disparadero un modelo que vienen criticando y denunciando desde hace tiempo las familias de los usuarios. Este lunes lo ha recordado la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, que ha puesto el foco de la situación del sector en la privatización de la gestión.

En la cúspide de la polémica, el BNG pone dos ejemplos significativos. Por una parte, las residencias que “están controladas por fondos de capital que operan desde paraísos fiscales”, apartado en el que cita a DomusVi, la principal empresa a nivel regional y estatal; por otra, aquellas relacionadas con con “entidades vinculadas a la iglesia”, citando las de la Fundación San Rosendo y Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

Para Pontón, se trata de “un problema de país y de nada sirve ocultarlo”. A su juicio, hay que superar los dos “extremos” entre los que se mueve la gestión de estas instalaciones en Galicia, es decir, el del “negocio puro y duro y el de la caridad asistencial”.

Dos propuestas

Precisamente, para realizar estas manifestaciones, la dirigente nacionalistas se ha desplazado hasta la residencia que DomusVi tiene en Santiago de Compostela.

“DomusVi -ha dicho- es uno de los grandes gigantes de ese modelo que hace negocio con la atención a las personas mayores, propiedad de un fondo de capital británico, de un fondo de los Emiratos Árabes y de un multimillonario francés”, añadiendo que, además, “opera desde la ilsta de Jersey”. A la vista de los resultados, según ha asegurado, se trata de un modelo “fracasado” que hay que cambiar y convertirlo en un “servicio público”.

Para dar un giro de 180 grados, el BNG aboga por un cambio “radical”, para lo cual va a elevar al Parlamento una doble propuesta. La primera, que las siete residencias previstas en las grandes ciudades sean íntegramente públicas; la segunda, recuperar a medida que concluyan los contratos el control del resto de centros que, siendo de titularidad pública, se encuentran en manos privadas.

A modo de conclusión, Ana Pontón compara lo que ocurre con las residencias con la situación de la sanidad y la educación, afirmando que si estos ámbitos estuvieran privatizados en más de un 80% “nos llevaríamos las manos a la cabeza”, pero esto es lo que pasa con las residencias.