Mientras el presidente de la Xunta de Galicia continúa reclamando al Gobierno central más vacunas y que abra la posibilidad a las Comunidades Autónomas de rebajar la hora del toque de queda, sigue teniendo un grave problema en las residencias de mayores.
El recién concluido mes de enero se convirtió en el segundo con mayor número de fallecidos (382) desde el inicio de la pandemia. De ellos, alrededor del 40% eran usuarios de residencias de mayores. El dato corrobora lo que vienen denunciando desde el principio de esta crisis distintas entidades. Se quejan de que no se han hecho los deberes y la consecuencia es que tanto las cifras de positivos, como de víctimas mortales, siguen incrementándose.
En algunas regiones, cuando se registra un positivo en un centro de mayores, se traslada a otras instalaciones para cumplir un aislamiento y no afectar al resto de residentes. Es un modelo importado de otros países que funcionó en algunos casos de Euskadi, siempre en centros de carácter público.
En Galicia, la entidad religiosa Fundación San Rosendo, pudiera parecer que optase por algo similar, a tenor de lo que ha hecho con su residencia Os Gozos, situada en la localidad ourensana de O Pereiro de Aguiar.
Sin embargo, observando la denuncia pública que hoy mismo ha presentado la Asociación Galega de Familiares y Usuarios Residencias, REDE, ante la Valedora do Pobo (Defensora del Pueblo), lo que ocurre en este centro geriátrico no responde a los criterios válidos de funcionamiento, sobre todo para los residentes y sus familias.
En el escrito elevado a la Valedora, la entidad denunciante asegura que “no existen normativas ni garantía jurídica y sanitaria” que ampare lo que denomina “práctica 'privada'”.
REDE, en concreto, señala que esta Fundación religiosa ha trasladado desde diferentes puntos de Galicia hasta la residencia Os Gozos a “decenas de ancianos”. La práctica la ha llevado a cabo, además, sin “el consentimiento de las familias”, tal y como ha señalado a ELPLURAL.COM, Paulino Campos, presidente de la Asociación, añadiendo que todo esto con “la presunta permisividad de la Xunta”.
¿Visto bueno de la Xunta?
Precisamente, sobre esto, reclaman que se determine si ha habido visto bueno de la administración autonómica en este sentido, y se pronuncie sobre si es legal el funcionamiento de esta residencia como “receptora de casos covid”. Asimismo, piden amparo para que se determine qué papel juega la administración gallega en estas iniciativas y, sobre todo, “si promueve y ampara este tipo de acciones alegales o fuera de normativa”.
La Fundación San Rosendo es, en la actualidad, la entidad que gestiona el mayor número de residencias en Galicia, un total de 46, si bien DomusVI, aunque con menos centros de estas características, acumula más cantidad de residentes.
En el escrito presentado este martes por REDE, según ha subrayado Campos, también se pide a la Valedora do Pobo que proteja “los derechos de las personas mayores y los pacientes”, al tiempo que instan a aclarar “las circunstancias que concurren en los más de 100 traslados de ancianos infectados por la COVID-19”, es decir, cómo se produjeron.
La Asociación Galega de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia en las preguntas que plantea a la Valedora también reclama, entre otras cuestiones, los datos de cuándo comenzaron esos traslados desde diferentes puntos de Galicia.
Muchas incógnitas existen sobre un centro, el de Nuestra Señora de Los Gozos, que ya sufrió en octubre del año pasado un brote que afectó al 84% de los usuarios, siendo uno de los que la administración gallega tuvo que intervenir.
Además, hace solo unos días, en sus instalaciones se dio fue uno de los casos más llamativos y dramáticos a la vez. A Rogelia Blanco la que dieron por muerta e, incluso, ‘enterraron’ para luego 'reaparecer'. Esta mujer fue trasladada de su residencia en Xove (Lugo) a la ourensana de Os Gozos. Aquí se dio por fallecida por un “error de la propia Fundación”. La confundieron con otra mujer, compañera de habitación, que sí murió. El entuerto duró 10 días.
Poca transparencia
A raíz de este episodio, la Fundación que gestiona la residencia hizo público un comunicado en el que justificó su forma de proceder amparada por “el consentimiento de las Consellerías de Sanidade y Política Social”. En el mismo, también afirmaban disponer de la autorización de las familias para los traslados.
Paulino Campos ha confirmado a ELPLURAL.COM que, por lo menos en varios supuestos, no ha existido, no ya el permiso, sino ni siquiera la información a las familias, algo que también incluye en el escrito presentado hoy a la Valedora do Pobo. En el mismo, le solicitan que, en caso de constatar la “conculcación de derechos de ciudadanos y pacientes” se exija la cancelación inmediata de este tipo de traslados, sin perjuicio de que los hechos se pongan en conocimiento de la Fiscalía.
En Galicia, en más de una ocasión desde el comienzo de la pandemia, se ha hablado de la poca claridad de los datos que la Xunta hace públicos en relación con las residencias de mayores.
REDE vuelve sobre este tema al incluir al final de la petición a la Defensora del Pueblo gallega, al solicitar ante “la falta de transparencia de la administración autonómica” los datos concretos del “número de contagios y fallecimientos en Os Gozos desde el establecimiento del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020”.
