El pasado 11 de marzo de 2026 el Consejo de Ministros aprobó su primer informe voluntario sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH). En sí mismo, ya es una buena noticia. Es una señal de intenciones y compromiso positivo, que nuestro país incorpore el DIH en su actividad administrativa de forma estructurada y previsible, con el propósito de consolidarse, como algo ordinario y no extraordinario, en la acción del Gobierno de España, tal y como estaba comprometido en la Estrategia de Diplomacia Humanitaria (2023-2026).
La primera reflexión, anecdótica, pero relevante, es que el primer pilar en orden cronológico, donde España sustenta su arquitectura jurídica humanitaria, son las Convenciones de Paz de la Haya de 1899 y la de 1907. Estas normas, son la base del derecho internacional humanitario moderno aplicado, a conflictos armados terrestres y marítimos ratificados por el Estado español. Por entonces, España, acababa de perder en dos conflictos; Cuba y Filipinas. Se entiende, que buscaba en este ámbito, limitar los efectos de la guerra y facilitar el arbitraje internacional.
Ahora, pasados 120 años, ese mismo DIH, es una pieza esencial para configurar a nuestro país en la escena internacional. Depende de cómo sea el anclaje y la influencia del DIH en nuestra acción exterior, así será parte importante de la definición del país que somos y sobre todo que aspiramos a ser.
Algo tan sencillo como la promoción y el respeto de las normas internacionales que protegen la dignidad humana en los conflictos, especialmente a la población civil, puede ser un instrumento muy eficaz, primero salvando y protegiendo vidas humanas, pero también en términos de credibilidad internacional como país. En este momento, como señala el informe voluntario del Gobierno, hay más de 130 conflictos armados activos en el mundo, donde resulta urgente y necesario asegurar la aplicación efectiva del DIH.
El fondo y las formas de actuación de España en el marco de esos conflictos armados, en términos de reputación “corporativa” de país, es determinante para su “competitividad” en un ecosistema de absoluta interconexión global. Lo que pasa humanitariamente en Sudán, Yemen o en la frontera entre Tailandia y Camboya afecta de forma directa a los intereses generales de España, por muy lejano y raro que suene. Esto sería el primer capital, de este informe, ya que puede ir contribuyendo a este cambio estructural de la acción exterior de España, situando el DIH y la “diplomacia humanitaria” como un facilitador de la defensa y promoción de los intereses generales de España tomando como punto de partida la Estrategia de Acción Exterior (2021-2024) que encomienda a la Administración General del Estado el mandato de reforzar la diplomacia humanitaria a través de la Estrategia Española de Diplomacia Humanitaria (2023-2026).
En segundo lugar, el informe detalla de forma precisa, el catálogo temático donde principalmente en forma de declaraciones internacionales, España se suma junto a otros países a iniciativas relacionadas directamente con el DIH. Destacar, por ejemplo, la Declaración sobre Escuelas Seguras de 2015, una buena muestra de “política de Estado” que trasciende legislaturas. La Declaración sobre Escuelas Seguras es un instrumento político a través del cual los estados reconocen los distintos obstáculos que afectan a la educación durante los conflictos armados y formulan compromisos de mejorar la protección brindada a los estudiantes, el personal y los establecimientos educativos en épocas de guerra. Si bien las consultas previas, fueron encabezadas por Noruega y Argentina en Ginebra, y se presentó para su respaldo en la Conferencia de Oslo sobre Escuelas Seguras celebrada el 29 de mayo de 2015 en Noruega, el papel de España está siendo determinante. La red diplomática española tiene actualmente instrucciones de impulsar esta Declaración allá donde haya oportunidad. Esto en sí mismo es un avance muy importante, pero además el actual Gobierno lideró globalmente en 2019 la III Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras que se celebró en Palma de Mallorca del 27 al 29 de mayo de 2019, reuniendo a 90 países para promover la protección de la educación en conflictos armados.
En ese punto de partida, tanto la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUEC) pusieron a nuestro país a la cabeza de un asunto crucial en el DIH. Un asunto que vincula perfectamente con la recién aprobada Estrategia de Cooperación Feminista, teniendo en cuenta que como señala un informe de Plan International que forma parte de la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (Global Coalition to Protect Education from Attack, GCPEA) señala que “entre 2015 y 2019, las niñas y las mujeres fueron blanco directo de ataques debido a su género en 21 países. En algunos contextos, los grupos armados amenazan a las y los profesores, a los estudiantes y a las familias para que no eduquen a las niñas, en un esfuerzo por suprimir la educación de las niñas. En contextos como Nigeria, Pakistán y Afganistán, las escuelas de niñas han sido atacadas directamente, en parte debido a la oposición ideológica o religiosa a la educación de las niñas”.
Un tercer elemento, relevante y de enorme trascendencia a corto plazo, son las armas autónomas. Por ejemplo, en Ucrania los drones de corto alcance se han convertido en el arma más mortífera para la población civil provocando en 2025 un aumento del 24% en las muertes de civiles respecto al año anterior. Igual en Sudán donde Naciones Unidas ha alertado del incremento exponencial del uso de estas armas sobre la población civil, y la semana pasada un solo dron atacó una escuela y causó la muerte de 17 personas, en su mayoría niñas que estaban en clase. El informe señala acertadamente, que si bien no hay todavía un Tratado Internacional sobre Armas Autónomas Letales, España asume como una prioridad el trabajo dentro del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Tecnologías Emergentes que bajo el mandato de la Convención de las Naciones Unidas sobre determinadas Armas Convencionales (CCAC) pueda aplicar y hacer efectivo el DIH en esta nueva realidad emergente de amenazas a la población civil.
Un cuarto elemento a destacar del informe tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas ya que lo facilita y por otro la previsibilidad que facilita para la acción humanitaria que lidera la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI) y la AECID en el conjunto del Estado en “modo” de Cooperación Española. El informe ayuda a planificar operativamente intervenciones que puedan contribuir y reforzar los esfuerzos en materia de DIH.
Por último, no son pocos los desafíos y retos pendientes que pueden señalarse en el análisis de este primer informe. Lo primero, la necesidad de consolidarse como herramienta administrativa del Gobierno en su acción exterior. A este primer informe deberán sucederles otros de forma previsible y planificada.
El segundo reto sería la incorporación de la diplomacia humanitaria, en el marco del poder legislativo como actor que puede contribuir y sumar en muchos contextos. Un Congreso y un Senado que ayude en la acción exterior hace más fuerte a España en su defensa y promoción del DIH. Un buen ejemplo es el último informe del Parlamento Europeo liderado por la diputada española Leire Pajín donde además de una radiografía exhaustiva y solvente del contexto humanitario actual también señala hojas de ruta de abordaje de muchas crisis humanitarias. Se trata de una bitácora europea para asuntos humanitarios done hay una parte importante relacionados con el DIH y la diplomacia humanitaria. Que desde el Congreso se pudiera impulsar un informe español similar que refuerce la Estrategia de Diplomacia Humanitaria sería un avance importante.
Por último, cristalizar y blindar en forma de Presupuestos Generales del Estado, esta prioridad de país, haciendo que el mandato humanitario de salvar y proteger vidas y el DIH, forme parte del sistema operativo de la acción exterior como un elemento estructural y no coyuntural.
