La Sala Penal ha cerrado la puerta, por mayoría, al indulto solicitado para el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. El tribunal que le condenó por revelación de datos reservados ha remitido un informe desfavorable al considerar que la petición no aporta argumentos suficientes para activar la medida de gracia.
Los magistrados sostienen que el caso no reúne motivos de justicia, equidad o utilidad pública, los tres criterios que suelen invocarse en este tipo de expedientes. A su juicio, la condena afecta a una conducta especialmente sensible por el cargo que ocupaba García Ortiz y por el papel institucional del Ministerio Público.
La Sala recalca que el deber de secreto y confidencialidad no es una exigencia menor dentro de la Fiscalía. Su incumplimiento, una vez confirmado por sentencia firme, debe tener consecuencias. El tribunal admite que la pena pendiente no tiene gran alcance práctico, pero insiste en que eso no justifica dejarla sin efecto.
El informe recuerda además que el indulto no borra el delito ni revisa la sentencia. Solo puede aplicarse sobre penas que aún estén en ejecución. En el caso de García Ortiz, la única parte pendiente es la inhabilitación especial para volver a ocupar el cargo de fiscal general del Estado.
Con ese argumento, la Sala sostiene que la solicitud tiene un recorrido muy limitado. También reprocha a los promotores del indulto que no hayan explicado qué interés público, razón de justicia o elemento de equidad justificaría la concesión.
El documento será trasladado ahora a la presidenta del Tribunal Supremo para que lo remita al Ministerio de Justicia, encargado de continuar la tramitación del expediente.
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