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El Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto aprobar este martes, 3 de noviembre, un paquete de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Las medidas tomarán como referencia las aprobadas tras la tragedia de Adamuz (Córdoba), ocurrida en enero, e incluirán compensaciones económicas, anticipos de indemnizaciones y nuevas fórmulas de asistencia a los afectados.
Sánchez confirmó la iniciativa este lunes durante su intervención en el foro World in Progress, celebrado en Barcelona y organizado por el Grupo Prisa. El presidente adelantó que el paquete tendrá cuatro ejes: ayudas económicas, anticipos de indemnizaciones, una cobertura mejorada para las bajas laborales y oficinas de atención especializada en las comunidades de residencia de los afectados.
El modelo de Adamuz permite conocer las cantidades y los procedimientos que sirvieron para atender a las víctimas de aquel accidente. Sin embargo, los importes y requisitos específicos para Urda siguen pendientes de aprobación, por lo que no puede darse por hecho que las familias recibirán exactamente las mismas compensaciones.
¿Cuánto dinero recibieron las víctimas de Adamuz?
Tras el accidente de Adamuz, el Ejecutivo aprobó el Real Decreto-ley 1/2026, de 27 de enero, que estableció ayudas extraordinarias para las víctimas de ese siniestro y del ocurrido en Gelida (Barcelona).
La norma fijó una ayuda directa de 72.121,46 euros por cada persona fallecida, destinada a los familiares o beneficiarios que reunieran los requisitos legales. Esta compensación tenía carácter extraordinario y no reembolsable, por lo que no dependía de que se determinaran previamente las responsabilidades por el accidente.
A esa cantidad se sumaba un anticipo de 72.121,46 euros sobre las futuras indemnizaciones por responsabilidad civil. Ambos conceptos alcanzaban los 144.242,92 euros por fallecimiento, aunque respondían a finalidades distintas: la primera cantidad constituía una ayuda directa y la segunda, un adelanto a cuenta de una indemnización posterior.
El esquema también contemplaba las prestaciones del Seguro Obligatorio de Viajeros, cuya tramitación corresponde a las aseguradoras de las compañías ferroviarias. Según la información facilitada por el Gobierno, los tres conceptos sumaban 216.364,38 euros por fallecimiento.
Para las personas heridas, el decreto estableció ayudas de entre 2.404,04 y 84.141,70 euros, en función de las categorías de lesiones corporales recogidas en la normativa.
Las ayudas extraordinarias se configuraron como compatibles con otras prestaciones e indemnizaciones, sin perjuicio de las condiciones específicas aplicables a los anticipos por responsabilidad civil.
Las cuatro medidas anunciadas para Urda
El paquete que el Consejo de Ministros abordará este martes seguirá, según adelantó Sánchez, una estructura similar a la utilizada en Adamuz.
El primer apartado contempla ayudas económicas extraordinarias para los afectados. El presidente anunció que su cuantía duplicará la referencia del Seguro Obligatorio de Viajeros, aunque todavía deben concretarse los importes y las condiciones de acceso.
También se establecerá un mecanismo para anticipar indemnizaciones, con el que se pretende facilitar apoyo económico a las víctimas y sus familiares mientras se tramitan los procedimientos correspondientes.
La tercera medida consiste en un procedimiento específico de incapacidad temporal con cobertura mejorada para las personas afectadas por el accidente. Queda pendiente conocer sus requisitos y las condiciones económicas de esa protección.
Por último, el Ejecutivo prevé habilitar oficinas de atención integral y especializada en las comunidades autónomas donde residan los afectados, con el fin de prestar asistencia durante la tramitación de las ayudas y otras gestiones derivadas de la tragedia.
¿Quién podrá solicitar las ayudas y cuándo?
El decreto aprobado tras Adamuz estableció un procedimiento específico para reconocer las ayudas a las personas lesionadas y los familiares de las víctimas mortales. Entre los posibles beneficiarios figuraban cónyuges o parejas, hijos y, en determinadas circunstancias, otros familiares, conforme al orden previsto en la norma.
En aquel caso, las solicitudes debían presentarse en un plazo de tres meses desde la publicación de la resolución de la Secretaría de Estado de Transportes que regulaba el procedimiento. La normativa permitía ampliar ese periodo por causas justificadas.
La tramitación se canalizaba a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que debía comprobar el cumplimiento de los requisitos y resolver la concesión de las ayudas.
Ese plazo y los requisitos de Adamuz no son todavía aplicables a Urda. El nuevo paquete deberá determinar quiénes podrán solicitar las compensaciones, qué documentación necesitarán y cuándo comenzará el procedimiento.
También deberá aclarar cómo se combinarán las ayudas extraordinarias con las prestaciones del seguro obligatorio y las posibles indemnizaciones por responsabilidad civil.
La reunión del Consejo de Ministros permitirá conocer las cuantías definitivas, las condiciones de los anticipos y el alcance de la cobertura laboral anunciada. Hasta entonces, el modelo de Adamuz constituye el precedente más próximo para entender las medidas que el Gobierno prepara para las víctimas de Urda.
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