Las cosas no mejoran a nivel estatal en lo que a la pandemia se refiere. El traspaso de la gestión a las Comunidades Autónomas tras las negativas, primero por parte del PP, y después de otras formaciones a continuar con el Estado de Alarma, ha coincidido con un incremento de los contagios. De la situación anterior en la que las regiones reclamaban más autogobierno al Ejecutivo de Pedro Sánchez, se ha pasado a una reclamación general por parte, sobre todo, de las autonomías gobernadas por el PP de más intervención del Gobierno central.
Entre las regiones más beligerantes contra la gestión de La Moncloa en esta etapa de la pandemia hay que citar a Madrid y Galicia. Precisamente, en esta última, puesta de ejemplo por parte del Partido Popular, las cifras empiezan a dar la razón a quienes desde un primer momento no achacaron los buenos datos a la gestión de la Xunta, sino a circuntancias relacionadas con la propia geografía gallega o el aislamiento en materia de transporte de la región.
Esos críticos llegaron a decir en ELPLURAL.COM que en Galicia “no hubo gestión” alguna por parte del equipo de Alberto Núñez Feijóo, tal y como denunció la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Galicia.
Desde esta entidad pusieron el acento en las residencias de mayores, unos centros que, tal y como hoy mismo ha vuelto a recalcar la Federación REDE, que aglutina a las asociaciones de usuarios de residencias de mayores gallegas, en estas entidades “estamos en una situación peor que en la previa de la pandemia de marzo”, llegando a decir que “estamos en las puertas de otra hecatombe”.
Estas manifestaciones las realizaron los responsables en el marco de la concentración que esta mañana protagonizaron familiares del área de Vigo ante el edificio de DomusVi Barreiro en la ciudad olívica. El acto, según explicaron, ha sido “en honor de las 270 personas mayores y dependientes fallecidas en la gestión de la pandemia en las residencias desde marzo”.
Esta protesta forma parte de las que, desde hace meses, llevan a cabo estos familiares y que, en esta ocasión, ha sido convocada por las asociaciones de familiares de los centros que la multinacional francesa tiene en Vigo (ASFAREBA) y Cangas (Vellez Digna).
Transparencia, pero no real
Desde el Gobierno de la Xunta de Galicia se viene poniendo en valor, por una parte, las medidas adoptadas para frenar los contagios -aunque los datos, por ahora, demuestran que no están siendo efectivas- y, por otra, la trasparencia en la información ofrecida sobre lo ocurrido en las residencias.
Este aspecto que la administración autonómica subraya, choca con lo que reclaman los usuarios que, precisamente, en la concentración de este domingo volvieron a solicitar explicaciones y datos reales sobre lo que ha ocurrido en las residencias.
Asimismo, tal y como desde REDE hicieron llegar esta semana a los grupos con representación en el Parlamento gallego, instan a que, de forma urgente, se cree una comisión de investigación en la cámara regional. Esta opción la respaldan tanto el BNG, como PSdeG.
Los familiares de usuarios recordaron que los centros de DomusVi en Barreiro (Vigo) y Aldán (Cangas), fueron los primeros golpeados de forma dramática por el coronavirus en marzo pasado. REDE pidió su intervención pública el 17 de marzo. Desde la acción de la Xunta 13 días después, han pasado cinco meses y el balance definitivo en ambas residencias es dramático con 85 mayores fallecidos y cerca de 200 usuarios y trabajadores afectados.
Tambien hay que recordar que esta federación tiene denunciada ante la Agencia Tributaria a DomusVi por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública.
Paulino Campos, presidente de REDE, subrayó la situación de desazón que rodea en estos momentos a las familias de ingresados en residencias gallegas, debido “al grave peligro que de nuevo rodea a estos centros por la nula corrección de los errores que se observa en los geriátricos para evitar que la pandemia se propague de nuevo”. A su juicio, “volvemos sobre el punto fatídico que no es otro que la sistemática falta de personal e, incluso, elementos de protección”.
Confinamiento forzado en Búnkeres
La denuncia de Campos va más allá al indicar que se han producido “vulneraciones reiteradas de normativas”, en relación con el incremento de medidas restrictivas en las visitas de familiares, sin obviar el “cierre irregular de las instalaciones quedando familias y usuarios, desamparados, desnudas de derechos, con unos actos que están más cerca del secuestro de personas, del confinamiento forzado en búnkeres, que de medidas proporcionadas a realidades epidemiológicas”.
Esto es así porque “empresas y administración no hicieron los deberes”. Paulino Campos se mostró contundente al señalar que “estamos en una situación peor que en la previa de la pandemia de marzo, estamos a las puertas de otra hecatombe”.
Los contagios siguen creciendo y la Xunta de Galicia empieza a ver como se derrumba el elogio que la situaba como ejemplo de gestión a nivel estatal. Poco a poco las cifras ponen a Alberto Núñez Feijóo al pie de los caballos a escasos días de su investidura.
Mientras, las familias de usuarios de residencias no cejarán en el empeño de pedir responsabilidades políticas y jurídicas. En próximas semanas volverán a salir a las calles para mostrar su malestar con el Gobierno autonómico y los consorcios a los que pertenecen estos centros.
