En esto de la política, los plenos parlamentarios dan lugar a pocas sorpresas y hoy, en el de Galicia, no la hubo con respecto a la petición de la oposición (BNG y PSdeG) de crear una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la actual crisis sanitaria.
A finales de agosto pasado la Federación de Asociaciones de Familiares de Usuarios de Residencias y de la Dependencia, REDE, se reunieron en las instalaciones del Parlamento autonómico con portavoces de las tres formaciones con representación, es decir, PPdeG, Bloque Nacionalista Galego y PSdeG. Todos se mostraron proclives a la creación de una comisión de investigación para determinar qué había pasado en los centros de mayores gallegos. Incluso los ‘populares’, representados en ese encuentro por Pedro Puy, parecían predispuestos, en cierta medida, a una medida como ésta. Ese mismo día, los dos partidos de la oposición registraron la petición.
Pero hoy, casi un mes después, se ha cumplido lo esperado. Puy, tras reconocer que su formación entendía la petición, admitía que no la apoyaban porque no ser la herramienta adecuada para saber qué errores se cometieron por parte de la Xunta en la gestión de las residencias durante esta pandemia.
Ana Pontón, portavoz de los nacionalistas, durante su alocución, preguntó al Ejecutivo gallego que, si de esa cantidad de personas mayores solo 20.000 están en residencias “¿por qué un colectivo de apenas 20.000 personas soporta el 45% de las muertes provocadas por el virus y qué debemos hacer para evitarlo?”.
La líder del BNG también aclaró que la petición de crear una comisión de investigación “no va contra nadie, sino a favor de las personas mayores para que nunca más se vean abandonadas”.
Una alternativa
A causa del “veto del PP”, Pontón propuso como alternativa la constitución de una “comisión de estudio”, según la definió, que analice el “drama de las residencias”. A partir de la misma abogó por un cambio de modelo para estos centros porque lo más importante, dijo, es “dar una respuesta a las familias” sobre este asunto tan grave.
La portavoz del Bloque también se refirió a la “incapacidad del Gobierno de Feijóo, ante la zona cero en la que se convirtieron las residencias”. A su juicio es fundamental esa transformación radical del modelo privatizado en el que “el derecho a una vejez digna es objeto de negocio para un puñado de empresas”, citando de manera explícita el grupo DomusVi, que cuenta en la actualidad con hasta 17 residencias en Galicia.
Por su parte, el portavoz del PsdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, que también recordó la fuerza con la que golpeó el COVID-19 en los mayores gallegos con cifras terribles, echó en cara a los 'populares' “¿cómo no va a tener el Parlamento el compromiso y la responsabilidad de ponerse al lado de las víctimas?. Según señaló, “si no honramos a nuestros mayores, perdemos la dignidad como país”.
Por ello, y aún a sabiendas de que el PP vetaría la opción de la comisión de investigación, Caballero pidió la unanimidad de la cámara “en un momento crítico”, al tiempo que instó al presidente autonómico a que “levante el veto”.
En un último intento, incluso, llegó a decir el portavoz de los socialistas gallegos que a través de esta solicitud que “no buscamos revisionismo, queremos saldar una deuda moral”.
Finalmente, la mayoría absoluta del PP de Alberto Núñez Feijóo echó por tierra la petición de la oposición.
