De un tiempo a esta parte la Xunta de Galicia, observando que en esta región la incidencia de la pandemia ha sido menor que en otros puntos de España, ha lanzado campañas para atraer turismo que, tradicionalmente, se desplazaba a lugares de Andalucía, Cataluña o Comunidad Valenciana.

Sin embargo, los brotes de las últimas semanas y, en particular, de estos días, han provocado que las diferentes regiones adopten medidas de diferente índole y contundencia. Así, mientras Murcia estudia una especie de confinamientos sui generis sin Estado de Alarma, Madrid y su máxima dirigente Isabel Díaz Ayuso recurren a un carné virológico que no comparte ni siquiera una parte de la comunidad científica y sobre el que, esta misma tarde, ha tenido que dar explicaciones su vicepresidente.

En Galicia, la Xunta anunciaba el lunes a través de un comunicado del Sergas (Servizo Galego de Saúde) que se establecía la obligación por parte de todos los que llegasen de los 'puntos calientes' por el COVID de España de informar en el momento de estar en tierras gallegas y del lugar donde iban a hospedarse.

Al poco tuvo que ofrecer más explicaciones y, como cuando el propio Núñez Feijóo acusó en los instantes más complicados de la pandemia a nivel nacional de improvisar al Gobierno central, ahora es a él y a su Ejecutivo al que se acusa de adoptar medidas sin un análisis eficiente previo.

No EEUU. No Reino Unido

Este que concierne a los visitantes de Galicia es el último ejemplo. Se incluyó a cinco CCAA como regiones consideradas peligrosas por los niveles de contagio, además de a un total de 136 países, cuyos nacionales si viajaban a Galicia o gallegos que regresaban por su asueto estival a su tierra, tenían que cumplir esa medida obligatoria. Entre esos estados no se encuentran, por ejemplo, EEUU o Inglaterra.

Esas regiones son Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón. Cuatro con presidentes socialistas y la última con el PNV al frente. Curiosamente, la tercera región que más casos de contagios ha reportado, Madrid, no se incluyó, al igual que Murcia cuyos dirigentes se han visto obligados a adoptar medidas drásticas y están a la espera de ampliarlas a otras ciudades como Lorca.

Hoy el Bloque Nacionalista Galego, ha llamado la atención sobre el caso concreto de Madrid. A juicio de la formación liderada por Ana Pontón, la Xunta no está actuando en este asunto con la “necesaria diligencia y seriedad”, añadiendo que algunas de las acciones puestas en marcha parecen buscar más “un titular” en los medios de comunicación que la eficacia para luchar contra los nuevos casos de COVID-19.

En este punto menciona, precisamente, lo ocurrido con el origen de quienes llegan a Galicia estas semanas. Según la portavoz parlamentario de Sanidad del BNG, Montse Prado, el listado de países y regiones articulado por la administración autonómica “no responde a criterios de racionalidad”.

Los nacionalistas consideran inexplicable que en ese protocolo se incluya a Portugal, teniendo en cuenta que cientos de personas cruzan a diario las fronteras gallegas con el país luso por motivos de trabajo, y no se incorpore a Madrid.

Para la principal formación de la oposición, la región que preside Isabel Díaz Ayuso debe estar en el listado puesto que es “un territorio del que proceden muchos de los casos de contagio importados”, los últimos registrados en Vigo y conocidos hoy mismo.

Insisten los nacionalistas en el tema del norte de Portugal y la relación tan directa que mantiene con Galicia. Quizás por ello, en una reunión celebrada hoy miércoles, entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el embajador portugués en España, Joao Mira Gomes, ya se ha anunciado el estudio de que solo las personas procedentes de zonas del país vecino que presenten niveles altos de contaminación tengan que facilitar los datos que se exigen.

Al margen de lo anterior, un aspecto sobre el que también llama la atención Montse Prado y con anterioridad diferentes colectivos es el tratamiento de los datos que la Xunta obliga a dar a los viajeros. La dirigente nacionalista insta al Ejecutivo de Feijóo a que aclare qué tratamiento se va a dar a esta información.