La defensa que esgrimió este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al cantante Julio Iglesias poco después de conocerse las dos denuncias contra él por presunta agresión sexual, es tan solo un pequeño reflejo de la relación que existe entre el cantante y el Partido Popular (PP). Cabe recordar que Iglesias recibió en 2012 la Medalla de Oro de la mano de Esperanza Aguirre y en 2015, la distinción de Hijo Predilecto de la ciudad de Madrid con el Gobierno municipal de Ana Botella. Con mayor anterioridad en el tiempo, en 1996 el cantante apoyó a José María Aznar en la campaña electoral de los comicios de aquel año, defendiendo que no iba a haber “mejor presidente para España” que el mismo.
Todos estos ejemplos ayudan a confeccionar una idea del estado en el que siempre se han encontrado las relaciones entre el acusado y las filas populares. Sin embargo, entre estos nombres que han estrechado lazos con Iglesias en las últimas décadas, cabe mencionar al expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana al tratarse del primer dirigente ‘popular’ que pagó y regó con millones al cantante. Para entender el origen de este vínculo, es necesario remontarse a 1997. En el marco de promoción de la Comunidad Valenciana al exterior y crecimiento económico de la misma -bajo el proyecto de 'Land of Valencia'- el expresidente valenciano adjudicó dos contratos por un valor total de 5,95 millones de euros al cantante en negro y a través de paraísos fiscales, algo que fue resonado y acabó derivando en una prolongada causa judicial, bautizada como caso Ivex, en referencia al Instituto Valenciano de la Exportación.
El grueso de la polémica recayó no solo en la adjudicación de ambos contratos al cantante sino también en que Zaplana ocultó la cantidad real de dinero que pagó a Iglesias. “El contrato con el señor Iglesias asciende a 375 millones o 372 millones de pesetas (2,2 millones de euros) y no hay nada más, nada más que pagos extraordinarios por actuaciones, como ha hecho el Ivex de toda la vida”, fueron las palabras que el expresidente de la Generalitat Valenciana expuso el 15 de junio de 2001, poco después de que saliera a la luz que Iglesias había cobrado cerca de 1.000 millones de pesetas. En su argumentario, Zaplana únicamente se refería a uno de los dos contratos, concretamente, al de patrocinio por uso de la imagen del cantante. Sin embargo, el propio Iglesias reconoció la existencia del segundo contrato, equivalente a casi cuatro millones de euros. “He explicado hasta la saciedad que una cosa son los derechos de imagen del artista y otra es que los conciertos tienen una intendencia, alquiler de local, equipos, gastos de desplazamiento, y eso se abonaba aparte. Si las sociedades de Julio Iglesias organizaban los conciertos, los cobraría”, señaló entonces Zaplana.
Sin embargo, el cantante declaró ante el juez Yohan Carlos Morales en República Dominicana que los 615 millones de pesetas (los casi 4 millones de euros del segundo contrato) “obedecían a los conciertos”. “Accedimos firmando un primer contrato, de imagen. Y luego firmamos un segundo contrato que incluía varios conciertos, que se llevaron a cabo según lo acordado. Todos esos conciertos se grabaron y quedaron en la historia, no faltó un concierto acordado y eso ayudó mucho al crecimiento de la Comunidad Valenciana y al desarrollo de las inversiones”, señaló ante el juez Iglesias.
En esta causa también se investigó al ex director del Ivex José María Tabares por presunta malversación de fondos, aunque, tras recibir la condena a cinco años por otro fraude que afectó al instituto por parte de la Audiencia de Valencia y confirmado por el Supremo en 2006, se dio a la fuga. Tabares, además, fue quien firmó el contrato para que el cantante actuara como la imagen de la Comunidad Valenciana para promocionar la marca “Land of Valencia”.
Sin embargo, el Juzgado de Instrucción 19 de Valencia decidió archivar la causa en abril de 2023, tras dieciocho años de instrucción, después de que los hechos prescribieran el 17 de septiembre de 2022. Pese a ello, la sala primera del Tribunal Supremo condenó en 2012 al Ivex a pagar 1.875.334,58 euros más intereses al KBC Bank como responsable civil por la actuación de Tabares por delitos de estafa y falsedad documental en el marco de otra causa paralela.
