La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado este miércoles que el Ministerio de Cultura retirará la Medalla de Oro de las Bellas Artes al cantante Julio Iglesias, tras las graves denuncias por agresiones sexuales presentadas por varias exempleadas del servicio doméstico que trabajaron en sus residencias del Caribe en 2021.
En una entrevista en TVE, Díaz ha explicado que ha hablado “a primerísima hora” con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y que será él quien “resolverá estos días” la retirada de la condecoración -una medida que también cuenta con el visto bueno del Gobierno-. La vicepresidenta ha subrayado que esta decisión “en absoluto” vulnera la presunción de inocencia del artista.
Según ha señalado, en este tipo de casos es necesario diferenciar entre la responsabilidad penal y la responsabilidad ética. “Una cosa es la responsabilidad penal, con todas las garantías constitucionales, y otra muy distinta es la responsabilidad de carácter ético o político”, ha remarcado Díaz, insistiendo en que ambas esferas no deben confundirse.
“Actuación ejemplarizante”
La ministra ha defendido que la información conocida hasta ahora exige “una actuación ejemplarizante”. En referencia a la investigación periodística publicada por eldiario.es en colaboración con Univisión, Díaz ha afirmado que su contenido “da terror, da pánico”, al concentrar “todas las vulneraciones de derechos humanos en mujeres que estaban en una posición de debilidad extrema”, tanto por su situación personal como por su relación laboral con el cantante. “Condena rotunda, apoyo inmediato a las víctimas y contundencia. Esto es lo que tenemos que decir”, ha afirmado, al tiempo que ha felicitado a las periodistas responsables de la investigación.
Díaz ha advertido además de que las mujeres están “completamente hartas del maltrato sistémico” y ha alertado de regresiones “que dan terror”, pese a los avances logrados en materia de derechos. En este contexto, ha reclamado un compromiso público de toda la dirigencia política, “milite en el partido que milite”, con la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Críticas a Ayuso y al PP
La vicepresidenta ha sido especialmente dura con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que no se sumará “jamás” al “desprestigio” de Julio Iglesias. “La señora Ayuso se coloca del lado de la violación de los derechos humanos y, por tanto, del machismo”, ha reprochado Díaz, acusándola de situarse “por la pasiva” del lado del presunto agresor.
También ha dirigido sus críticas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al cuestionar si se siente cómodo con las declaraciones de Ayuso. “Hace cuatro años que no sabemos qué opina el señor Feijóo sobre nada”, ha señalado, calificando la situación de “muy grave”.
“Cuando hay una agresión de estas características, aunque sea presunta, uno tiene que colocarse del lado correcto, que es el de las víctimas”, ha concluido Yolanda Díaz.
Las denuncias que sacuden el legado de Julio Iglesias
Las acusaciones contra Julio Iglesias han provocado un fuerte impacto público al afectar a una de las figuras más reconocidas de la música española a nivel internacional. Dos mujeres que trabajaron para el cantante en 2021 —una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta— relataron en una investigación periodística haber sufrido agresiones sexuales, tocamientos no consentidos, humillaciones y situaciones de abuso durante su estancia laboral en varias de sus residencias del Caribe.
Los testimonios, publicados por eldiario.es en colaboración con Univisión, describen un entorno de control y sometimiento que iba más allá de una relación laboral convencional. Según las denunciantes, existían restricciones a su libertad de movimientos, vigilancia constante y una jerarquía férrea que las colocaba en una situación de vulnerabilidad extrema. Una de ellas asegura que fue presionada de forma reiterada para mantener relaciones sexuales con el artista, mientras que la otra denuncia besos forzados y contactos físicos no consentidos.
La investigación también recoge prácticas que podrían constituir graves vulneraciones de derechos laborales y humanos, como la exigencia de pruebas ginecológicas y test de enfermedades de transmisión sexual sin consentimiento libre ni informado. Estos hechos, según la información publicada, estarían respaldados por documentación médica, mensajes y otros registros aportados por las propias víctimas, lo que ha incrementado la alarma social y política en torno al caso.
Las denuncias ya han dado el salto al ámbito judicial. Las mujeres han presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional con el apoyo de la organización Women’s Link Worldwide, que reclama que los hechos sean investigados con perspectiva de derechos humanos. La Fiscalía ha abierto diligencias preliminares para determinar si la justicia española es competente para investigar unos presuntos delitos cometidos fuera del territorio nacional, en un contexto de especial gravedad por la posición de poder del denunciado.
