El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará el próximo viernes el decreto en el que se incluirán las medidas para dar respuesta a los efectos económicos derivados del ataque lanzado por Estados Unidos (EEUU) e Israel contra Irán. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha anunciado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, que será el jefe del Ejecutivo quien detalle el abordaje tras la reunión extraordinaria que mantendrán los líderes de las carteras.
“A día de hoy la situación económica y en términos de impacto dista de ser la que vivimos tras el inicio de la guerra de Ucrania”, ha explicado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, adelantando que las medidas que se asumirán serán más milimétricas que entonces. El Gobierno ha mantenido encuentros con los diferentes partidos políticos, los sectores más afectados y los agentes sociales (sindicatos y patronal) y vertebrará una respuesta que se podrá ampliar a futuro.
“Esta protección radica en hacer frente a este incremento de los costes de la energía, incluyendo, por supuesto, también el incremento de los costes de los carburantes o de algunas materias primas, como los fertilizantes, con especial atención a los sectores más expuestos”, ha detallado el titular de la cartera Económica, refiriéndose concretamente al campo, la pesca, el transporte o las industrias más intensivas en consumo de energía. Además, se incluirán “elementos de protección de los más vulnerables, con el refuerzo del escudo social”, ha añadido.
Asimismo, se continuará ahondando en medidas estructurales que continúen avanzando en materia de descarbonización y apuesta para las renovables, buscando reforzar la independencia energética con respecto a terceros países y a materias primas como el petróleo o el gas; y se vigilará la fijación de precios en puntos como las estaciones de servicios, supervisando que no se produzca ninguna alteración anómala. “Nos guardamos un elemento de flexibilidad que es importantísimo hacia adelante para ir adaptando esta respuesta conforme vayamos viendo cómo van evolucionando los acontecimientos provocados por esta guerra”, ha zanjado Cuerpo.
Liberación de barriles de petróleo
Otro de los anuncios ha llegado de la mano de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien ha anunciado que España ha comenzado a liberar 3,75 millones de barriles de petróleo, equivalentes a cuatro días de consumo, en el marco de la decisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar 400 millones de barriles de petróleo para contener el precio de los combustibles.
Estos 3,75 millones son parte del total de 11,5 millones de barriles (12,3 días de consumo) a los que se ha comprometido el país en esta medida "coordinada y multilateral” y corresponden a una fase que se va a prolongar durante 15 días desde la publicación del acuerdo suscrito el 11 de marzo por los 32 miembros de la AIE. Para la segunda fase, que se hará también en coordinación con el sector, se habilitará por orden ministerial al Ministerio para la Transición Ecológica.
Esta orden determinará las condiciones de liberación de los restantes 8,3 días de consumo, equivalentes a 8 millones de barriles restantes que, en todo caso, se llevará a cabo durante el plazo de 90 días estipulado. "Además, lo que hacemos es encomendar en este acuerdo a Cores (Corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos) a llevar un seguimiento constante y esa trazabilidad de cuáles son las existencias que se han puesto a disposición. Y esta misma tarde voy a volver a encontrarme tanto con Cores como con los operadores petrolíferos", ha explicado Aagesen.
El PP amenaza con no aprobar el decreto
Mientras el mundo atraviesa una situación delicada y la población española teme volver a sufrir los efectos de las guerras de oligarcas, el Partido Popular (PP) habla de okupación para deslizar la posibilidad de no aprobar el escudo. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha avisado de que su formación votará en contra del decreto si se incluyen medidas que salvaguarden la vivienda y los suministros de las personas vulnerables, como establecían las moratorias que ya tumbaron PP, Vox y Junts.
La justificación de la número tres de Alberto Núñez Feijóo es que estas medidas están pensadas para "legalizar la okupación”. Esta es la preocupación del PP en unos momentos en los que la gasolina podría seguir subiendo, de igual manera que la energía y los preciosd e alquileres e hipotecas, como ya ha advertido alguna entidad bancaria. “Les pediría es que no jueguen con los españoles, que hay gente que lo está pasando muy mal", ha espetado Muñoz, quien considera que su amenaza es la verdadera seriedad en esta materia.
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