Las cifras de contagios por coronavirus en Galicia no dejan de crecer. Hoy en una cantidad que superar las 200 personas más que ayer. La inacción de la Xunta está siendo denunciada desde diferentes sectores y en relación con distintas materias, siendo la educativa y la sanitaria las que, por razones obvias, mayor preocupación generan entre los profesionales públicos de ambas y la población en general.

En ELPLURAL.COM este fin semana se informaba del desbarajuste que, según los sindicatos, se está registrando en torno al inicio del próximo curso escolar. La guinda la puso la con conselleira de Educación, Carmen Pomar, al asegurar que en esta región no iba a ser posible cumplir los criterios de seguridad (distancia social, ratio de alumnos y, por ende, incremento de profesores) por razones de espacio.

El otro elemento es el sanitario. Los brotes se multiplican y desde la administración autonómica no se adoptan medidas más allá de las muchos consideran cortinas de humo o propagandísticas. Con ellas, dicen entidades como la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Galicia, se persigue esconder los recortes de muchos años y la no adopción de medidas en estas semanas para prever lo que ahora está sucediendo.

A través de este medio, el portavoz de esta entidad y presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública a nivel estatal, Manuel Martín, ya advirtió de que por parte de la Xunta “no hubo gestión” y en lo único en lo que tenía responsabilidad, el tema de las residencia, “fue un auténtico desastre”.

Atención Primaria dramática

Ese es solo uno de los parámetros denunciado. El otro es el relativo a los rastreadores. Desde el Servizo Galego de Saúde se respondió a ELPLURAL.COM que el número de estos operativo en Galicia es de 6.108 profesionales. Esta cantidad, que situaría la región en este apartado por encima de los países que mejor ratio presentan en este sentido es “falsa”, señaló Martín con contundencia.

Ahora, desde la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Galicia, hacen un llamamiento sobre la situación en la que se encuentra el Servicio de Atención Primaria, que si ya era dramática antes del COVID-19 por “los recortes efectuados por los gobiernos del PP”, “el retraso injustificado de las intervenciones quirúrgicas” o “la falta de profesionales”, por citar solo algunos factores, todo se ha deteriorado todavía más por la crisis sanitaria.

Todos los expertos en Salud Pública conciden en señalar que, para enfrentarse a lo que ya se empieza a denominar segunda ola del coronavirus, es precisa una Atención Primaria potente, de calidad y universal.

Precisamente, la importante labor de criba que realizaron los médicos de este nivel de la sanidad pública durante los instantes más duros de la primera etapa de la pandemia “abrió la esperanza de que el restablecimiento de la normalidad supusiese un impulso a la reforma y mejora de la Atención Primaria”, destacan los defensores de la sanidad pública. Pero la realidad es “muy distinta”.

La afirmación la hacen apoyándose en diferentes cuestiones como por ejemplo que “en muchos centros de salud no permitan las consultas presenciales” y se tengan que hacer por teléfono, una vía de comunicación que ha sustituido claramente a la visita al médico, lo que ha provocado un caos que se ha traducido en listas de espera también en la atención telefónica.

A esto suman que “en algunos centros no se permite la entrada de pacientes”, con lo que estos tienen que “hacer cola en la calle”. Asimismo denuncian que no hay “libre acceso a las pruebas diagnósticas del COVID-19). Insisten en que, aunque las responsabilidades de rastreo se atribuyen a los facultativos de Atención Primaria “no se les dan recursos y medios”. Y todo lo anterior también tiene su reflejo en que estos mismos médicos no pueden atender a los integrantes de uno de los colectivos más en riesgo, es decir, las personas mayores que residen en residencias.

La propia distribución geográfica de Galicia fue uno de los factores que ayudaron en marzo a la no propagación masiva del coronavirus. Ahora, todo se puede volver en contra, puesto que lo que describe la Asociación gallega representa “un riesgo para la salud del conjunto de la población”, además de generar “preocupación y malestar social” que, a su vez, se traduce en el “favorecimiento de las consultas privadas, donde parece que no hay restricciones por COVID” y en la “marginación” de la población rural, de los mayores y de las personas de menor nivel socioeconómico.

A corto plazo, no se vislumbran soluciones por parte de la Xunta de Galicia y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo. Por ello, la Asociación no descarta convocar movilizaciones sociales y de profesionales sanitarios.