Tal día como hoy, pero de hace tres años, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el entonces líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, firmaban el preacuerdo del que sería el primer Gobierno de coalición de la historia de nuestro país. Un hecho sin precedentes e histórico a todas luces.
Las elecciones del 10 de noviembre de ese mismo año habían dejado algunas dudas sobre todas las formaciones salvo Vox, que fue la única triunfadora real de la repetición electoral. Así las cosas, y si se centra la vista en los partidos de izquierdas, el PSOE perdió tres escaños con respecto a los resultados de abril y Unidas Podemos siete.
Sin embargo, las cuentas salían con la unión de las dos fuerzas y el apoyo de los actuales socios de Moncloa que, eso sí, aún estaban por convencer, aunque darían finalmente el apoyo el Ejecutivo en la sesión de investidura.
El líder socialista asumió que tanto él como su homólogo morado tenían que trabajar "codo con codo" porque España no podía permitirse votar una tercera vez. Dicho y hecho, el Gobierno "más progresista de la historia" echaría andar en enero y para una legislatura, seguramente, más complicada de lo que cualquier miembro del mismo podía imaginar.
Primero, la pandemia
Sin lugar a dudas, el hecho más inesperado al que el Ejecutivo se ha enfrentado en estos tres años ha sido la pandemia del coronavirus, imprevista para todo el mundo y que implicó el cierre de fronteras, la obligatoriedad de la mascarilla y favoreció la saturación del sistema sanitario, todo ello mientras los fallecidos se contaban por miles.
El 14 de marzo de 2020, el presidente del Gobierno decretaba el estado de alarma, una medida extrema aunque necesaria por aquel entonces y que cogió a ciudadanos, jueces e, incluso, periodistas -que tuvieron que hacerse un manual rápido de pandemias- por sorpresa. La situación sumió a las distintas regiones en el caos personal primero y económico después. A ello tuvieron que enfrentarse los distintos presidentes autonómicos y el Gobierno de la Nación, quien dotó a las regiones de las herramientas para poder gestionar la situación todo lo mejor que se podía en ese momento.
No lo tuvieron fácil ni PSOE ni Unidas Podemos y es que, más allá del telón de fondo, mientras en otros territorios de nuestro entorno las izquierdas y las derechas hacían por alcanzar acuerdos, aquí se antojaba imposible. Vox llevó incluso ante la Justicia una medida que se fue prorrogando en el tiempo, aunque el PP tampoco se movió mucho más al centro. El ejemplo más claro de ello sería la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien optó, mientras dispuso del amparo legal para hacerlo, por una apertura de la hostelería y lugares de ocio con pocas condiciones cuando el momento no estaba aún para eso. El hecho, meses después, le serviría para rascar un buen puñado de votos en las elecciones autonómicas del 4 de mayo en las que, por otra parte, compitió con Pablo Iglesias.
Durante para la que muchos fue la época más dura de España en democracia -y de la que todavía quedan resquicios- el Ejecutivo aprobó una serie de medidas para contener la propagación del virus y ayudar a los trabajadores: los ERTE, la prohibición de cortar suministros básicos a sectores vulnerables, la implantación de una moratoria en el pago de hipotecas a los trabajadores afectados por la crisis del COVID, puesta a disposición de las residencias privadas para las comunidades, recursos a las localidades para repartir comidas y bienes a los hogares, etc.
Después, la guerra: la gestión de España, a la vanguardia de Europa
En febrero de este mismo año estalla la guerra de Ucrania, un conflicto bélico, nuevamente inesperado que pone en jaque a toda Europa. Bien es cierto que nuestro país no notará tanto las consecuencias derivadas del corte de gas ruso como sí le ocurre a los territorios más próximos a Moscú, aunque sí verá un incremento notorio en los precios cuyos problemas siguen notándose a día de hoy.
Por sacar algo en positivo, la guerra de Ucrania ha servido también para demostrar al mundo y a las formaciones anti europeístas del globo lo importante de tener una Unión Europea (UE) cohesionada. El mejor espejo para ello fue la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en verano de 2022, la más importante de las últimas que se habían celebrado, por el contexto en el que se producía. A ella acudieron los máximos responsables de todos los países de la Alianza Atlántica, como el entonces primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, quien, pese a todo, fue uno de los nombres propios. Una prueba más de lo que puede llegar a cambiar la política en tan poco tiempo.
Si se pone el foco en las medidas que nuestro país ha adoptado contra la dependencia rusa y el aumento de precios el mayor logro tiene también nombre propio: Excepción ibérica. El documento, pese a los cambios de postura frente a él de un PP ya liderado desde hace meses por Alberto Núñez Feijóo, recibió el beneplácito de una Comisión que, por otro lado, ha puesto a España como ejemplo en varias ocasiones durante los últimos meses; y permitió fijar un tope al gas tanto a nuestro país como a Portugal.
Reforma laboral, IMV, ayudas en el transporte o becas para la clase media
Entre otros avances que se han encontrado con la negativa de la oposición destacan la reforma laboral que, todos recordarán, salió adelante paradójicamente gracias a un error a la hora de votar de un diputado del PP, Albero Casero. Más allá de la anécdota, el texto reúne puntos de vital importancia para el empleo como la reducción de los contratos temporales, la recuperación de la ultraactividad indefinida o la creación de un nuevo sistema de ERTE. Además, se consiguió poner de acuerdo a patronal y sindicatos, un detalle que nunca es menor.
En la misma línea, el gobierno de coalición ha consagrado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o Ingreso Mínimo Vital (IMV) hasta los 1.000 euros mensuales. Otras aportaciones que han pasado quizás, algo más por encima de cara a la opinión pública pero que no son para nada baladí son el mayor reconocimiento de las trabajadoras del hogar o el borrador del estatuto del becario. Las medidas en este sentido llevan la firma de Yolanda Díaz (UP), que ha sido en materia de Trabajo lo que Teresa Ribera (PSOE) en Energía, Nadia Calviño (PSOE) en Economía; o María Jesús Montero (PSOE) -cara visible de los Presupuestos Generales (PGE) más sociales de la democracia que esperan ser pronto una realidad- en Hacienda. Nombres propios, todos ellos, de muchas de las medidas adoptadas.
Más recientemente se han aprobado las ayudas para el Transporte con descuentos del 50% para los de ámbito público (véase la RENFE) y el 30% para el resto, aunque las comunidades han podido dotarles de un 20% extra para dejar todos los precios a la mitad.
Otros puntos que se pueden subrayar, ya dentro del ámbito educativo, son las becas extras de 100 euros que Sánchez comunicó desde la tribuna del Congreso durante otro momento histórico de su legislatura como fue el Debate sobre el Estado de la Nación, un acontecimiento que no se producía desde hacía siete años y que dejó 41 propuestas de resolución. Una de las decisiones aquí adoptadas surgió como respuesta a las conocidas como becas para ricos de la Comunidad de Madrid, que planteaba premiar a las familias que ganasen más de 100.000 euros al año.
Las más sociales y los deberes pendientes
En las últimas semanas se han seguido viendo las medidas de carácter social. Una de ellas, aprobada en Congreso y revalidada en Senado el mes pasado: La Ley de Memoria Democrática. El encargado de defenderla frente a quienes la calificaban como una normativa en favor de ETA fue Patxi López, portavoz socialista desde julio del año pasado -el presidente del Gobierno ha llevado también varios cambios en su gabinete durante su mandato- y pieza clave en la lucha contra la banda armada.
La normativa ha permitido por el momento la exhumación del criminal de guerra y encargado último de fusilar a Federico García Lorca, Queipo de Llano, de La Macarena; aunque reúne otros puntos para eliminar los honores al régimen franquista de nuestro país. En este sentido, Moncloa siempre mostró su compromiso con la memoria democrática cuya máxima demostración fue, antes del acuerdo Sánchez-Iglesias pero bajo mandato también del primero, la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos.
Decir que el matrimonio ha sido un camino de rosas sería negar la evidencia, pues ambas formaciones han tenido diferencias en cuestiones dentro de la propia guerra por el envío o no de armas a Ucrania y, más recientemente, por la Ley Trans, que se ha saldado hasta el momento con la dimisión de la que fuera diputada de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, de la formación principal de Gobierno.
Los partidos esperan que la normativa sea una realidad a final de año, aunque la misión no es nada fácil ya que se enfrenta a una larga lista de enmiendas aún pendientes no solamente de PSOE y Unidas Podemos, sino también de ERC, Bildu, PP... Todo ello tras un continuo tira y afloja por parte de los partidos que, de solucionarse por completo junto al resto de aspectos pendientes resolvería otra de las leyes más sociales de la legislatura.
Además de todo lo contado a lo largo de estas líneas, socialistas y morados suman en el momento de publicación de las mismas la rebaja del delito de sedición en el Código Penal. Ambas formaciones, eso sí, tienen todavía tarea pendiente para lo que resta de año y de gobierno como la Ley de Vivienda o la reforma de la llamada ley mordaza.
