El largo proceso para que la Ley de Memoria Democrática salga adelante llega a su fin. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica finalmente este jueves en sus páginas esta norma, 15 días después de su aprobación en el Senado y más de tres meses desde que hiciera lo propio el Congreso. De esta forma, un día después, el viernes 21 de octubre, es la fecha en la que entrará en vigor de forma definitiva la legislación, que ha estado a la espera de ver la luz desde hace más de un año.

Así lo han anunciado este mismo miércoles fuentes gubernamentales, quienes destacan que esta ley "salda una deuda con las víctimas y equipara a nuestro país con las democracias más avanzadas que han sufrido dictaduras". Defienden, además, que la normativa responde a un "deber de verdad, justicia, reparación y no repetición, tal y como establece Naciones Unidas", e insisten en que "la memoria es democracia".

De esta forma se pone fin a un tortuoso camino de llegada hasta los estatutos nacionales, todo tras su previa y extendida en el tiempo aprobación en las Cortes Generales. En concreto, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la norma el pasado mes de julio -gracias al apoyo de EH Bildu- y el Senado hizo lo propio a principios del mes de octubre -tras rechazar los vetos de PP, Vox, Cs y UPN- pero no ha sido hasta este 20 de octubre cuando ha entrado a formar parte del BOE. 

Su entrada en vigor, además, ya fue anunciada el pasado viernes por parte del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien afirmó que esta supondrá "un cambio muy sustancial en nuestra democracia". Y es que la normativa, que sustituye a la Ley de Memoria Histórica de 2007, contiene puntos importantes que buscan la reparación de todas las víctimas del terrorismo y del Estado durante la época de la dictadura franquista.

Puntos clave de la Ley de Memoria Democrática

Esta normativa supone un ahondamiento en la antigua Ley de Memoria Histórica ya que incluye cláusulas que son clave para resarcir a todas las víctimas, de un lado y de otro del especto político. Se trata de diez materias muy concretas que reconstruyen por completo la legislación hasta ahora regente:

  1. Más sanciones. La nueva norma recoge que se pueda sancionar si alguien no cumple con los preceptos, algo que no estaba amparado en la de 2007, con multas que oscilan entre los 200 y los 150.000 euros en función de la gravedad de la infracción.
  2. Resignificar o cerrar lugares vinculados con el franquismo. Así, se contempla poder desmontar o cambiar la simbología de aquellos emplazamientos en los que se homenajean al dictador Francisco Franco o su régimen, también en lo que respecta a algunos monumentos.
  3. Ilegalizar todos los tribunales creados a partir del golpe de Estado del año 1936.
  4. Amplia desde 1978 y hasta 1983 el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos. Todo con las indemnizaciones económicas que conlleven según los casos. Esta medida abarca la actuación de ETA, la del GAL así como el primer año de mandato de Felipe González.
  5. Creación de un Banco Estatal de ADN cuya función es la de la "recepción y almacenaje" de los perfiles de víctimas y familiares. En este apartado se incluye también los casos de los bebés robados y está adscrito al Ministerio de Justicia.
  6. Búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto bélico y la dictadura a partir de un mapa integrado que estará creado por la administración general del Estado y se irá actualizando de forma gradual.
  7. Día de Recuerdo y Homenaje a todas las Víctimas. Se trata de una fecha en la que se conmemorará a todas las víctimas y se reconocerá la lucha antifranquista. Entre las personas incluidas en este epígrafe el Estado incluye también a aquellas que fueron perseguidas por su condición sexual.
  8. Fortalecer el papel de las mujeres víctimas del franquismo, que -según el propio texto- fueron "humilladas, vejadas, violadas o perseguidas" por el franquismo. Todo con el objetivo de "potenciar su recuerdo".
  9. Crear mecanismos para reconocer a las víctimas de represión lingüística. En concreto, la catalana, vasca y gallega y a quienes fueron perseguidas por hacer uso de las mismas. Además, se creará una comisión estatal independiente de carácter académico que recogerá testimonios, informaciones y documentos para "esclarecer las violaciones que se llevaron a cabo durante Guerra Civil y dictadura".
  10. El impulso de una educación democrática. Los libros de texto de ESO y Bachillerato deberán incluir temática que contribuya a la memoria democrática y se formará a alumnado y profesorado al respecto de este periodo de la historia de nuestro país.

Así, y con su publicación en el BOE y su posterior entrada en vigor, no solo se abordan las exhumaciones de dirigentes franquistas como el propio Franco o José Antonio Primo de Rivera de enclaves tan importantes como el Valle de los Caídos, sino que se profundiza más en el respeto y la reparación de las víctimas así como en la democracia de un país dividido por las fosas comunes y los monumentos.