La operación urbanística que permitirá celebrar el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid suma un nuevo frente judicial. El pasado 22 de julio, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid dictó decreto por el que admite a trámite el recurso presentado por la Plataforma Ecologista Madrileña, a través de la asociación Liberum Natura, contra la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de la capital. Dicha licencia, concedida a IFEMA como promotora del proyecto, permite ya la ejecución de la pista y las obras de urbanización vinculadas al circuito, cuyos trabajos comenzaron el pasado mes de abril.
El juzgado ha requerido al Consistorio que remita el expediente administrativo completo de dicha licencia. Se abre así un proceso judicial que podría tensar aún más un plan polémico desde su origen, impulsado conjuntamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida.
Este no es el único frente legal al que se enfrenta el macroproyecto del circuito urbano. Antes de este procedimiento, la Plataforma ya había impugnado el Plan Especial que redefine la ordenación urbanística del recinto ferial de IFEMA. Ese recurso se tramita actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras ser admitido el 27 de mayo. En él se cuestiona la legalidad de las modificaciones urbanísticas aprobadas para hacer viable el proyecto, como el aumento de edificabilidad, la eliminación de zonas verdes o el cambio de uso del suelo.
Un proceso urbanístico “confuso y fragmentado”
Según denuncia la Plataforma Ecologista Madrileña, el procedimiento seguido por las administraciones implicadas ha sido "opaco, complejo y deliberadamente fragmentado". En lugar de someter a evaluación y autorización un único proyecto global, se han tramitado por separado, y de forma simultánea, distintos elementos urbanísticos.
Por un lado, se aprobó un Plan Especial para redefinir la red de infraestructuras del entorno del parque ferial, lo que afectó a la conocida como “parcela sur” de IFEMA. Este plan permitió modificar usos del suelo, ampliar pabellones existentes y eliminar masas arbóreas.
Por otro lado, el propio circuito ha sido autorizado mediante licencias autónomas, al amparo de la Ley Ómnibus de 2022 de la Comunidad de Madrid, que facilita este tipo de tramitaciones por fases.
Este entramado de normas y decisiones crea, en palabras de los colectivos ecologistas, “un auténtico puzle de difícil encaje jurídico y urbanístico”.
Licencias
La licencia recurrida judicialmente es la primera de esas “partes autónomas” del proyecto, y permite levantar el trazado del circuito sobre parcelas públicas y privadas, así como realizar las obras de urbanización necesarias.
Esta fase, autorizada pese a la ausencia de una evaluación integral, se enmarca en una previsión más amplia que contempla la desinstalación del circuito dentro de una década. Esa temporalidad ha servido al Ayuntamiento para conceder una licencia temporal de actividad, similar a la de estructuras efímeras como carpas en fiestas populares.
En conjunto, el coste del proyecto se eleva a 189,8 millones de euros, de los cuales 142,3 millones corresponden al circuito y 47,5 millones al Plan Especial aprobado para modificar el uso del suelo.
La licencia definitiva de funcionamiento no se concederá, según lo previsto, hasta pocos meses antes de la celebración del Gran Premio de Madrid, fechado para el 26 de septiembre de 2026.
Evaluación ambiental
Mientras la maquinaria avanza sobre el terreno, las organizaciones ecologistas advierten de daños ya irreversibles. Las obras iniciadas en abril han provocado la destrucción de humedales en la parcela norte, próximos a la zona de Valdebebas, sin que exista un estudio ambiental global que avale los impactos acumulados del conjunto del proyecto.
Para la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura, se está ejecutando “una operación de enorme envergadura sin garantías urbanísticas ni ambientales”.
Los colectivos acusan a IFEMA y a las administraciones de actuar con “falta de rigor” y sin una planificación global que permita entender el impacto real del circuito. El uso de licencias temporales y fragmentadas permitiría esquivar una tramitación más exigente, en la que sería obligatorio valorar el conjunto del proyecto desde un punto de vista ambiental, paisajístico y urbano.
Una amenaza ecológica, urbanística y social
Desde la Plataforma Stop F1 Madrid, integrada por colectivos vecinales y ecologistas, se señala que el circuito no responde al interés general, sino a un modelo de ciudad “orientado al espectáculo y a la inversión privada”, sin participación ciudadana ni mecanismos de fiscalización.
“La defensa del territorio, del interés público y de los derechos vecinales seguirá siendo nuestra prioridad. Agotaremos todas las vías legales para frenar esta amenaza ecológica, urbanística y social”, afirma la Plataforma.
