El Consejo de Ministros aprueba este martes la nueva Ley de Memoria Democrática, rematando, completando y sustituyendo la Ley de Memoria Histórica promulgada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Culmina así el plan de Pedro Sánchez, que presentó un anteproyecto del texto normativo en 2020 y que alberga la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco y entidades similares que ensalcen la dictadura con “menosprecio a las víctimas” del Golpe de Estado de 1936.

El Ejecutivo recoge en el anteproyecto las sugerencias aportadas por el Consejo General del Poder Judicial con una nueva redacción. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, avanzó que el Consejo de Ministros aprobaría el texto este mismo martes y confirmó que se han incorporado las consideraciones del CGPJ con el fin de perfilar con mayor precisión las funciones de la Fiscalía de la Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

La Ley de Memoria Histórica del expresidente Zapatero se sustituirá con este anteproyecto, después de ser abolida de facto por el Gobierno de Mariano Rajoy, al ignorarla desde 2013 y dejarla sin partidas en los Presupuestos Generales del Estado. El renovado anteproyecto fijará como causa de extinción de las fundaciones que las mismas no persigan objetivos de carácter general o perpetren actividades contrarias a los mismos.

Apología del Franquismo

El anteproyecto de Sánchez ya establecía “contrario al interés general” la “apología del franquismo”, pero en su informe, el Poder Judicial ya alertó de que el concepto “sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas” suponía la expresión de ideas respecto de un régimen contrario a los valores democráticos proclamados en la Constitución. Sin embargo, estaban amparadas por la libertad ideológica y de expresión.

Por lo tanto, el Poder Judicial concluía en sus consideraciones que la referencia a la apología del franquismo invadía “claramente el derecho a la libertad ideológica consagrada en la Constitución”. De hecho, estimaron que, al no “imponer” un modelo de democracia militante y que sus “ideas o creencias”, siempre que no comporten “incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo”, no sirven para la “extinción” de una fundación.

Por este motivo, en el anteproyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso de los Diputados para su tramitación, se aclara que se considerará “apología del franquismo” toda aquella acción que “ensalce el golpe de Estado, la dictadura o se enaltezca a sus dirigentes” con “humillación” y “menosprecio” de la “dignidad” de las víctimas.

En este sentido y con esta renovada redacción, el texto será aplicable a la Fundación Nacional Francisco Franco, que enaltece la figura del tirano y, por tanto, quedará extinguida en cuanto las Cortes la aprueben.

Vuelta de tuerca al Valle de los Caídos

La ley contempla también la supresión – o extinción – de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos a través de la derogación del decreto de agosto de 1957. Este texto designó titular y administradora del lugar al citado organismo, aunque ahora será resignificado.

El decreto franquista, que todavía continúa vigente, recogía la creación de un convenio entre la fundación y la Abadía Benedictina de Silos, siendo promulgado un año después. Tanto la fundación como este acuerdo quedarán sin efecto en cuanto la nueva Ley de Memoria Democrática cuente con la luz verde de la Cámara Baja, arrancando las funciones de la abadía.

Toda vez que el texto quede aprobado y, por consiguiente, se liquide a la fundación y deje sin funciones de regencia a los monjes benedictinos, el Ejecutivo deberá aprobar un nuevo Real Decreto que contemple la organización, funcionamiento y régimen patrimonial de todo el complejo. Para ello, será necesario abrir una vía de negociación con la Iglesia. Sin embargo, durante este periodo, será Patrimonio Nacional quien rija todo el complejo.

Fiscalía especializada

El Gobierno no sólo escuchó y atendió las consideraciones del Poder Judicial, sino que también ha incorporado las sugerencias trasladadas desde el Consejo Fiscal. Elaboraron un informe favorable al anteproyecto de ley, pero reclamaron una mayor precisión en las funciones del nuevo fiscal de la sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Atendiendo a las explicaciones del secretario de Estado, el texto incluye una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que esclarezca las competencias de esta nueva figura cuya finalidad será la de investigar los hechos que constituyan una violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, también se le dotará de funciones de impulso en los procesos de búsqueda de las víctimas, coordinándose con los órganos de las diversas administraciones que tienen competencia sobre este campo.

Además, el Ejecutivo también ha tocado los aspectos referentes a la inclusión de la historia de la Democracia en los planes de estudio. Así las cosas, además de en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato, se estudie Memoria Democrática en los cursos de Formación Profesional y en la formación inicial y continua del profesorado.