Este martes, el Consejo de Ministros aprobará la Ley de Memoria Democrática para su posterior tramitación en el Congreso de los Diputados. El texto ya ha encontrado su oposición en la derecha parlamentaria y en los rescoldos franquistas de la sociedad. El presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), Juan Chicharro, ha instado al Partido Popular y a su líder, Pablo Casado, a luchar “por la defensa de la libertad”. Asimismo, ha advertido que “con o sin ley” nadie “nos va a callar”.
El máximo responsable de la FNFF ha censurado el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que aprobará este martes el Gobierno. El texto pretende liquidar a las fundaciones u organizaciones que loen a dirigentes de la dictadura y, ese ensalzamiento, se produzca “con menosprecio a las víctimas” del golpe de Estado del 1936, la Guerra Civil o el régimen franquista.
Chicharro ha defendido la libertad de expresión para “pensar lo que quiera” cada uno y ha espetado que el Ejecutivo “no puede negar el Derecho Constitucional”. “Esta Ley de Memoria Democrática contraviene artículos de la Constitución”, ha declarado el presidente de la Fundación Francisco Franco, quien ha catalogado el anteproyecto como “inconstitucional”.
Por este motivo, Chicharro ha exhibido su “relativa tranquilidad”, dado que el texto tiene que ceñirse al trámite parlamentario y, según ha asegurado, cuenta con la garantía de que Vox la llevará a los tribunales. Asimismo, en el seno de la FNFF, tal y como ha revelado su presidente, esperan que el Partido Popular siga la senda de la formación ultraderechista y luche por la “defensa de la libertad”.
Sin embargo, la ley presumiblemente saldrá adelante gracias a la mayoría parlamentaria que respalda al Ejecutivo, aunque, en este caso, adelanta que se recurrirá la “inconstitucionalidad” del texto y espera que el “Tribunal Constitucional se mantenga independiente” porque el Gobierno “está al asalto”.
Chicharro, en relación al artículo de la ley que busca el blindaje para la extinción de fundaciones que “menosprecien” o “humillen” a las víctimas, ha destacado que la Fundación Francisco Franco “jamás las ha vejado” y ha añadido que bajo ningún concepto “incitan a la violencia”.
Pero el presidente de la FNFF ha lanzado una advertencia pese a lo que pueda ocurrir durante la tramitación del anteproyecto: “Con ley o sin ley nadie nos va a callar”. Asimismo, Chicharro ha querido liquidar los rumores que situaban la sede de la fundación en Portugal tras la aprobación de la ley y ha indicado que se quedarán en España tenga o no la ley el visto bueno de las Cortes.
La cobertura del anteproyecto
El anteproyecto de Sánchez ya establecía “contrario al interés general” la “apología del franquismo”, pero en su informe, el Poder Judicial alertó de que el concepto “sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas” suponía la expresión de ideas respecto de un régimen contrario a los valores democráticos proclamados en la Constitución. Sin embargo, estaban amparadas por la libertad ideológica y de expresión.
Por lo tanto, el Poder Judicial concluía en sus consideraciones que la referencia a la apología del franquismo invadía “claramente el derecho a la libertad ideológica consagrada en la Constitución”. De hecho, estimaron que, al no “imponer” un modelo de democracia militante y que sus “ideas o creencias”, siempre que no comporten “incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo”, no sirven para la “extinción” de una fundación.
Por este motivo, en el anteproyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso de los Diputados para su tramitación, se aclara que se considerará “apología del franquismo” toda aquella acción que “ensalce el golpe de Estado, la dictadura o se enaltezca a sus dirigentes” con “humillación” y “menosprecio” de la “dignidad” de las víctimas.
En este sentido y con esta renovada redacción, el texto será aplicable a la Fundación Nacional Francisco Franco, que enaltece la figura del tirano y, por tanto, quedará extinguida en cuanto las Cortes la aprueben.
Vuelta de tuerca al Valle de los Caídos
La ley contempla también la supresión – o extinción – de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos a través de la derogación del decreto de agosto de 1957. Este texto designó titular y administradora del lugar al citado organismo, aunque ahora será resignificado.
El decreto franquista, que todavía continúa vigente, recogía la creación de un convenio entre la fundación y la Abadía Benedictina de Silos, siendo promulgado un año después. Tanto la fundación como este acuerdo quedarán sin efecto en cuanto la nueva Ley de Memoria Democrática cuente con la luz verde de la Cámara Baja, arrancando las funciones de la abadía.
Toda vez que el texto quede aprobado y, por consiguiente, se liquide a la fundación y deje sin funciones de regencia a los monjes benedictinos, el Ejecutivo deberá aprobar un nuevo Real Decreto que contemple la organización, funcionamiento y régimen patrimonial de todo el complejo. Para ello, será necesario abrir una vía de negociación con la Iglesia. Sin embargo, durante este periodo, será Patrimonio Nacional quien rija todo el complejo.
Fiscalía especializada
El Gobierno no sólo escuchó y atendió las consideraciones del Poder Judicial, sino que también ha incorporado las sugerencias trasladadas desde el Consejo Fiscal. Elaboraron un informe favorable al anteproyecto de ley, pero reclamaron una mayor precisión en las funciones del nuevo fiscal de la sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
Atendiendo a las explicaciones del secretario de Estado, el texto incluye una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que esclarezca las competencias de esta nueva figura cuya finalidad será la de investigar los hechos que constituyan una violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, también se le dotará de funciones de impulso en los procesos de búsqueda de las víctimas, coordinándose con los órganos de las diversas administraciones que tienen competencia sobre este campo.