El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en la noche del jueves que este viernes iniciaría los trámites parlamentarios para reformar el delito de sedición, que pasará a llamarse de “desórdenes públicos” y se homologará a los países del entorno europeo. Tiempo ha que desde Ferraz se deslizaban sus intenciones, e incluso el propio jefe del Ejecutivo defendió una rebaja de penas desde Bruselas, pero Moncloa ha pisado el acelerador para engrasar su relación con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2023. Los republicanos catalanes lo celebraron y aplaudieron, así como el bloque progresista en su conjunto, pero la derecha y la ultraderecha clamaron contra Sánchez, tildándole incluso de “traidor”.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ya se agarró a la excusa de la reforma del delito de sedición para justificar la ruptura de las negociaciones por el CGPJ. Y no ha cambiado de parecer. Desde Ecuador, ha lamentado “tener razón en que Sánchez pone siempre su interés político por encima del de España”. “Es una irresponsabilidad histórica corregir el trabajo del Supremo de la mano de los condenados y una gran ingenuidad porque el independentismo nunca, jamás, se conforma”, continúa, y remacha que “estoy convencido de que hay una mayoría social que no acepta más mentiras de este Gobierno ni más chantajes del independentismo. Los españoles tienen mi palabra de que juntos devolveremos a España la calidad democrática que se merece”.

Su número dos y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, destacó que no es más sino una moneda de cambio, una suerte de factura a cambio de los PGE: “Sánchez paga puntualmente a sus socios las hipotecas que le permiten seguir en Moncloa a costa de la igualdad ante la ley. Ahora un Código Penal a la medida de los sediciosos para sacar unos presupuestos… ¡Alto precio para los españoles!”. Mucho más escuto fue Santiago Abascal, que despachó el asunto con un “traidor”.

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha defendido el paso del presidente valorando que se trata de una “modernización” del Código Penal que repercutirá positivamente España y para Cataluña. “Este Gobierno cumple lo que dice”, ha exhortado a través de redes sociales, haciendo también suya la iniciativa y aplaudiendo que “nuestro país avanzará en la dirección de otras democracias europeas”. Por su parte, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, ha elogiado que el Ejecutivo sigue la senda del “diálogo, el acuerdo y la desjudicialización" del conflicto en Cataluña: ”La derogación del delito de sedición nos homologa con el resto de países europeos y nos permite avanzar en el camino del diálogo, el acuerdo y la desjudicialización”.

ERC celebra la victoria

Fuentes de los republicanos catalanes, que supeditaban las cuentas 2023 a la desjudicialización del conflicto, han valorado “muy positivamente” la supresión del delito de sedición del Código Penal. Consideran que “es un gran paso adelante, un paso imprescindible en la dirección de acabar con la represión política por el conflicto entre el estado español y Cataluña”.

Esquerra ha festejado el anuncio de Sánchez como una victoria propia, precisando que “no hubiera sido posible sin la negociación política entre ambos gobiernos, y no hubiera sido posible sin la apuesta de Esquerra Republicana por la vía negociada para acabar con la represión”. “Como hemos dicho siempre, la amnistía y la autodeterminación son nuestro objetivo político y seguiremos trabajando en ello. El de hoy es un paso en la buena dirección”.