Una nueva fricción se ha producido en el independentismo catalán por la reforma del delito de sedición anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Mediante la presentación de una iniciativa legislativa este viernes en el Congreso de los Diputados, el Gobierno de España, con Unidas Podemos y PSOE al frente, impulsa la sustitución de esa parte del Código Penal por otra que se pasará a denominar ‘desórdenes públicos agravados’.

Este jueves, el dirigente del Ejecutivo español ha señalado que el nuevo tipo penal representará, de esta manera, uno “más o menos homologable” con los de otras democracias de Europa como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Suiza, además de que las condenas por este delito se inspirarán en las que figuran en los códigos penales de los países mencionados. Esta reforma, anunciada por Sánchez durante una entrevista en La Sexta, facilitaría la vuelta a España de líderes independentistas fugados de la justicia como Carles Puigdemont, expresidente de Junts, y la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira.

El partido a la izquierda del movimiento independentista catalán fue uno de los que se posicionó a favor de la medida durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado. Además, ello también sirvió al PP como enésima excusa para romper las negociaciones con el Gobierno español para dejar de acatar la Constitución y no renovar el Consejo General del Poder Judicial.

“Un gran paso” para ERC

Ante esta situación, ERC ha calificado “muy positivamente” la reforma del delito de sedición, valorándola como “un gran paso adelante” e “imprescindible” para zanjar el “conflicto” entre los Gobiernos de España y Cataluña. Fuentes del partido presidido por Oriol Junqueras, la modificación de este tipo penal “no hubiera sido posible sin la negociación política entre ambos gobiernos” y han apostado nuevamente por “la vía negociada” para poner fin a “la represión”.

A este respecto, desde ERC han subrayado que la autodeterminación y una amnistía son su “objetivo político”, tal y como han sostenido siempre, por lo que continuarán “trabajando en ello” para conseguirlo. En esta línea, Junqueras ha celebrado a través de su cuenta de Twitter que el avance “en la desjudicialización siempre es positivo porque aporta justicia allá donde existe injusticia”. “Por eso, los republicanos y republicanas celebramos la eliminación de la sedición. Y seguiremos trabajando la senda de la negociación política para alcanzar la amnistía y la autodeterminación”, ha concluido el presidente de ERC.

“Un engaño” para Puigdemont

Sin embargo, esta actitud positiva con la que el partido a la izquierda del independentismo catalán ha afrontado el anuncio de la reforma del referido delito en el Código Penal contrasta con la reacción de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Catalunya y Junts, formación de derechas en este movimiento político. Mediante un mensaje en su perfil de Twitter, el actual diputado del Parlamento Europeo ha afirmado que la reforma anunciada por el Gobierno de España, formado por Unidas Podemos y PSOE, no representa “lo mismo” que “la derogación del delito”.

“El delito no se deroga: se le cambia el nombre y se anuncia una rebaja de penas. Alerta”, ha advertido Puigdemont sobre este aspecto legal. “Habrá que leer muy bien la letra pequeña y la letra grande”, ha proseguido el político independentista, quien ha lanzado a continuación un ataque contra Pedro Sánchez porque sus “anuncios nunca son lo que parecen”. “Es un maestro en el arte del engaño, pero ya le conocemos los trucos y debemos tomar todas las precauciones. Recordemos la Ley Mordaza y el catalán en Europa”, ha cargado Puigdemont contra el presidente del Gobierno.

“Si te condenan a prisión por organizar y convocar un referéndum de independencia, no importa si son 15 años de cárcel o son cinco: están criminalizando un derecho. La ganancia individual (pasar menos tiempo en prisión) no desemboca en una ganancia política. No se desjudicializaría nada”, ha expresado el expresidente de Junts en su reflexión sobre la reforma legal que acometerá el Ejecutivo español. “La judicialización del conflicto permanecería intacta”, ha reiterado Puigdemont, quien ha apreciado que “menos años de cárcel no significan menos juicios ni causas, quiere decir sólo menos tiempo en prisión”.

“Al final, lo que cuenta no son los anuncios, sino los hechos. Cualquier acusación por los hechos de octubre de 2017 que se haga al amparo de la reforma del delito sería la demostración de un engaño. Porque si realmente el delito se deroga, ya no puede haber condena ni acoso”, ha apreciado Puigdemont para concluir alegando que “si el 1 de octubre del 2017 deja de ser un caso de sedición y pasa a ser un caso de desórdenes públicos agravados, no sé ver dónde está la ganancia política de todo”: “Sí, hay una gran diferencia entre pasar 15 años en prisión a pasar cinco, pero políticamente estaríamos ahí mismo”.