Alberto Casero ha sido el diputado del Congreso de los Diputados que ha salvado la reforma laboral que el Gobierno de coalición ha consensuado con sindicatos y patronal. Es diputado del Partido Popular en el Congreso y miembro del Comité Ejecutivo nacional de Pablo Casado, y ha votado a favor de la reforma, rompiendo en consenso de su formación para no apoyarla, aunque han argumentado que se ha tratado de un error informático.

Pero este diputado popular ya fue noticia hace varios meses, y es que la Justicia le investiga por prevaricación continuada, tal y como desveló en exclusiva ElPlural.com. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Trujillo (Cáceres) le ha imputado por un supuesto delito continuado de prevaricación relacionado con los contratos a dedo en su reciente etapa de alcalde de la localidad, en los que se habría saltado la Ley de Contratación del Sector Público.

Sus problemas judiciales se derivan de su etapa como alcalde de Trujillo entre 2011 y 2019. Por esta etapa, fue denunciado por la fiscal jefe de Cáceres, Marta Abellá-García Macho, el pasado 15 de junio. En la denuncia, a la que tuvo acceso ElPlural.com, se señala: “Durante los años 2017 y 2018 llegó a acuerdos, contratos o convenios con terceros, para que prestaran servicios para el ayuntamiento, sin que se siguiera el procedimiento administrativo legalmente establecido, sin informar a los órganos competentes del ayuntamiento, en el que no había constancia de los mismos o, en algún caso, con advertencia del interventor”.

Los contratos ‘a dedo’

Entre esos contratos se encuentran los relativos a la contratación de un psicólogo, Pablo Bonilla, quien según la fiscal jefe de Cáceres, fue contratado para atender a víctimas de violencia de género pero nunca vio a una sola mujer.

Según la fiscal jefe en su denuncia, el 3 de marzo de 2017, Casero, en su papel de alcalde de Trujillo, contrató a Bonilla como psicólogo que prestara servicios al Ayuntamiento. Éste habría desarrollado su actividad en los meses de marzo, abril, mayo y junio atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género.

El contrato se firmó pese a que el alcalde “conocía que la competencia para este servicio correspondía a la concejala delegada de Servicios Sociales”. Señala la denuncia, que “el 10 de marzo de 2017, se dio de baja en la Seguridad Social a Bonilla, si bien cobró cuatro facturas por importe de 6.120 euros, correspondientes a las sesiones que alegó haber realizado de marzo a junio. El alcalde conocía que carecía completamente de cobertura contractual”.

Además, para que Pablo Moreno siguiera percibiendo una remuneración del ayuntamiento, en agosto de ese año, tal como se expone en la denuncia, se hizo un contrato menor por valor de 18.000 euros anuales. Alberto Casero “ni informó, ni aporto al Ayuntamiento de Trujillo el contrato firmado, ni se instruyó expediente de contratación, ni recabó informe del órgano de contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto”.

Para más polémica, no hay ninguna prueba de que el psicólogo llegara a atender a ninguna mujer víctima de violencia de género: “Tampoco consta que realizara efectivamente los servicios por los que presentó factura desde julio hasta octubre, porque las actividades de violencia de género se canalizaban a través de la Comisión de Violencia de Género, a la que no le consta ninguna actuación”.

Otro de los contratos en cuestión radica en la gala anual de los premios Pop Eye, que se trasladó a Trujillo gracias a las gestiones del entonces alcalde y hoy diputado del PP, que pagó 18.000 euros a la Asociación Cultural Bon Vivant. Según la denuncia de la fiscal, el contrato de patrocinio “debía sujetarse para su adjudicación a la Ley de Contratos del Sector Público”, algo que no sucedió, como tampoco “se aplicó el procedimiento negociado sin publicidad”. El contrato se firmó el 15 de junio de 2018, cuando ya había entrado en vigor el cambio legal que colocaba el máximo importe para contratos menores en 15.000 euros.

Por último, se encuentran los contratos de la promoción de la Feria del Queso, firmado con Radio Interior por valor de 15.000 euros, y otro con Ícaro Consultores en Comunicación SLU, de más de 17.000 euros.