El caso abierto en un juzgado de Trujillo contra el diputado del PP, Alberto Casero, que ha desvelado en exclusiva ElPlural.com, versa sobre diversos contratos que, presuntamente, el miembro del Comité Ejecutivo del PP otorgó a dedo mientras fue alcalde de esta localidad cacereña. Entre esos contratos se encuentran los relativos a la contratación de un psicólogo, Pablo Bonilla, quien según la fiscal jefe de Cáceres, Marta Abellán-García Macho, fue contratado para atender a víctimas de violencia de género pero nunca vio a una sola mujer.
Según explica la fiscal jefe en su denuncia, el 3 de marzo de 2017, Casero, en su papel de alcalde de Trujillo, contrató a Bonilla como psicólogo que prestara servicios al Ayuntamiento. Éste habría desarrollado su actividad en los meses de marzo, abril, mayo y junio atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género.
El contrato se firmó pese a que el alcalde “conocía que la competencia para este servicio correspondía a la concejala delegada de Servicios Sociales”. Señala la denuncia, que añade que “el 10 de marzo de 2017, se dio de baja en la Seguridad Social a Bonilla, si bien cobró cuatro facturas por importe de 6.120 euros, correspondientes a las sesiones que alegó haber realizado de marzo a junio. El alcalde conocía que carecía completamente de cobertura contractual”.
Pero aún hay más porque, según expone la denuncia, “con el fin de mantener a Pablo Bonilla percibiendo una remuneración del ayuntamiento”, en agosto de ese año se hizo un contrato menor por valor de 18.000 euros anuales. Alberto Casero “ni informó, ni aporto al Ayuntamiento de Trujillo el contrato firmado, ni se instruyó expediente de contratación, ni recabó informe del órgano de contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto”.
Lo más grave está por llegar porque, según relata la denuncia, no hay prueba alguna de que el psicólogo llegara a atender a ninguna mujer víctima de violencia de género: “Tampoco consta que realizara efectivamente los servicios por los que presentó factura desde julio hasta octubre, porque las actividades de violencia de género se canalizaban a través de la Comisión de Violencia de Género, a la que no le consta ninguna actuación”.
Es decir, según la fiscal del caso, el alcalde de Trujillo y ahora diputado nacional del PP pagó con dinero público a un psicólogo que cobró por no hacer nada. Así, presuntamente habría abonado más de 25.000 euros que se podrían haber destinado a la lucha contra una lacra en lugar de pagar un servicio más que esencial que no se ha demostrado que se produjera.
