Pocas veces se ve un movimiento así en los tribunales. La jueza que instruye el caso de Alberto Casero, el diputado del PP y miembro de la dirección de Pablo Casado que está imputado por sus contratos como alcalde de Trujillo (Cáceres) no ha remitido el caso al Tribunal Supremo y ha pedido al propio investigado y al fiscal que sean ellos quienes lo hagan.

En la providencia que firma la magistrada asegura que “será el Tribunal Supremo quien se dirija al órgano judicial para ordenar al mismo que se abstenga de conocer y le remita las actuaciones, y ellos de oficio, a excitación del Ministerio Fiscal, o bien a instancia de parte”.

Habitualmente, son los magistrados quienes se inhiben el Tribunal Supremo con una exposición de motivos, pero esta vez la jueza viene a decir es que tiene que ser el Alto Tribunal quien le indique que no puede investigar, o porque tenga conocimiento por su cuenta de que hay una causa abierta o porque le avisen el fiscal o el investigado.

Para justificar esta decisión, la magistrada se basa en el Artículo 21 de la Ley de Enjuciamiento Criminal, donde se señala: “El Tribunal Supremo no podrá formar ni promover competencias y ningún Juez, Tribunal o parte podrá promoverlas contra él. Cuando algún Juez o Tribunal viniere entendiendo en asunto cuyo conocimiento estuviere reservado al Tribunal Supremo, ordenará éste a aquél, de oficio, a excitación del Ministerio Fiscal o a solicitud de parte, que se abstenga de todo procedimiento y remita los antecedentes en el término de segundo día, para en su vista, resolver. El Tribunal Supremo podrá, sin embargo, autorizar, en la misma orden y entre tanto que resuelve la competencia, la continuación de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fueren manifiestas. Contra la decisión del Tribunal Supremo no se da recurso alguno”.

No obstante, no es el proceder habitual del resto de la magistratura cuando se dan situaciones análogas. En estos casos, cuando dentro de una investigación aparece un aforado, el juez instructor envía el suplicatorio al Tribunal Supremo. Es el caso que se dio en el intento de investigar a Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del Gobierno por parte del magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, quien envió al Alto Tribunal un suplicatorio solicitando que se investigase la destrucción de la tarjeta telefónica de su asesora.