Alberto Casero Ávila, diputado del Partido Popular en el Congreso y miembro del Comité Ejecutivo nacional de Pablo Casado, está siendo investigado por los tribunales de Trujillo. De hecho, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de la localidad cacereña le ha imputado por un supuesto delito continuado de prevaricación relacionado con los contratos a dedo en su reciente etapa de alcalde de Trujillo, en los que se habría saltado la Ley de Contratación del Sector Público. El procedimiento contra Casero está, a día de hoy, pausado gracias al aforamiento del que disfruta como miembro del Congreso de los Diputados y por el que solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo.
Desde su llegada a la Presidencia del Partido Popular, Pablo Casado ha esquivado hablar de los temas de corrupción que afectan al partido, como su reciente nueva condena en el caso de los Papeles de Bárcenas, con el argumento de que son causas vinculadas al “pasado” y que nada tienen que ver con su actual mandato. Sin embargo, Casero es presente absoluto, hasta el punto de que se convirtió en diputado en 2019 y el propio Casado le eligió en persona para formar parte de su Comité Ejecutivo y de su Junta Directiva como vocal electo desde 2018.
Sin embargo, sus problemas judiciales se derivan de su pasado como alcalde de Trujillo (Cáceres) entre 2011 y 2019. Por esta etapa, Casero fue denunciado por la fiscal jefe de Cáceres, Marta Abellá-García Macho el pasado 15 de junio. Según la denuncia a la que ha tenido acceso ElPlural.com, “durante los años 2017 y 2018 llegó a acuerdos, contratos o convenios con terceros, para que prestaran servicios para el ayuntamiento, sin que se siguiera el procedimiento administrativo legalmente establecido, sin informar a los órganos competentes del ayuntamiento, en el que no había constancia de los mismos o, en algún caso, con advertencia del interventor”. ElPlural.com ha intentado varias veces contactar con Casero para obtener su versión de los hechos, pero no ha obtenido respuesta.
El asunto se destapa después de que los trabajos vinculados a dichos contratos se llevaran a cabo, pero las facturas no fueran pagadas por la nueva Corporación, después de que el PP perdiera la Alcaldía en las elecciones de 2019, porque no había expedientes. Esto provocó la reclamación por parte de las empresas contratadas ante la Justicia, con las consecuentes sentencias que obligaron al Ayuntamiento a realizar los abonos.
Contratos denunciados
El contencioso puso a la Fiscalía en la pista de los contratos sospechosos, que superan el importe total de los 100.000 euros. Varios de ellos están relacionados con un psicólogo que responde al nombre de Pablo Bonilla y que prestó servicios a mujeres víctimas de Violencia de Género. La denuncia de la fiscal jefe señala que Casero “no informó, ni aportó al ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó expediente de contratación, ni recabó informe de órgano de contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto”. Lo que no impidió que a Bonilla se le adjudicara un contrato de 18.000 euros y otros cuatro de 6.120 euros.
Otro de los contratos cruza los mares y tiene cierta ironía histórica porque es un convenio con la Cámara de Comercio de Perú. La firma le costó a la localidad extremeña un total de 25.000 euros, pero el entonces alcalde “no informó a los servicios económicos ni jurídicos del ayuntamiento, ni aportó copia de dicho convenio a la Intervención, ni fue aprobado por el pleno ni por resolución de alcaldía”.
La gala anual de los premios Pop Eye también se trasladó a Trujillo gracias a las gestiones del entonces alcalde y hoy diputado del PP, que pagó 18.000 euros a la Asociación Cultural Bon Vivant. Según la denuncia de la fiscal, el contrato de patrocinio “debía sujetarse para su adjudicación a la Ley de Contratos del Sector Público”, algo que no sucedió, como tampoco “se aplicó el procedimiento negociado sin publicidad”. El contrato se firmó el 15 de junio de 2018, cuando ya había entrado en vigor el cambio legal que colocaba el máximo importe para contratos menores en 15.000 euros.
Otros de los contratos que según la fiscal jefe de Cáceres se realizaron de forma irregular fueron los de la promoción de la Feria del Queso, firmado con Radio Interior por valor de 15.000 euros, y otro con Ícaro Consultores en Comunicación SLU, de más de 17.000 euros.
Aforado ante el Tribunal Supremo
La jueza instructora citó a Alberto Casero a declarar como imputado el pasado 15 de septiembre. Pero la defensa del diputado avisó mediante un escrito de que en la actualidad está aforado ante el Tribunal Supremo, en tanto que ostenta un escaño en el Congreso, por lo que pidió, con éxito que se suspendiera su declaración.
De hecho, su defensa envió al juzgado un certificado oficial del Congreso de los Diputados donde se daba fe de su condición parlamentaria como diputado del Partido Popular por la circunscripción de Cáceres. Es tras este movimiento cuando el caso entra en un periplo judicial, pues la juez envía una providencia donde asegura “que no tiene potestad para remitir actuación alguna al Tribunal Supremo”.
