Isabel Díaz Ayuso sigue intentando defender que sus becas para ricos no son, precisamente, para las grandes fortunas de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional ha defendido esta medida -que recoge ayudas para estudiar Bachillerato en centros privados para familias que cobren algo más de 100.000 euros anuales- asegurando que el 94,2% de estas subvenciones públicas se van a dedicar a familias con rentas inferiores a 20.000 euros, mientras el resto del montante, cerca de 100.000 euros, será para sueldos superiores a 30.000 al año.

Así lo ha explicado este miércoles el consejero de Presidencia y consejero de Justicia, Enrique López, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. Sin embargo, esta cifra está manipulada ya que se oculta que se trata de renta per cápita y no a la cantidad máxima que gana el total de la unidad familiar. Es decir, no son 20.000 euros anuales por familia, sino por persona que forme ese hogar. Así, una pareja con un hijo puede tener una renta total de 60.000 euros anuales, con dos hijos se elevaría hasta los 80.000 y hasta 100.000 si son tres. 

20.000 euros por persona

De esta forma, cuanto más miembros hay en la unidad familiar mayor es la beca a percibir. Y es que la Comunidad utiliza como baremo la renta per cápita, lo que confronta al resto de regiones y al propio Ministerio de Educación, y con una cantidad media de algo más de 35.900 euros, cifra que corresponde al INE de 2019. Además, el curso pasado las becas se destinaban a familias de 10.000 euros de renta per cápita, lo que fijaba el tope en 30.000 euros por unidad familiar, lo que ahora ha aumentado el número de familias que pueden optar a estas ayudas.

Así, la cuenta que deben hacer los hogares es muy sencilla: dividir los ingresos de toda la unidad familiar por cada uno de los miembros computables y el resultado de cada uno de ellos no podrá superar los 35.913 euros. Eso implica que las parejas con un hijo que cobran 107.000 euros puedan acceder a la ayuda (es decir, 35.913 euros multiplicado por tres miembros familiares). Por el contrario, cuando el baremo que se usa es el de la renta de la unidad familiar, la suma total no podría superar esos 35.900 euros. Además, como ya adelantó ElPlural.com, esto también se tiene en cuenta con hijos no nacidos, por lo que una madre embarazada contaría como dos personas.

Con todo, López ha definido esta política de becas como una "real igualdad de oportunidades para todos los estudiantes" y ha criticado a todos aquellos que hablan de becas para ricos. Sin embargo, cabe destacar que únicamente ha informado de las ayudas a los estudiantes de Bachillerato, es decir, el 21,6% de todas las que se otorgarán el curso 2022/2023. No ha dado cuenta de las destinadas a alumnos de centros privados de educación infantil y de Formación Profesional (FP), tanto de grado medio como de grado superior.

"Medias verdades interesadas"

"El Ejecutivo regional se siente muy orgulloso de esta política de becas”, insistió el consejero de Ayuso. "Y por eso es el momento de pedir a todos aquellos que critican esta política que tomen en cuenta estas cifras, dejen de distorsionar la realidad y dejen de ser demagógicos y de intoxicar a la opinión pública con falsedades, medias verdades interesadas", sostuvo.

Según la Administración, los alumnos más favorecidos para el próximo curso (el 63,1%) pertenecen a familias que obtienen una renta per cápita de menos de 10.000 euros al año, mientras los de hasta 20.000 son el 31,1% y los que se quedan en el límite solo un 0,4%. Pero si se analiza desde el punto de vista de la renta per cápita, cuando el Gobierno madrileño se refiere a familias con 10.000 euros anuales se trata de familias de tres miembros con un total de 30.000 euros anuales; de cuatro miembros, con 40.000... etc.

López informó de que el 33,17% de los 34,37 millones invertidos en este programa de ayudas son para aquellos que "tienen menos de estos ingresos". Un programa cuya dotación ha aumentado la región casi un 30% para el curso que viene, lo que alcanza una cifra de 226 millones de euros, y de la cual más del 60% del presupuesto irá destinado a financiar el pago de los estudios en centros privados.