El adelanto de las elecciones generales al 23 de julio anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la luz de los resultados del Partido Popular a nivel municipal y autonómico este 28 de mayo ha llegado como un auténtico terromoto político. Mientras los populares han mostrado su malestar por el timing de esta convocatoria, solo unas horas después de su victoria, y ha dejado a unos socios del PSOE en el Congreso divididos entre el desconcierto y la esperanza, esta noticia ha supuesto además de un giro argumental un cambio en el calendario legislativo. Y es que ha obligado a suspender todas las actividades parlamentarias previstas para esta semana y estos seis meses que quedaban por delante, en los que los grupos y la coalición esperaban sacar adelante muchas normativas. Pero no solo ha paralizado los planes sino que ha tirado por tierra algunas de las iniciativas que ya estaban en marcha, por lo que se van a quedar en el tintero más de 60 textos. Algunas tan importantes como el derecho al olvido oncológico o la ley de Familias.

Fin a la actividad parlamentaria

Tras la reunión del Consejo de Ministros en la tarde de este lunes y la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto que hace efectivo la convocatoria de las elecciones generales y la disolución de las Cortes, este martes ya se ha hecho real el fin de muchos procesos legislativos. Ya no habrá ni juntas de portavoces ni reuniones de la Mesa convocadas para esta misma semana. De hecho, a partir de este momento únicamente queda en funcionamiento la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados pero no el Pleno de la Cámara Baja, que ya no podrá reanudar sus trabajos este miércoles ni lo hará hasta la próxima legislatura. La previsión de la sesión constitutiva del próximo equipo de Gobierno, y por lo tanto también de los grupos parlamentarios con los nuevos diputados, está marcada para el 17 de agosto. Eso si las negociaciones se producen sin alargamientos tras la cita con las urnas el 23 de julio y continúa con los plazos establecidos hasta ahora. 

En concreto, se quedan en el cajón un total de 25 leyes procedentes de decretos ley que el Congreso ha aceptado tramitar por el procedimiento de urgencia para que los grupos introdujeran enmiendas. Todas estas están en vigor pero el adelanto electoral impedirá modificaciones a algunas de ellas, como la mejora de las pensiones -que no su reforma y revalorización- o al sistema de cotización de los autónomos. En la misma situación quedan otros 38 textos legislativos, ocho de los cuales son proyectos de ley del Gobierno y el resto corresponden a iniciativas impulsadas por los grupos parlamentarios. Esta misma semana el Hemiciclo iba a debatir la toma en consideración de dos proposiciones de ley, una de Vox para penar actitudes que "atentan contra la unidad o la integridad territorial de España" y otra de Unidas Podemos sobre la deslocalización de empresas para obligar a las que se lleven su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas tras el caso de Ferrovial. También dos no de ley: del PP sobre medidas relativas a la vivienda habitual y del PSOE sobre la Estrategia Nacional de Economía de los Cuidados. Todas decaen.

Las leyes que decaen por el adelanto electoral

En este contexto, hay algunas legislaciones que han costado meses de negociaciones que ahora ya no podrán ver la luz para aparecer rubricadas en el BOE. Estas van desde el derecho al olvido oncológico, la equidad del Sistema Nacional de Salud y la ley de Paridad hasta la creación de una nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, contra el desperdicio alimentario o medidas para paliar la sequía. Además, el adelanto de la cita con las urnas pone en peligro la puesta en marcha de otras que ya se habían aprobado, como la ley de la vivienda, que únicamente tres Comunidades Autónomas van a impulsar ante las críticas de la derecha. El Partido Popular ha amenazado con derogar el texto si llega a Moncloa, por lo que tiene muchas papeletas de caer tras la formación de Gobierno, mientras la líder de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que no la iba a implantar desde el mismo momento de recibir luz verde del Pleno.

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero

Después de aprobarla con sorprendente consenso mayoritario, la ley que contempla la creación de una Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero ya no será posible. Y es que tras el visto bueno del Congreso hace a penas unas semanas, el Senado tenía previsto dar luz verde a esta norma en los próximos días. Se trata de una legislación impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos que lidera la vicepresidenta primera Nadia Calviño que iba a poner en marcha un nuevo organismo público que asumiera las reclamaciones de clientes que hasta ahora se presentan ante el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

El derecho al olvido oncológico

Uno de las grandes promesas del Ejecutivo ha sido garantizar el derecho al olvido oncológico. La iniciativa, que se pretendía aprobar en el Senado a través de una enmienda a la ley que regula la atención a la clientela, declaraba "nulas" todas aquellas cláusulas que excluyan a una de las partes por haber padecido un cáncer y prohibía a las aseguradoras que "discriminen" en la contratación a estas personas, con la precisión concreta de que para suscribir un seguro de vida no se estará obligado a declarar si se ha padecido esta enfermedad una vez cumplido el plazo de cinco años. La intención del Gobierno, tal y como anunciaron hace tan solo unos días, era aprobar la norma para su implementación este mes de junio.

La Ley de Familias

Tras unas intensas negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, el proyecto de ley de Familias con sello del Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra llegó al Congreso hace unos pocos meses. Su tramitación se esperaba rápida, pero finalmente se ha ido retrasando en numerosas ocasiones por la falta de acuerdo entre los socios. ERC paralizó la norma porque, según esgrimían en un primer momento, invadía competencias autonómicas, un punto que finalmente salvaron. No obstante, después alegaron que se debía a la falta de financiación. Este retraso, ejecutado también por parte del PSOE, junto al adelanto electoral, ha provocado que, finalmente, la norma estrella de la líder de la formación morada no vaya a ver la luz y, por lo tanto, no sean efectivos los permisos laborales que incluía.

La equidad del Sistema Nacional de Salud

Tampoco va a salir la conocida como la ley Darias, una norma impulsada por la exministra de Sanidad Carolina Darias que apuntaba a la consolidación de la "equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud". Este texto se lleva tramitando en la Cámara Baja desde el verano del año pasado con enfrentamientos entre los socialistas y morados, lo que ha paralizado su desarrollo a lo largo de la legislatura. Desde Unidas Podemos denunciaban que el texto no permitía poner freno a la privatización de servicios que se inició durante el gobierno del PP de José María Aznar. Ahora este adelanto electoral tumba por completo las negociaciones.

Paridad y contra la trata

Lo mismo ha ocurrido con la ley de paridad y contra la trata. El pasado martes, hace menos de una semana, el Consejo de Ministros dio el visto bueno a la primera, que pretendía garantizar la presencia paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión. La iniciativa, anunciada por Sánchez a las puertas del último 8 de marzo, tampoco podrá ser tramitada. Tampoco se podrá ultimar los trabajos en torno a la lucha contra la trata que el ministerio de Justicia llevaba meses preparando.

Otras leyes tumbadas

También quedará en el limbo la ley de Salud Mental que ha registrado Unidas Podemos de la mano de Más País así como la que ha presentado Ciudadanos para garantizar el derecho a una vida diga de las personas que sufren Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), esta última no sin polémica. Pero hay decenas más: la del cine y la cultura audiovisual y la de enseñanzas artísticas, que se iba a aprobar este jueves para su remisión al Senado. Al mismo tiempo se iba a someter a debate de toma en consideración de un decreto con medidas contra la sequía y la promoción del uso del transporte público por parte de los jóvenes y contra el desperdicio alimentario. En materia de justicia se ha experimentado una situación parecida. Tampoco se ejecutarán las leyes de eficiencia organizativa y procesal, bazas del Gobierno para mejorar la Justicia. 

En materia laboral, tampoco podrán ser aprobadas en esta legislatura la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para ampliar permisos de paternidad y maternidad, la que persigue que estas circunstancias sirvan para la suspensión de juicio oral y la que reconoce como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones. Además, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tenía muy avanzada la negociación con patronal y sindicatos del nuevo estatuto del becario y, por otro lado, la transformación del SEPE en la Agencia Española de Empleo. También quedará pendiente la reforma del sistema de protección asistencial por desempleo que afectaba a casi un millón de parados y que estaba comprometido con Europa en el Plan de Recuperación y Resiliencia.

Se acaba la comisión de las cloacas del PP

Al mismo tiempo, decae la reforma de la Ley de Seguridad Social y las posibilidades de volver a negociar un texto para reformar la Seguridad Nacional conocida como mordaza. Pero también caducan distintas proposiciones no de ley y mociones así como la tercera comisión de investigación sobre las cloacas del Estado y la operación Cataluña durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Ya no podrán desfilar más nombres por los pasillos de la Cámara Baja para esclarecer lo sucedido tras las declaraciones del excomisario Villarejo.