Apenas dos días después de que el grupo parlamentario EH Bildu llevara al Congreso una proposición no de ley para impedir la deslocalización de empresas, la devolución de los fondos públicos obtenidos y el mantenimiento del empleo, los vascos consiguen alcanzar un acuerdo con los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, para que en la próxima Ley de Industria se establezcan las condiciones para recuperar las ayudas públicas y mantener los puestos de trabajo en casos de deslocalización. Desarrollándose así las medidas en una futura ley.

El documento, rubricado por el portavoz adjunto de EH Bildu, el portavoz del grupo socialista y el portavoz de Unidas Podemos y sus confluencias reza que “el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a avanzar en la configuración de un entorno regulatorio atractivo para promover la constitución de empresas y la inversión extranjera y, a su vez, a elaborar y desarrollar, mediante su inclusión en la próxima Ley de Industria, legislación específica para condicionar la recepción de apoyo y ayudas públicas por parte de empresas a que no haya reubicación o deslocalización de la actividad, estableciendo por ley el reintegro del apoyo y las ayudas públicas recibidas al producirse esta situación durante un determinado periodo de tiempo, teniendo en cuenta la jurisprudencia y normativa de la Unión Europea”.

Además, el texto añade que “las ayudas quedarán condicionadas al mantenimiento del empleo, por lo que el incumplimiento de esta obligación conllevará igualmente el reintegro de la ayuda recibida, dentro del marco normativo europeo en materia de ayudas de Estado, y de acuerdo con lo que se regule normativamente en la Ley de Industria y sus reglamentos de desarrollo”

Así pues, a través de la aprobación de la iniciativa presentada por Bildu, tanto el PSOE como Unidas Podemos se han comprometido a desarrollar y elaborar una legislación específica para condicionar la recepción de la financiación y las ayudas públicas por parte de empresas que deslocalicen una parte o la totalidad de su actividad.

La enmienda ha salido adelante este jueves con el apoyo de una amplia mayoría del hemiciclo, con 175 votos a favor, 11 abstenciones y 158 votos en contra, una votación similar a la que se produjo el lunes tras tomarse en consideración la propuesta de Bildu. En concreto, la derecha, como era previsible, se ha posicionado en contra con el PP, Vox y Ciudadanos a la cabeza.

Bildu considera el acuerdo como un buen punto de partida

De esta manera, el incumplimiento de las condiciones recogidas en la Ley de Industria deberá suponer el reintegro de las ayudas públicas obtenidas, tal como indica la enmienda transaccional acordada por las tres fuerzas políticas: "Las ayudas quedarán condicionadas al mantenimiento del empleo, por lo que el incumplimiento de esta obligación conllevará igualmente el reintegro de la ayuda recibida".

EH Bildu considera que este acuerdo supone "un buen punto de partida" para negociar y alcanzar un acuerdo amplio en la Ley de Industria, que permita legislar sobre la devolución de las ayudas públicas que hayan podido recibir las empresas que incumplan las condiciones establecidas. El grupo soberanista vasco cree que es una buena noticia que las fuerzas que componen el Gobierno se abran por primera vez a desarrollar una legislación para evitar la deslocalización y garantizar el mantenimiento del empleo.

El contenido de la proposición

Mediante la proposición no de ley llevada el lunes al Congreso, el grupo parlamentario instaba al Ejecutivo a impedir la deslocalización de aquellas compañías que se hayan beneficiado de los fondos públicos. De este modo, la consecución de subvenciones o ayudas, tanto estatales como autonómicas, se condiciona a la imposibilidad de trasladar la totalidad de su actividad o parte de ella, así como su sede social o fiscal fuera de España. En concreto, el periodo que contempla la propuesta es que dichas compañías no podrán realizar tales movimientos durante al menos los cinco años posteriores a la última financiación pública obtenida. Además, el texto añadía que la compañía tampoco podrá despedir a nadie durante ese periodo de tiempo.

Bildu también recordó que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han adoptado medidas en esta línea para "recuperar las ayudas concedidas por la UE a las empresas si deslocalizan sus actividades antes de que transcurran ocho años desde la concesión de la ayuda".

Por último, también planteó "elaborar, desarrollar y aprobar de manera urgente la legislación necesaria para proteger y asegurar los puestos de trabajo en caso de deslocalización de empresas con financiación pública producidas por traslado de sede social o fiscal", planteamiento que se consuma finalmente este jueves tras la firma entre las partes.