El Grupo Parlamentario Bildu ha llevado al Congreso la tarde de este martes una Proposición no de ley para impedir la deslocalización de empresas, la devolución de los fondos públicos obtenidos y el mantenimiento del empleo. Esta iniciativa impulsada desde Bildu llega en los últimos coletazos de la vorágine generada por la ‘huida empresarial’ de Ferrovial a Países Bajos.

El grupo parlamentario insta al Ejecutivo a impedir la deslocalización de aquellas compañías que se hayan beneficiado de los fondos públicos. De este modo la consecución de subvenciones o ayudas, tanto estatales como autonómicas, se condiciona a la imposibilidad de trasladar la totalidad de su actividad o parte de ella, así como su sede social o fiscal fuera de España. En concreto, el periodo que contempla la propuesta es que dichas compañías no podrán realizar tales movimientos durante al menos los cinco años posteriores a la última financiación pública obtenida. Además, el texto añade que la compañía tampoco podrá despedir a nadie durante ese periodo de tiempo.

El caso Ferrovial "ha puesto sobre la mesa el debate sobre la deslocalización de empresas, especialmente las receptoras de ayudas públicas, así como la necesidad de los Estados de dotarse de mecanismos que protejan a sus trabajadores y a la ciudadanía en general de estos procesos", señalan desde Bildu

El portavoz del grupo parlamentario, Oskar Matute ha arremetido contra el pasado franquista de Ferrovial “fue fundada por dos personas: Rafael del Pino Moreno, voluntario en el alzamiento franquista de 1936 en el bando sublevado, y por José María López de Letona y Núñez del Pino, a la sazón, ministro de Franco” algo que, de acuerdo con el portavoz parlamentario sirvió a la compañía para obtener numerosos contratos públicos.

Otro punto importante que ha subrayado Matute desde la tribuna de oradores es el hecho de “desarrollar la legislación necesaria para que quién ha recibido dinero durante los 10 años anteriores a irse lo devuelva”, sentenciaba el diputado vasco, quién también ha hecho un alegato a favor de la intervención del Estado en lo referente a la deslocalización de dichas compañías

Tal y como ya dio a conocer Bildu, este defiende “un papel proactivo por parte del sector público, que debería ser encargado de impulsar políticas verticales que permitan al Estado ser vertebrador de este proceso y convertirse en un Estado emprendedor con capacidad de decisión y control, capaz de asumir el riesgo de la innovación a través de la elección de sectores económicos estratégicos, con ventaja productiva frente a otras economías y a través de los cuales puedan generarse efectos de arrastre a otros sectores. Esta figura del Estado emprendedor e impulsor de políticas estratégicas requiere de fuertes inversiones, pero también de un compromiso por parte de las empresas y centros de actividad que sean beneficiarios de las ayudas o subvenciones públicas recibidas”

Proposición similar a la de Podemos

En la misma línea se pronuncio también el grupo parlamentario de Unidas Podemos. De hecho, la formación morada ya registró una proposición, esta sí, de ley, para hacer que las empresas que trasladen su producción o sede fiscal fuera de España tengan que devolver todas las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los últimos 10 años anteriores a la decisión de hacer efectivo el traslado, además de sumar los intereses de demora.

El grupo parlamentario vasco justificaba su propuesta en lo que, de acuerdo con los morados es un hecho de “piratería económica” por parte de Ferrovial. El portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, criticó además que ésta y otras empresas hayan crecido a raíz de las ayudas y contratos públicos y ahora puedan irse a un "paraíso fiscal" sin "ninguna consecuencia".

De acuerdo con Bildu y Podemos, la decisión de la compañía dirigida por los Del Pino de trasladar su sede a Países Bajos, ha puesto sobre la mesa la necesidad de proteger a los trabajadores de estos procesos, así como los relativos a la producción o los referentes al cambio domiciliario.

Además, ambos partidos afean a la compañía el poner el rumbo hacia estados con medidas fiscales y normas legales más ventajosas, dejando así de cotizar en España.

Proposiciones acordes a la legislación europea

Bildu recuerda que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han adoptado medidas en esta línea para "recuperar las ayudas concedidas por la UE a las empresas si deslocalizan sus actividades antes de que transcurran ocho años desde la concesión de la ayuda".

Por último, también ha planteado "elaborar, desarrollar y aprobar de manera urgente la legislación necesaria para proteger y asegurar los puestos de trabajo en caso de deslocalización de empresas con financiación pública producidas por traslado de sede social o fiscal".

Podemos y ERC secundan la proposición

En todo caso Unidas Podemos, el socio minoritario del Gobierno, acepta el texto de Bildu sin rebajar su redacción. Su portavoz de Trabajo, Antón Gómez Reino cree que la iniciativa "es de sentido común" y se entiende "perfectamente" que se limite que haya grandes empresas que reciban financiación pública y que luego trasladen su producción o su actividad financiera o fiscal a otros países.

Además, ha recordado que la iniciativa de Bildu es similar a una proposición de ley de la formación 'morada', precisamente para obligar a las empresas que se lleven su producción o su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país, pagando asimismo los intereses de demora.

También el portavoz de Trabajo de Esquerra Republicana (ERC), Jordi Salvador, ha adelantado el apoyo de su grupo a la propuesta porque "no es bueno" que las empresa se deslocalicen de su país de origen. Y es que, Salvador ha apuntado que entre los motivos que explican esta marcha por parte de las compañías suelen situarse unos menores impuestos en los países destino e incluso salarios más bajos.

Tanto Néstor Rego, del BNG, como Joan Baldoví, de Compromís, han saludado igualmente la iniciativa. Este último ha defendido legislar para vincular las ayudas al mantenimiento de las empresas en el país, porque considera que es de "sentido común" y "razonable".

La derecha carga contra la propuesta

En el lado contrario se han situado PP, Vox y Ciudadanos. El 'popular' Víctor Píriz ha reprochado al Gobierno de generar un "infierno fiscal" en lugar de "atraer a empresas". En este contexto, ha acusado al Ejecutivo de "expulsar" y "acusar" a las compañía de la inflación o el desempleo.

En esta línea se ha pronunciado también Inés Cañizares, de Vox, que ha recordado que la normativa actual ya establece el reintegro de ayudas públicas concedidas a empresas cuando estas incumplen algunos objetivos o requisitos. Por su parte, María Muñoz, de Ciudadanos, ha criticado la iniciativa por "señalar", "demonizar" y "atacar" a las empresas y en concreto a Ferrovial.

La respuesta del PSOE

Por su parte, el PSOE ha propuesto a EH Bildu en el Congreso condicionar "con carácter excepcional" la posible recepción de apoyo público a empresas a que no haya reubicación o deslocalización de la actividad de la compañía en un periodo de tiempo concreto.

El partido mayoritario en el Ejecutivo ha ofrecido un texto alternativo más suave, animando a configurar un entorno regulatorio "atractivo" en España para la constitución de empresas y la inversión extranjera.

La socialista Cristina López Zamora sostiene que, en vez de devolver las ayudas como sugiere la formación independentista, se condicione a las empresas "con carácter excepcional" la posible recepción de apoyo público para determinadas modalidades de subvenciones o deslocalización de la actividad durante un determinado periodo de tiempo desde el momento en que se produce el apoyo público.

El PSOE y Bildu han quedado en intentar pactar un nuevo texto, vía enmienda transaccional, con vistas a la votación programada para este jueves en el Pleno del Congreso.