Un mes ha transcurrido desde que Ferrovial confirmase su decisión de abandonar España y deslocalizar su sede social en Países Bajos. Desde entonces, la directiva de la empresa ha ido esgrimiendo diferentes argumentos para justificar su decisión de los que ha sobrevivido la complicación de cotizar simultáneamente en el IBEX 35 y en Nueva York. Este viernes, tras conocerse que Leopoldo del Pino Calvo-Sotelo, hermando del presidente y cuarto accionista de Ferrovial, no apoya la espantada de la compañía, Calviño ha activado los resortes poniendo en marcha a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a Bolsas y Mercados Españoles (BME) para que realicen los cambios necesarios para evitar la fuga.

El Gobierno da un paso al frente y buscará solucionar los supuestos problemas aludidos por Ferrovial en relación con la cotización en Estados Unidos, doble cotización que otras grandes empresas del IBEX sí realizan. El tiempo apremia, ya que la Junta General de Accionistas en la que se tomará la decisión está fechada para el 12 y el 13 de abril. No obstante, el Ejecutivo se ha encontrado con un aliado con el que no contaba: un miembro de la familia del Pino. El propio hermano de Rafael del Pino, polémico presidente, votará en contra del traslado el próximo 13 de abril, lo que podría obligar a la compañía a recomprarle su participación al precio fijado (26,0075 euros), tal y como ha adelantado ElConfidencial.

El hermano díscolo todavía no ha tomado una decisión sobre la venta de sus acciones, pero lo cierto es que contar con la propiedad del 4,25% del capital le sitúa en una posición de poder que no es baladí. De hecho, si finalmente decidiese vender, la multinacional debería desembolsar más de 800 millones de euros, situación que vulneraría el pretexto marcado por Ferrovial, que supedita la marcha a que un máximo del 2,5% del capital (500 millones de euros) venda sus acciones. No obstante, esta línea marcada en su momento puede redibujarse si lo que se pretende es acometer la operación.

Leopoldo del Pino, de igual manera que el resto del clan, apoya cruzar el charco y situar el nombre de Ferrovial en las pantallas de la gran manzana; sin embargo, el mensaje patriótico ha calado en su ser y ahora apuesta por dar un tiempo prudencial a las autoridades para que acometan los cambios necesarios para conseguir el tan ansiado viaje si tener que abandonar España. "El Gobierno pueda ayudar a que esa decisión no se materialice", ha asegurado Calviño a Ferrovial, añadiendo que esto puede ser un paso para "fomentar e impulsar que las empresas españolas puedan acceder a la mejor fuente de financiación en nuestro país”.

Además, de tomarse la decisión que plantea, Leopoldo Pino considera que la reputación de la compañía quedaría restablecida, si es eso posible, al cargar la responsabilidad a un Gobierno que no podría acusar a Ferrovial de falta de patriotismo si no hace nada para resolver sus quejas. Por el momento, los técnicos, ordenados por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, continúan manos a la obra, pero cuentan ahora con el incentivo de la situación. "Hemos estado trabajando con la CNMV y con BME para tratar de identificar si dentro de la normativa española hubiese algún elemento que pudiese explicar la decisión que se había anunciado y seguiremos trabajando", ha puesto en valor la titular de Economía.

El Gobierno, ojo avizor

El Gobierno ya anunció hace dos semanas que realizaría controles en profundidad, atendido a “la letra pequeña” del traslado de sede. Palabras procedentes de la propia ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para la que el principal objetivo es "preservar los intereses" de la sociedad española. "Con independencia de las razones que haya podido expresar su consejo de administración, nosotros haremos valer los intereses de España con esta empresa y con cualquier otra empresa que tenga una actitud en este sentido", señaba la ministra a principios de marzo.

Además, Montero también denunciaba que lo importante no es solo lo relacionado con aspectos legales, sino que "Esto es una cuestión de justicia social, porque se da la paradoja de que las multinacionales tienen un tipo efectivo en Sociedades inferior al de la pyme por esa ingeniería fiscal que a veces practican". "Un plus patriótico", solicitaba la titular de Hacienda a la empresa, construida, y beneficiada, gracias a las licitaciones públicas que ha obtenido durante años.