Los partidos que conforman el Gobierno de coalición han logrado un acuerdo para desbloquear ley de calidad de la sanidad, una norma derivada de una iniciativa legislativa popular (ILP) que busca fijar una ratio mínima de médicos y enfermeros en los centros sanitarios en pos de una buena atención a los pacientes. Así, la Mesa del Congreso ha dado luz verde este martes, gracias a la mayoría de PSOE y Unidas Podemos, a poner fin al plazo de enmiendas a esta proposición de ley, dando un paso hacia la mejoría de los servicios públicos. Sin embargo, mientras los socios del Ejecutivo avanzan en esta línea encallan un poco más la Ley Darias, una normativa de equidad sanitaria. Las dos formaciones no han logrado un acuerdo con las privatizaciones como principal escollo y han ampliado una vez más el plazo de enmiendas alargando su puesta en marcha.
El Gobierno desbloque la ILP de calidad sanitaria
Este martes la mesa del Congreso de los diputados ha aprobado dar fin al plazo de enmiendas a la proposición de ley de calidad de la sanidad. Se trata de una norma derivada de una iniciativa legislativa popular (ILP) para establecer una ratio mínima de profesionales médicos y enfermeros en todos los centros sanitarios que sean de titularidad pública. Lo ha hecho gracias a los votos a favor del PSOE y Unidas Podemos, que tienen mayoría en este órgano rector de la Cámara Baja y que, tras semanas de negociaciones, han logrado un acuerdo para desbloquear esta propuesta liderada por los propios ciudadanos. Una petición de blindar la atención como respuesta ante el desmantelamiento del sistema que están llevando a cabo algunas regiones.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el secretario cuarto de la Mesa y diputado morado, Javier Sánchez, quien ha hecho las veces de portavoz tras la baja de Pablo Echenique, que se encontraba enfermo de gripe. "Frente a la demolición calculada en comunidades como Madrid o Andalucía, la coalición tenía que apostar por la sanidad pública y los sanitarios", ha sostenido antes de comunicar también que los socios están avanzando en otras leyes, como la de la ELA o la de Salud mental, esta última una norma que consideran "urgente" debido a la elevada tasa de suicidios que se registran en nuestros país. "Se producen 11 suicidios al día mientras mucha gente que pide cita al psicólogo tiene que esperar meses", ha denunciado. Solo una semana antes sí lograron desbloquear la de bebés robados.
La 'Ley Darias' se vuelve a encallar
Mientras se producen estos avances en cuanto a los ratios en los centros de salud, el Gobierno ha vuelto a encallar la ley de equidad sanitaria, conocida como Ley Darias, un Proyecto de Ley que contempla la reforma de diversas legislaciones en búsqueda de una "equidad, universalidad y cohesión" del Sistema Nacional de Salud. En concreto, PSOE y Unidas Podemos se han dado al menos una semana más -hasta el próximo martes- para acercar posturas en esta ley, donde el principal escollo son las privatizaciones, y después de mantener una reunión a mediados de febrero en la que no se ha alcanzado ningún acuerdo para desbloquearla. Así, la mesa ha concordado volver a ampliar el plazo de enmiendas para el texto, que ya ha sufrido más de una veintena de prórrogas, y para la que fue aprobada su toma en consideración hace ya seis meses.
Los socios pusieron negro sobre blanco en el acuerdo de investidura el compromiso de "avanzar en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa", un convenio que pasa por "revisar" la ley 15/1997 aprobada por el Gobierno de Jose María Aznar. Esta legislación puso los primeros ladrillos para la privatización sanitaria con la habilitación de nuevas formas de gestión del sistema, un punto que está generando desavenencias entre las formaciones de la coalición y que ha hecho que los morados hayan lanzado un nuevo ofrecimiento a los socialistas para acotar esta posibilidad tras registrar 11 enmiendas a la norma desarrollada por la ministra Carolina Darias.
La privatización, principal escollo
El Proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema nacional de Salud, tal y como publica el Boletín Oficial de las Cortes Generales, modifica la ley General de Sanidad para cercar las privatizaciones. Sin embargo, estas limitaciones no son suficientes para los de Ione Belarra, que piden avanzar aún más en las prohibiciones a la luz de la reforma de los socialistas. El PSOE apuesta por añadir una disposición para que "la gestión y administración de las estructuras y servicios públicos que integran el Sistema Nacional de Salud" se lleve a cabo de manera directa con tres opciones: "a través de la administración competente; de entidades entre las que conforman el sector público institucional estatal, autonómico y local; o mediante la creación de consorcios creados por varias administraciones públicas o entidades integrantes del sector público institucional".
Ya en el punto 2 se recoge que "de forma excepcional, justificada y motivada" y "solo cuando no sea posible la prestación directa de los servicios públicos" se puedan "establecer conciertos o recurrir a cualesquiera de los contratos regulados en la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como a cualesquiera de las fórmulas de colaboración previstas en la ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público". Asimismo se establece unas excepciones que podrían alegar las administraciones para una privatización, concretamente la "utilización óptima de sus recursos sanitarios propios", "la insuficiencia de medios propios para dar respuesta a los servicios y prestaciones" así como "la necesidad de recurrir a fórmulas diferentes a las establecidas en el apartado 1".
A juicio de los morados, esta redacción hace que se deje la puerta abierta a la privatización, principal exigencia de Podemos y justificación para rechazar la ley. Así, el grupo parlamentario que lidera Echenique ha ofrecido un acuerdo a su socio mayoritario para desbloquear la Ley Darias que pasa por limitar esta opción. Así, exigen que las administraciones tengan que "planificar y proveer de todos los recursos humanos y materiales" para "garantizar la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarias a través de la gestión directa", sin tener que recurrir a las empresas privadas, a las que solo podrían acudir "de forma excepcional" y "justificada en razones de extraordinaria y urgente necesidad". Hasta el momento se desconoce si los socialistas tienen en cuenta esta propuesta.
