Este martes, el Consejo de Ministros aprobará una de las grandes apuestas del Gobierno en materia de Sanidad: el anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Una enmienda total a las políticas de gobiernos del PP -desde José María Aznar a Mariano Rajoy- con la que se buscan revertir varios copagos, garantizar la universalidad del sistema y, en última instancia, según fuentes del Ministerio de Sanidad, "blindar a la Sanidad Pública" frente a futuros intentos de privatización.

La medida, que está incluida en el componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fue anunciada este fin de semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin de la campaña de las elecciones andaluzas, con el pretendido objetivo de que la sanidad “no se privatice por ningún gobierno de derechas en ninguna comunidad autónoma”. La aprobación se realizará en segunda vuelta, tras ser presentado y aceptado en el Consejo de Ministros por primera vez en noviembre del año pasado y ahora tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados para enfrentarse a enmiendas antes de su ratificación final.

Sin embargo, dentro de la coalición, la parte de Podemos ha mostrado su recelo sobre que este proyecto consiga ese objetivo y apunta a que será un nuevo campo de batalla entre socialistas y morados, al menos en la arena legislativa. “Tenemos serias dudas de que esta ley vaya a servir realmente para evitar la privatización de la sanidad pública y el desmantelamiento que la derecha está haciendo en muchas comunidades autónomas”, comentaba la secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez.

Universalidad de la Sanidad

El primer objetivo del proyecto es garantizar la universalidad del acceso a la Sanidad Pública. Esta bandera ya fue izada por el Gobierno de Sánchez al mes de ganar la moción de censura, con un Real Decreto que revertía otro aprobado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, con la firma de la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato. La medida del Ejecutivo del PP privaba de tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares y eso llegó a su fin, en principio, con el cambio legal de julio de 2018. Sin embargo, quedó un resquicio que permitía a las Comunidades Autónomas, que quisieran implementarlo, denegar el derecho a la atención médica a quien no pudiera confirmar que llevaba más de tres meses viviendo en España.

Este nuevo proyecto pretende cerrar ese hueco normativo para evitar la discriminación a inmigrantes y extranjeros. Además, se amplía ese derecho a colectivos como personas de origen español que viven fuera del país y sus familiares que viajen a España y tengan una necesidad médica. Sin embargo, organizaciones como Médicos del Mundo y la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, citados por El País, criticaron que en el primer texto del anteproyecto "seguían quedando los mismos resquicios que ya había". 

Fin de copagos

Otro de los frentes importantes que abordará el anteproyecto es la eliminación del copago de transporte no urgente y el ortoprotésico para personas vulnerables, de igual manera que se eliminó en 2019 el copago de medicamentos que impuso también el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Si el fin del pago de medicamentos benefició a 7,8 millones de personas, el Ministerio de Sanidad calcula que el fin del copago ortoprotésico llegará a 6 millones de ciudadanos.

“Personas perceptoras del IMV, pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y a personas de rentas bajas por hijo a cargo”, según fuentes de Sanidad, serán los beneficiarios de esta medida, mediante la implantación de un catálogo común en todas las comunidades autónomas, al estilo de lo que sucede con los medicamentos desde 2019.

Gestión pública preferente

Además, el anteproyecto de ley que se aprueba este martes tiene el objetivo de “recuperar la cartera común de servicios única y cerrar la puerta a nuevos copagos”, así como dar prevalencia a la gestión pública directa de los servicios sanitarios como “fórmula preferente”. Una medida que desde el Gobierno defienden como un “blindaje de la sanidad pública”. De esta manera se busca que la derivación a centros privados sea una excepción, en lugar de algo habitual, como ocurre en varias comunidades autónomas, donde los pacientes ni siquiera son informados de que el centro donde se les envía es de titularidad privada.