Un paso más para saldar una deuda histórica con las víctimas del franquismo. Esto es lo que han hecho los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición con las miles de familias de nuestro país que sufrieron el robo de bebés durante la dictadura, un crimen que continúa impune y que se extendió más allá de la transición, hasta al menos los años 90. Así, PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo este martes para que la Proposición de Ley conocida como la ley de bebés robados, que está paralizada desde hace cuatro años, pueda seguir con el trámite parlamentario con el objetivo de que se apruebe a lo largo de esta legislatura. Según los registros, más de 30.000 menores fueron separados de sus familias biológicas para ser entregados a aquellas que cumplían los requisitos patrióticos del régimen. Por su parte, las asociaciones celebran este "avance" aunque piden más medios para poder encontrar "la verdad y la reparación".
PSOE y UP liberan la ley de bebés robados
Tras casi tres años congelada, el PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo para desbloquear en la Mesa del Congreso de los diputados la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por distintas asociaciones de afectados por las sustracciones de recién nacidos durante el franquismo. Así lo ha comunicado este martes en rueda de prensa el portavoz morado, Pablo Echenique, quien ha celebrado el "avance" que esto supone para compensar a las miles de familias damnificadas por lo que muchas agrupaciones califican de "crímenes contra la humanidad". "Hemos acordado con el PSOE el desbloqueo de la ley de bebés robados, una ley muy importante para Unidas Podemos", ha anunciado Echenique antes de denunciar los "casos gravísimos" de robos de niños que "no solo se produjeron durante la dictadura, sino hasta los años 90".
A su juicio, este avance responde a la necesidad de que "el Estado compense a las víctimas", miles de personas que 40 años después todavía luchando para cerrar el círculo de mentiras, que no quede impune y conocer su identidad. Esta es precisamente una de las siete normas que la formación morada ha exigido en las últimas semanas descongelar en la Cámara Baja, junto a secretos oficiales, despenalizar los delitos de opinión como las injurias a la Corona, medidas contra la morosidad, la salud mental, seguridad del paciente o ayudas para los afectados por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Para estas tres últimas los socios de Gobierno también han llegado a un acuerdo que finalmente las libera del primer escollo, tal y como ha anunciado Echenique.
Resarcir a las víctimas
El 6 de marzo de 2020, el Boletín Oficial de las Cortes generales publicó una Proposición de Ley firmada por el PSOE, Unidas Podemos, Izquierda Unida, Bildu y ERC para su debate en pleno bajo el nombre Ley sobre bebés robados en el Estado español. Una norma que busca el "reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del denominado robo de bebés en el Estado español desde el 17 de julio de 1936, que es constitutivo de un delito de lesa humanidad", así como para "facilitar las labores de investigación necesarias, regulando los procedimientos administrativos precisos, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios y tratados internacionales", como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Esta iniciativa responde también a las continuas peticiones de las distintas asociaciones de afectados mediante sendas recogidas de firmas para instar al Gobierno a que dé luz verde a una normativa que garantice la búsqueda activa de los niños y niñas, se comprometa a investigar los hechos y procesar a los culpables, así como para garantizar los derechos de los afligidos por los robos, que piden ser tratados como víctimas del franquismo. Y es que este crimen contra la humanidad se inició en las cárceles en primer lugar y se extendió a clínicas de salud, hospitales y maternidades de toda España, en las que separaban a los menores de sus madres bajo la excusa de un fallecimiento que no se demostraba y que se justificaba a través de la falsificación de documentación pública. "Nos encargamos de todo" era la tétrica frase más utilizada entonces para ello.
Sin embargo, no ha sido hasta este martes cuando los socios, que cuentan con mayoría absoluta en la Mesa del congreso, han dado luz verde finalmente a que esta ley pueda continuar con el trámite parlamentario, paralizado por el adelanto electoral de 2019, la pandemia de coronavirus y las más de 140 ampliaciones al periodo de enmiendas sobre esta regulación. Tanta es la premura con la que las formaciones del Ejecutivo quieren tratar esta ley que el órgano de gobierno de la cámara ha fijado la finalización del plazo de enmiendas al articulado del proyecto por parte de los grupos en este miércoles, 1 de marzo.
Las asociaciones celebran el avance
Ángel Casero es portavoz de Adelante Bebés Robados, asociación que pelea por la justicia y la reparación respecto de aquel episodio, además de afectado, pues está buscando a un hermano. Él, como cara visible de la organización y de la que forman parte asimismo otras con el mismo fin (SOS Bebés Robados Cádiz, SOS Bebés Robados Huelva, SOS Bebés Robados Madrid, Adelante Bebés Robados, Bebés Robados de Andalucía y Valencia…) reconoce en declaraciones a ElPlural.com que el desbloqueo de la normativa es un paso “muy, muy importante” que ejemplifica con el de la reciente Ley de Memoria Democrática. “El problema es que en nuestro caso no sabemos dónde están los niños, lo que dificulta la cuestión”, asegura.
“Después de haberse abierto y cerrado tantas veces el proceso de enmiendas, por fin podemos tener una ley acorde a lo que necesitamos”, celebra. “No había necesidad de tenerla tanto tiempo bloqueada cuando todo el Congreso estaba de acuerdo con ella salvo Vox (…) Es vergonzoso que se tenga que llegar a un acuerdo entre dos partidos políticos y no con las víctimas. Donde se tendría que haber debatido y votado es en el Parlamento, que es donde se acordó su tramitación”, lamenta por otro lado antes de defender que “tiene que haber confianza plena entre administración y víctimas”.
En esta dirección, asume como un primer paso el documento ya cerrado, aunque desearía que persiguiera otras necesidades de las víctimas por esta realidad del franquismo. “No nos sirve que se hagan un banco de ADN perteneciente en última instancia al Ministerio de Justicia. Tendría que ser imparcial y gratuito, y que todo el mundo pueda acceder”, explica al tiempo que admite que "son cosas que poco a poco se pueden ir mejorando". En estos momentos, esperan una respuesta de Moncloa para obtener más información sobre esta cuestión concreta: “Entendemos que el laboratorio será el Instituto de Toxicología y Ciencias Forense”.
Piden más medios para encontrar la "verdad"
Este último es, precisamente, uno de los principales escollos con los que se encuentra alguien al buscar a su hijo, hermano… robado. “Mucha gente se ha hecho la prueba en Sudamérica porque aquí no hay fines para ello. Muchos laboratorios españoles cometen errores porque cada uno tienen unos marcadores diferentes…”, explica Casero. En este sentido, el portavoz aplaude que ya en lugares de España, como la Comunidad Valenciana o Andalucía, haya bancos locales, pero espera que esto pueda, en un futuro, extrapolarse a otros territorios. “Hay madres que se mueren con la sensación de que no les están haciendo caso”, lamenta. También manifiesta su deseo de que "se cambie el legajo de aborto en el registro civil" porque eso "ha permitido que haya más bebés robados".
Bebés Robados lleva desde 2010-2011 (cuando se registran las primeras denuncias en Fiscalía General del Estado y las tramitan a las provinciales) persiguiendo la verdad y la reparación. Entre asociaciones hay medios en ocasiones diferentes, pero el fin es siempre el mismo. “Todas buscamos al final que haya una policía que investigue los casos, que la fiscalía haga lo propio, que aparezcan todos los archivos, porque hay muchos sin desclasificar…”. Casero cree que no van encontrar Justicia, dado que el daño hecho aquellos años es irreparable en muchos de los casos, pero tanto él como la asociación marcan ya el siguiente paso al que la norma ha abierto la puerta: lograr una “comisión por la verdad en el Congreso”. "Ahí sí que se puede descubrir la trama, aunque algunos involucrados ya hayan fallecido", sostiene.
