Fin a la segregación por sexos, hola a una mayor inversión. Estos son los puntos que vertebran la nueva ley de universidades que este jueves ha aprobado el Congreso de los diputados. Tras un trámite parlamentario que ha durado más de ocho meses y después de sortear los intentos de veto por parte del Partido Popular, Vox o Junts per Cataluña, finalmente el Ministerio de Universidades que dirige Joan Subirats ha logrado sacar adelante la reforma del sistema universario para introducir mejoras en la calidad y la situación del personal estudiantil y docente. Se trata de la tercera legislación en la historia de nuestro país en este sentido y va a sustituir a la normativa aprobada hace 20 años por el Gobierno de José María Aznar.
Nueva ley de universidades
Fue el 21 de junio de 2021 cuando la coalición aprobó en el Consejo de ministros el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, conocida por las siglas LOSU. Una legislación para el nivel superior de educación que introduce importantes modificaciones, como la prohibición a los colegios mayores adscritos a los centros públicos segregar por sexo o el incremento de la inversión hasta alcanzar el 1% del PIB. Sin embargo, no ha sido hasta este 9 de marzo de 2023 cuando el texto ha llegado al pleno de la Cámara Baja, que ha dado luz verde a la norma una vez ha regresado del Senado con cuatro enmiendas, que finalmente han salido adelante.
Así, el Congreso ha avalado por mayoría absoluta para su puesta en marcha la nueva ley de universidades, que tiene como objetivo atajar la precariedad laboral del sistema y elevar el presupuesto, que pasa del 0,7 actual al 1% del PIB en un plazo progresivo hasta el 2030. Como centro neurálgico del cambio, el texto prohíbe a los colegios mayores adscritos a centros públicos llevar a cabo una segregación por sexo para evitar que se repita la polémica que protagonizó el colegio mayor Elías Ahuja y los insultos machistas contras las chicas de un edificio femenino contiguo. Tendrán que hacerse mixtos una vez expiren sus convenios. Sin embargo, la mayor polémica gira en torno al aumento de la financiación, que se ha ganado las críticas de algunas administraciones.
El papel de las autonomías
El aumento de la inversión pública que contempla esta norma no ha gustado a todas las Comunidades Autónomas. Algunas autonomías, de distinto signo político, se han mostrado molestas por este punto debido a que, como entidad competencial, son las que en última instancia tendrán que asumir el compromiso presupuestario marcado ahora por ley. Hasta el momento, el 77% de la financiación la aportan las administraciones autonómicas mientras el 6% recae en el Estado. El resto se obtiene de la captación de fondos que realizan de forma individual las instituciones de educación superior. Pero la modificación que trae esta legislación elimina el plan para que ambas partes alcancen un acuerdo que logre sitúe la inversión en el 1% PIB y establece que "comparten" ese objetivo.
Sin embargo, no todo afecta negativamente a las administraciones. Y es que el texto también pretende cambiar el sistema de fijación de precios de las matrículas universitarias, lo que va a beneficiar directamente a los estudiantes pero también a los distintos gobiernos. Ya no será el ministerio de Universidades y las autonomías -unidas bajo la Conferencia General de Política Universitaria- las que fijen los precios máximos sino que serán las propias administraciones autonómicas las que establezcan las tasas. Eso sí, con limitaciones, entre las que se encuentran la necesidad de establecer un marco general de contención o una reducción progresiva. Es decir, las matrículas no podrán superar el precio actual y únicamente podrán mantenerse o reducirse, tal y como defienden desde el Ministerio.
Otros cambios de la LOSU
La norma también recoge otros cambios. Por ejemplo, en el sistema para elegir el rector de las facultades, para lo que ya no será necesario ser catedrático. Para ello bastará con ser personal laboral siempre que se cumplan unos requisitos: tener tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal. Asimismo se permitirá cursar una carrera relacionada con un campo del que se tenga experiencia laboral aunque no se tenga el título de Bachillerato. Así, aquellas personas que no cuenten con titulación universitaria pero que acrediten una experiencia laboral suficiente en ese ámbito podrán acceder a las enseñanzas universitarias mediante un procedimiento de reconocimiento de sus conocimientos.
Por otro lado, los claustros universitarios, además de aprobar los estatutos y diseñar las políticas universitarias, podrán "analizar y debatir otras temáticas de especial transcendencia”, mientras el fomento del idioma propio de las comunidades no se limitará a la difusión y el aprendizaje sino de "forma principal" a su uso como lengua de transmisión académica. Esto es interpretado por algunas formaciones, véase ERC y EH Bildu, como la pérdida de la neutralidad ideológica de la Universidad en lo que tiene que ver a temas políticos e idiomáticos. En ese sentido, la portavoz del grupo parlamentario popular, María Jesús Moro, ha criticado este jueves tras la votación que la LOSU "no es la ley que necesitan ni merecen las universidades españolas" y "pone muchas piedras en el camino al respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad".
