La decisión de trasladar su sede fuera de España hasta Países Bajos que Ferrovial comunicó el pasado 28 de febrero, más allá de las consecuencias económicas, continúa provocando reacciones políticas. El Gobierno y sus socios están intensificando la presión a la multinacional bajo promesas de vigilancia y control en los pormenores de su salida y propuestas parlamentarias para dificultar que, lo que ya se ha convertido en un culebrón empresarial, se vuelva a repetir. Sin embargo, el punto estratégico de esta situación se encuentra en la devolución de las ayudas que durante aós ha estado obteniendo la empresa y que ahora exigen devolver los partidos de la izquierda como parte de una "justicia social".
El Gobierno intensifica la presión
En medio de la polémica, el Gobierno ha advertido que va a intensificar los controles mirando "la letra pequeña" del cambio de sede de Ferrovial. Así lo ha dicho este jueves la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien ha asegurado que la Administración central tiene que "preservar los intereses" de nuestro país ante la decisión de la compañía. En declaraciones en los pasillos del Congreso, la titular ha aclarado que desde el Consejo de ministros no se contempla ninguna "decisión proactiva", aunque sí ha incidido en que si se va a producir un cambio de sede, todos los intereses del país tienen que ser conservados.
Asimismo, ha dicho que la empresa "nunca tuvo razones para marcharse", y que de hecho "sigue sin tenerlas", aunque ha asegurado que la coalición "respeta la decisión de un grupo privado", tal y como dice ha comunicado tanto a la empresa como a su presidente, Rafael del Pino. Tan solo unos minutos antes, Montero ha confirmado en una entrevista en RNE que el Gobierno está planteando pedir un "plus patriótico" a la multinacional española, de la que ha dicho que se ha beneficiado de las licitaciones públicas en nuestro país y que ha incrementado su capital por todas las obras que ha efectuado a lo largo de todo el territorio nacional. Todo con el objetivo de "hacer valer los intereses de España".
"Con independencia de las razones que haya podido expresar su consejo de administración, nosotros haremos valer los intereses de España con esta empresa y con cualquier otra empresa que tenga una actitud en este sentido", ha dicho la ministra al respecto de cómo va a enfrentar el Ejecutivo esta situación pero también sobre la pseudo explicación que ha dado la compañía a sus inversores. Este mismo jueves el director general económico-financiero, Ernesto López, ha dedicado poco más de seis minutos a través de una conferencia a leer el contenido de las diapositivas de una presentación que Ferrovial remitió a la (CNMV) sobre la propuesta de su marcha. Todo en un acto que ha vetado la posibilidad de realizar preguntas al término de su intervención.
Con todo, Montero ha desvinculado la aceleración que el ministerio de Hacienda ha impulsado con la transposición de la Directiva europea que establece para las grandes empresas una tributación mínima del 15% en el Impuesto sobre Sociedades de la marcha de Ferrovial. "No tiene que resultar extraño que puedan coincidir en el tiempo situaciones de actualidad con materias en las que ya venía trabajando el Ejecutivo", ha asegurado la ministra antes de recordar que el Gobierno lleva tiempo planteando ante la OCDE y las instituciones europeas la necesidad de aumentar la tributación de las grandes empresas tributen. "Esto es una cuestión de justicia social, porque se da la paradoja de que las multinacionales tienen un tipo efectivo en Sociedades inferior al de la pyme por esa ingeniería fiscal que a veces practican", ha denunciado.
Los socios proponen iniciativas de control
Entre tanto, los partidos que hicieron posible la embestidura también han dado un paso hacia delante tomando partido en esta presión con sendas proposiciones. Uno de los más duros ha sido el socio minoritario de la coalición, que pide que la compañía devuelva las ayudas públicas que ha recibido con carácter retroactivo. "Ferrovial es una empresa que ha recibido un montón de subvenciones con dinero público, y por eso vamos a proponer que cuando una empresa haga lo que va a hacer Ferrovial tenga que devolver las ayudas y subvenciones públicas que ha recibido en los últimos diez años", ha sostenido la pasada semana el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, tras anunciar la intención de su grupo parlamentario de registrar en el Congreso una Proposición de Ley que obligue a la compañía a reponer los subsidios estatales.
En concreto, los morados alertan en el texto presentado en la Cámara Baja que la salida o la "deslocalización" de empresas a países con costes laborales fiscales inferiores es una "amenaza" para el sector industrial de nuestro país. Defienden la necesidad de "fortalecer la responsabilidad del Estado como emprendedor y vertebrador" de la actividad económica, así como "garantizar la continuidad" y "permanencia" de las compañías que reciban cualquier tipo de subvenciones públicas. Para ello plantean una modificación de la Ley que regula las subvenciones para incluir esta práctica como un motivo para reclamar la devolución del total del montante en los diez años posteriores a la adjudicación de una concesión o de ayudas.
En la misma línea se han pronunciado desde EH Bildu, que pide "impedir la deslocalización de empresas que hayan obtenido financiación pública, recuperar los fondos públicos otorgados y mantener el empleo" tras la decisión de Ferrovial de llevarse su sede. En su propuesta defienden que la obtención de fondos, subvenciones o ayudas deberá estar condicionada a la imposibilidad de deslocalizar mediante el traslado de su actividad o parte de ella, así como por el traslado de su sede social o fiscal durante, al menos, los 5 años posteriores a la última financiación pública obtenida. También establecer una norma para que, en caso de producirse la deslocalización, las empresas estén sujetas a la obligación de devolver la financiación en, al menos, los últimos 10 años. Todo mientras se "protege y asegura" los puestos de trabajo en caso de que se produzca la salida.
"Revisar los paraísos fiscales internos de la UE"
Por su parte, desde Más País optan por instar a Hacienda a que lleve a cabo una investigación sobre los requisitos de la fusión de la multinacional que permiten cambiar su residencia fiscal. En una petición firmada por Íñigo Errejón y presentada en la mesa de la Cámara Baja, la formación esgrime que de comprobarse que no se cumplen los requerimientos, la compañía tenga que devolver todas las ganancias. "En el caso de que no cumpla con los requisitos del régimen especial de fusiones, adquisiciones y canjes, para cuyo caso debe demostrar los motivos económicos válidos y no fiscales de la operación, debería tributar en España por las plusvalías de la operación y los beneficios que se deriven del movimiento de los activos desde España a Holanda", reza en el texto.
Además, la formación también ha registrado una iniciativa para que España, durante su Presidencia del Consejo de la UE que comenzará en junio, impulse una armonización fiscal europea que revise los sistemas fiscales de Irlanda, Malta, Luxemburgo y Holanda para que dejen de actuar como "paraísos fiscales encubiertos" en el seno de la UE. "Es prioritario que se fije como prioridad revisar los paraísos fiscales internos de la Unión Europea", ha sostenido en rueda de prensa esta semana Errejón.
