Unidas Podemos ha presentado ante la Mesa del Congreso de los Diputados la “Proposición de Ley de medidas contra la deslocalización de actividades económicas estratégicas que hayan recibido ayudas públicas”. El texto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, es la respuesta del grupo parlamentario morado a la decisión de Ferrovial de marcharse de España y deslocalizar su sede en Países Bajos después de haber percibido ayudas públicas durante años. Con la intención de “reformular y fortalecer las relaciones entre el sector público y las empresas residentes en España que sean beneficiarias de ayudas y subvenciones públicas”, versa la propia proposición, la parte minoritaria propone un nuevo marco regulatorio que evite la fuga de empresas.

El objeto de la norma refleja la intención de establecer medidas que eviten la deslocalización del conjunto de empresas, industrias, actividades productivas y domicilios fiscales ubicadas en España, independientemente de si han recibido ayudas públicas, depositando el foco en aquellas beneficiadas por ayudas públicas. Para ello, se propone la modificación de dos artículos de la ley General de Subvenciones. Por un lado, se añade una nueva causa por la que una empresa debería reintegrar una subvención percibida, incluyendo los intereses de demora desde el pago de la subvención hasta el reintegro:

“La deslocalización de una sociedad de capital, industria o unidad productiva, y/o el traslado de su domicilio social o fiscal a otro Estado, dentro de los 10 años posteriores a la concesión de una subvención para fomentar el desarrollo o mantenimiento de actividades estratégicas, o la realización de inversiones de carácter industrial, o para la internacionalización, la mejora de la competitividad, la digitalización o para el mantenimiento de la actividad económica”, añade la reforma al artículo 37 de la ley 38/2003.

“Ferrovial es una empresa que ha recibido un montón de subvenciones con dinero público, de los contribuyentes españoles", ha señalado Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, señalando esto como motivación para "proponer que cuando una empresa haga lo que va a hacer Ferrovial tenga que devolver las ayudas y subvenciones públicas que ha recibido en los últimos diez años".

Además, a través de una disposición transitoria, la ley establece que se tendrán en cuenta las ayudas públicas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor del texto, salvo que hubiesen transcurrido los diez años desde la notificación o publicación de la concesión que la propia ley establece como plazo mínimo de ‘permanencia’ en España desde la percepción de una ayuda pública. "Si ahora quieren abandonar el país que les ayudó a crecer y que sujetó su actividad económica en los peores momentos para pagar menos impuestos, por lo menos que devuelvan las ayudas", critica el portavoz. 

La retroactividad de las medidas evidencia la construcción de una ley a la medida de Ferrovial, aspecto que no ocultan desde la formación morada. “Una devolución de ayudas, a diferencia de una sanción, si puede tener efectos retroactivos, por eso planteamos que devuelva lo que ha recibido en la última década”, apunta Echenique. No obstante, la pretensión es que, en el futuro, eche para atrás las intenciones de aquellas compañías que ven en la deslocalización una estrategia para incrementar sus beneficios. “Cuando se evidencian estas actividades de piratería económica lo que tenemos que hacer los grupos políticos es actuar”.

Exclusión de la contratación

El portavoz parlamentario también dejó caer en la jornada del jueves la posibilidad de excluir a la constructora española de los contratos públicos por su “transfuguismo empresarial”. "Si Ferrovial se va a Países Bajos para pagar menos impuestos, entonces que Países Bajos y no España los que les den contratos de obras públicas ¿no? El dinero público español mejor invertirlo en contratos con empresas que respetan a nuestro país y pagan sus impuestos aquí.", reflejaba Echenique en sus redes sociales. Sin embargo, más allá de la sugerencia, la proposición presentada en el Congreso no refleja nada a este respecto.

La otra línea de actuación defendida por la parte minoritaria del Gobierno, de igual manera que lo ha hecho la parte socialista, es la referida al diseño de una regulación fiscal que afecte conjuntamente a toda la Unión Europea (UE) y combata el dumping fiscal homogeneizando los tipos impositivos, especialmente el impuesto de sociedades, en el conjunto del continente. En el seno de Bruselas ya está teniendo lugar este debate, que deberá ser resuelto con premura para evitar tiranteces entre países miembros.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde también apoya esta tesis. "Las grandes empresas quieren expandir sus mercados, acceder a capital líquido pero no es lo que hay ahora en Europa. Tenemos un mercado fragmentado pero ese mundo no tiene acceso a todas las finanzas”, ha señalado, concretando las dificultades de cara a sus salidas a bolsa “Tienen diferentes idiomas, diferentes mercados legales, diferentes bancos y también diferentes reglas impositivas. Con todas estas ideas, los puntos de acceso a estas finanzas llevan a progresos, pero no tan rápidos como nos gustaría", ha concluido la mandataria del BCE.